Hace falta un cambio real.

Para realizar un verdadero cambio en el Régimen Previsional argentino es fundamental proteger los derechos de todos los jubilados, y de los trabajadores de hoy que son los futuros jubilados, priorizando la recomposición de sus haberes y llevándolos al  82% del salario del trabajador activo.
No debemos olvidar que lo importante es defender los intereses reales de nuestros ciudadanos, una postura que mantenemos firme y que no vamos a resignar. Por eso, el radicalismo nunca estuvo de acuerdo con la Ley de Creación del Régimen de Capitalización, que dio lugar a las AFJP y siempre defendió el Sistema Público de Reparto. 
Lo que queremos desde la Unión Cívica Radical es discutir un sistema previsional integral que ponga eje y prioridad en los beneficios que se deben dar a los jubilados en la Argentina.
Los fondos de los jubilados, y del conjunto de los trabajadores argentinos, no pueden, como dice la señora Presidenta, ir a la timba financiera. Sin embargo, con esta ley a la timba financiera va a jugar el Estado apostando, igual que lo hacían las AFJP, el futuro de las próximas generaciones. Al no reglamentar las restricciones al uso del fondo de garantía y  permitir que su administración se siga rigiendo por el anticonstitucional decreto 897/07, la ANSES  podrá invertir en plazos fijos y en préstamos a las empresas, más colocaciones de deuda pública y pago de deuda.
Tan discrecional es el mecanismo que el funcionario responsable, Amado Boudou, ante las comisiones de diputados no pudo explicar claramente como se perdieron en estos años varios millones de ese fondo a raíz de una mala administración financiera. El excedente de 22 mil millones que reúne el fondo de sustentabilidad, más los 90 mil millones que se le transferirán a partir de la anulación del sistema de capitalización, sumado a un flujo de caja de quince mil millones, constituyen un inigualable recurso que a partir de ahora la administración Kirchner aplicará a cubrir los vencimientos de deuda, y al lanzamiento de un super plan de obras públicas en manos por supuesto, del inefable ministro De Vido.
Los aportes de los trabajadores no pueden considerarse ingresos corrientes y aplicarse al gasto público como se pretende. Se trata del ahorro de los argentinos y la obligación del estado es preservarlos administrándolos con transparencia y control público.
La administración de los excedentes del sistema debe debatirse profundamente. En una situación de postergación, donde el 80% de los jubilados cobra una jubilación mínima, la prioridad para aplicar ese excedente debería ser claramente la recomposición salarial y la movilidad de los haberes. Si aún así sobraran recursos, entonces el estado debería aplicar políticas tendientes a lograr la cobertura universal, para que millones de trabajadores que no aportan al sistema puedan acceder a su jubilación. La política previsional es una herramienta de inclusión, por lo tanto, los recursos del sistema deben aplicarse solidariamente. Constituir un excedente de más de cien mil millones de pesos mientras los jubilados no pueden llegar a fin de mes, y cuando existen millones de argentinos marginados del sistema es inexplicable. Solo se explica por el afán de caja que siempre demostró este gobierno. Solo se explica para sostener otras decisiones, estatizar a pérdida Aerolíneas, el delirio del tren bala, o para afrontar los meses de vacas flacas que se avecinan cuando las cuentas fiscales no cierran.
A este dictamen de mayoría se le incorporaron algunos maquillajes destinados a seducir a las bancadas que decidieron acompañar el proyecto que no limitan la discrecionalidad para administrar los recursos ni fijan controles efectivos. Tampoco se define la composición de los recursos y las provincias seguirán cediendo el 15% de su coparticipación aún cuando el sistema es superavitario. Nosotros nunca tuvimos dudas de que íbamos a rechazar esta iniciativa. Consideramos que no está dirigida a reformular el sistema previsional argentino sino a apropiarse de sus recursos para poder enfrentar las secuelas de la mala administración, la corrupción de alto nivel y las consecuencias de la crisis internacional que empieza a sentirse de lleno en el país.
Debemos proteger el erario público evitando que los fondos de garantía y los flujos mensuales del sistema queden al arbitrio del gobierno. Se debe crear una nueva autoridad previsional en reemplazo de la ANSES, un organismo de derecho público no estatal con autonomía funcional y financiera, que respete el artículo 14 bis e integre a los interesados en la administración de los recursos.
El sistema de control de esta nueva autoridad a su vez no puede simplemente basarse en una comisión bicameral controlada por el oficialismo. Deben articularse todos los sistemas de control, la AGN y los distintos controles de legalidad administrativos y/o judiciales del estado, integrando además un ágil dispositivo que permita el irrestricto acceso a la información para que todos los ciudadanos por Internet o personalmente puedan realizar un control diario de las cuentas públicas. 
Este proyecto de ley,  vuelve a ratificar la política de concentración, unitarismo y rechazo de control público con la que el matrimonio Kirchner gobierna desde el 2003. De esta manera siguen en riesgo los sectores más vulnerables de la población, se profundiza la desigualdad y se frustran las expectativas de desarrollo de millones de argentinos.  Reformular seriamente el Régimen Previsional Argentino es una excelente herramienta para favorecer a la igualdad y a la redistribución, con la ley sancionada será simplemente otra de las tantas oportunidades perdidas de la gestión Kirchner.