Manuel Garrido solicitó la derogación de la ley antiterrorista

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El diputado nacional Manuel Garrido (UCR-CABA) en su exposición durante la reunión de la Comisión de Legislación Penal en la que se trató la derogación de la ley Antiterrorista, lamentó la ausencia del oficialismo, dijo que “este fue un tema escasamente debatido cuando se aprobó en maratón en diciembre de 2012, sin prestar atención a los planteos realizados por la oposición” y agregó: “Nadie imaginaba cuál iba a ser el devenir de las políticas del gobierno, ni la militarización de la seguridad a cargo del Sr. (Sergio) Berni, ni que el general (César) Milani iba a terminar a cargo del Ejército, con lo cual esta ley pasó a ser una pieza más de un engranaje autoritario”.

Remarcó: “Tenemos que asistir a declaraciones de Berni todos los días descalificando a los jueces, que son aquellos en quienes descansa la aplicación del Código Penal y algunas garantías básicas, que ya este propio Congreso vulneró con la introducción de este art. 41 quinquies en el Código Penal, mostrando escaso respeto por las garantías constitucionales”.

Agregó: “Algunas de las objeciones que hiciera en el momento de discusión de la ley fueron la descripción vaga de este artículo, que puede dar lugar a una aplicación abusiva y que puede repercutir negativamente en la libertad de las personas, como en el caso del periodista de Santiago del Estero Juan Pablo Suarez”.

“Ya no me sorprende que este gobierno que se dice defensor de los derechos humanos haya introducido un artículo violatorio de los derechos humanos en el Código Penal”, sostuvo Garrido.

El artículo también viola pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Kimel, donde establece que el principio de legalidad en materia penal exige que la conducta incriminada esté descrita con detalle. “Esta ley tiene un tipo penal absolutamente abierto y establece un aumento de la pena absolutamente desproporcionado y absurdo”, explicó.

Garrido recordó que la excusa para la sanción de esta ley fue el supuesto apuro del Gobierno de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero. Sobre esto comentó “Es lamentable que para tapar la falta de cumplimiento de las recomendaciones en materia de lavado el Gobierno haya intentado lavarse la cara introduciendo este artículo que de ninguna manera fue exigido por el GAFI, ya que solamente sirve para reprimir la libertad de expresión”.

Concluyó “Presentamos hace un año un proyecto para que este Congreso repare el error cometido. Hay que evitar que esto subsista en la legislación, dando pie a que personajes como Berni, enlazados con jueces que no cumplen adecuadamente con su rol, puedan utilizar esto como una herramienta represiva”. 

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