Frente al dolor, la indiferencia no es una opción. Frente al retroceso, el silencio tampoco.
Proyecto de Declaración
La UCR de la Ciudad de Buenos Aires reafirma la defensa de todas las herramientas normativas y rechaza cualquier iniciativa que implique un retroceso en los derechos conquistados y en los mecanismos de protección de las víctimas.
En el mismo sentido rechaza el impulso y promoción de iniciativas de supuestas falsas denuncias en materia de violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que introducen un enfoque jurídicamente inaceptable.
Frente al dolor, la indiferencia no es una opción. Frente al retroceso, el silencio tampoco.
La Unión Cívica Radical se suma una vez más al #NiUnaMenos tras 11 años de reclamo consecutivo y convoca a redoblar los esfuerzos para construir una sociedad libre de violencias, donde el Estado garantice la protección efectiva de quienes hoy se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Fundamentos
La Unión Cívica Radical manifiesta su más profunda preocupación y enérgico rechazo frente al impulso y promoción de iniciativas legislativas que, bajo la invocación de la existencia de supuestas falsas denuncias en materia de violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, implican un retroceso inadmisible en los niveles de protección alcanzados en materia de derechos. Asimismo, se encuentran en abierta contradicción con el principio de progresividad y no regresividad que rige en materia de derechos humanos.
Es menester valorar positivamente el pronunciamiento del comité de expertas MESECVI —Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la OEA—, el cual advierte que la promoción de estas iniciativas se sustenta en narrativas carentes de respaldo empírico, refuerza estereotipos de género, desalienta la denuncia y debilita la respuesta estatal frente a la violencia, favorece la impunidad y puede configurar formas de violencia institucional, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
Por ello, se exhorta a los poderes del Estado a mantener los estándares internacionales de DDHH asumidos por la República Argentina, en particular los establecidos en las Convenciones de Belém do Pará y los Derechos del Niño, ambas con jerarquía constitucional en los términos del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Dado el informe emitido por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos (OVG), en el cual se establece que, de una muestra de 8,2 millones de causas penales de la República Argentina entre los años 2023 y 2025, la Justicia pudo demostrar y por lo tanto penalizar el 0,09% de las mismas; y que de ese porcentaje, solamente el 8% correspondió a falsas denuncias vinculadas a violencia de género y/o intrafamiliar.
El mismo detalla que de la totalidad de mujeres que sufrió algún tipo de violencia de género, el 77% no realizó ningún tipo de denuncia.
Entendiendo que constituye un grave error conceptual y una falta de comprensión jurídica confundir el hecho de que una causa no avance o se archive por falta de pruebas con una mentira o falsa denuncia. Que a su vez es un peligro, como advierten el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Comité de la CEDAW de la ONU, endurecer las penas con prisión efectiva dado que generará un «efecto mordaza» en las víctimas: si una madre denuncia un abuso hacia su hijo y la justicia no logra recolectar las pruebas suficientes, con esta ley la denunciante podría ir presa.
La Convención Metropolitana de la Unión Cívica Radical solicita que la toma de decisiones respecto a esta problemática o cualquier otra esté basada en evidencia empírica, sea consultada con expertos y expertas en la materia, rechazando la elaboración de proyectos de ley basados en prejuicios.
Dejamos asentado que repudiamos cualquier proyecto vinculado a las falsas denuncias por motivos de género y/o infancias; la urgencia radica en trabajar para garantizar que cualquier persona que atraviese una situación de violencia encuentre el camino para denunciar, protegerse y resguardar a los más vulnerables.
Es indispensable hacer efectivas las leyes, garantizar la recepción de todas las denuncias sin excepción, y la aplicación de los protocolos correspondientes en tiempo y forma, y hacer el adecuado seguimiento de cada caso. Asimismo, resulta necesario establecer mecanismos para la sanción de aquellos operadores del sistema que incumplan sus obligaciones, asegurando una respuesta estatal eficaz y la debida protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Y por último, reclamamos al Gobierno Nacional la reactivación inmediata de los programas de atención, asistencia y prevención de todas las formas de violencia contra mujeres e infancias, garantizando de manera efectiva el derecho a la integridad física y la autonomía.
Plenario UCR CAPITAL.
