La UCR llevará a la Justicia el debate por la coparticipación

LaNación.com.ar – Por Laura Capriata. En el sigilo de sus despachos, los radicales preparan una denuncia contra el Estado nacional por lo que consideran el "sistemático incumplimiento" de la ley de coparticipación federal y la "injusta distribución" de la recaudación que obtiene el gobierno nacional en las provincias.

La idea del comité nacional de la UCR, que conduce Gerardo Morales, es judicializar el reparto de fondos con las provincias, un tema que les saca el sueño a gobernadores de todos los colores políticos.

Morales, junto con su compañero del Senado y jefe de la bancada del radicalismo, Ernesto Sanz, prepara una denuncia que presentará en los tribunales federales.

Pero, a la vez, los dos senadores radicales también intentarán que en todas las legislaturas provinciales los legisladores de la UCR impulsen proyectos que obliguen a los gobernadores a efectuar denuncias similares.

Una estrategia política

La cuestión se va a plantear en el seminario partidario que los radicales realizarán en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, entre el jueves y el sábado próximos.

De todos modos, Sanz y Morales descartan que el tema será muy bien recibido entre los cerca de 500 dirigentes del interior que esperan convocar.

"Sólo en pagos a cuenta de ganancias tanto de aportes y contribuciones al régimen previsional como por impuesto al cheque las provincias dejan de recibir 700 millones de pesos", denunció Morales a LA NACION, con relación a lo que consideran un despojo a las provincias.

Morales y Sanz argumentarán, en su denuncia, que el gobierno nacional no cumple el artículo 7 de la ley de coparticipación federal.

Esa norma define claramente un piso para distribuir entre las provincias del 34 por ciento del total de los recursos del Estado.

Según proyecciones elaboradas a partir de datos oficiales, y en contra de la letra de la ley, a fines de 2008 la Nación se habrá quedado con el 69,6 por ciento de los recursos totales que recauda, y las provincias habrán terminado recibiendo apenas el 30,4 por ciento del total de los fondos.

Ese porcentaje no sólo es inferior al que establece la ley mencionada, sino que además es un 2,5 por ciento inferior al que las provincias recibieron el año pasado.

Así, mientras el total de los distritos aportan 40.000 millones de pesos al Tesoro en concepto de retenciones, reciben de la Nación 9917 millones en obra pública e infraestructura educativa, hospitalaria y de caminos. Es apenas un 25 por ciento de lo que depositaron al inicio de esa cadena de recaudación y distribución.

Reparto "escaso e ilegal"

El pedido de fondos de las provincias, que cada año ven disminuida su participación en el reparto de recursos un poco más, no es nuevo, y hay reclamos pendientes de las provincias en la Comisión Federal de Impuestos.

Sin embargo, la crisis con el campo puso en la mira de la opinión pública el destino de los fondos que el Estado recauda como retenciones y la consiguiente queja de los productores y gobernadores porque ese dinero que sale de las provincias no vuelve a esos mismos distritos.

Morales y Sanz, que ya denunciaron al Gobierno por el caso Greco, los presuntos sobornos de Skanska y media docena más de temas espinosos, buscan capitalizar con esta nueva presentación el creciente malestar social en la materia.

Además, el radicalismo, más que ninguna otra agrupación política, fue afectado por el manejo de fondos por parte del gobierno nacional.

Con el Poder Ejecutivo en manos del peronismo desde fines de 2001, la generosidad oficial siempre fue muy limitada con los gobernadores radicales que se oponían a la gestión de turno, y a lo sumo se beneficiaron los radicales kirchneristas.

Conscientes de que en el Congreso sería una lucha perdida (por la amplia mayoría kirchnerista), los senadores radicales avanzarán un paso más en la judicialización de la política y esperan llevar la coparticipación a los tribunales.