El Gobierno no ofrece los mejores antecedentes

Clarín.com.ar -El Congreso tiene una función fundamental de control de los actos del gobierno. En ese sentido, cuando en noviembre de 2006 llegó una iniciativa del Poder Ejecutivo que solicitaba una ampliación presupuestaria para hacer frente al pago de una supuesta deuda con el Grupo Greco, insistimos con firmeza para no permitir que esa función fuera relegada. A pesar de que el oficialismo en el Senado se mostró renuente a canalizar por los caminos parlamentarios el control de los actos públicos, persistimos y conseguimos no solo la aclaración sino también que la justicia revirtiera una decisión que se había tomado 3 años atrás. Con el mismo compromiso, ahora frente al caso Aerolíneas Argentinas, nos mantenemos alerta. Cuestiones tales como el papel de los directores del Estado en la conducción de la privatizada; el monto de la deuda y los nombres de los acreedores; o el valor de los activos, son fundamentales para tomar cualquier decisión. Como en otras oportunidades, el Gobierno no nos ofrece la tranquilidad y transparencia que se debiera.

Considerando que la empresa aérea está en una profunda crisis de servicios y con conflictos gremiales desde hace un buen tiempo, cabe preguntarnos: ¿qué hicieron los directores que representando al Estado nacional dirigieron la empresa desde su privatización para evitarlos o, al menos, alertar al gobierno de los mismos? Porque aun cuando se le ha consultado al ahora ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en sus esporádicas visitas al Congreso, el funcionario no lo informó, como tampoco ofreció datos actuales de la composición accionaria ya que aseguraba que sólo contaba con información de agosto de 2002.

¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es la deuda y quienes son los acreedores? ¿Cuánto es el activo de la empresa? Ha sido el propio Gobierno el que contribuyó al vaciamiento de AA (la tarea de erosión comenzó con el apartamiento de Antonio Mata y siguió con presión a los demás socios en complicidad con algunos gremios) y ahora quiere imponer la certeza de que nadie mejor que el Estado para hacerse cargo del servicio y la fuente laboral.

¿Cómo se puede rescatar una empresa sin antes conocer las responsabilidades empresarias y de funcionarios en el tiempo en que estuvo privatizada? Y, fundamentalmente, ¿cómo se puede rescatar una empresa sin conocer su valor y cuánto va a costa mantenerla funcionando, si como dice el ministro De Vido, AA pierde un millón de dólares por día?

Además, ¿de dónde se va a sacar la plata para comprar las acciones; para hacerse cargo de la deuda y, lo que es más importante, para financiar a la empresa durante los próximos años? Las características del acuerdo con el grupo Marsans por el control accionario, que en impostado acto el Gobierno anunció días pasados, son incluidas en el proyecto de ley ingresado por la Cámara de Diputados el viernes 25 de julio, a pesar de no contarse con la información básica de la empresa sobre la que se acuerda.

Se habla de una deuda de más de 900 millones de dólares. ¿Cómo se le puede haber pasado por delante a los directores semejante suma? y ¿quién la reclama? Y más. Si el Gobierno ha comenzado a negociar directamente con el grupo Marsans para adquirir el absoluto control del management, ¿sobre qué bases lo hace? ¿Qué precio tiene para el actual titular y cuál para el Estado? ¿A cuánto asciende la deuda post concursal? No parecen preguntas menores.

Frente a tantos enigmas, instamos al Gobierno a que actúe con la mayor de las transparencias; y asimismo, brinde al Congreso exhaustivos informes sobre el estado actual de la empresa y sobre la viabilidad operativa y financiera de la misma.

Reivindicamos la necesidad de contar con una política aerocomercial donde AA tenga un papel preponderante y donde los trabajadores aporten su experiencia para hacer eficiente la inversión de los recursos del conjunto de los argentinos.

Volver a tener una línea de bandera que brinde como antaño un servicio de excelencia y sea una fuente laboral estable, es posible. Que no estemos 30 años discutiendo desatinos o, lo que es peor, inmoralidades.