Estrategia para defender la República

Clarín – Mucho se ha escrito acerca de la manifiesta inconstitucionalidad de algunas de las leyes aprobadas por el oficialismo con el supuesto propósito de “democratizar la justicia”. En particular sobre la ley que reforma la integración y selección de miembros del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, no abundaré en más consideraciones de orden jurídico o constitucional que avalen dicha inconstitucionalidad.

Solo diré que la norma no persigue la invocada “democratización del Poder Judicial”, sino terminar con el principio republicano de la independencia de los poderes. En este caso, del Poder Judicial.

Subordina la Justicia al gobierno de turno.

Y, en la medida en que las instituciones de la república son necesarias para la organización democrática de la sociedad, la ley en cuestión representa no sólo un severo agravio a la república, sino también a la democracia.

Por eso los partidos de oposición y otras instituciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de valores fundamentales de la república y la democracia, han reclamado que la Justicia, por su manifiesta inconstitucionalidad, declare la invalidez de la ley.

Estoy convencido de que ésta será la decisión.

Pero ante el hecho de que con frecuencia se nos consulta acerca de qué es lo que correspondería hacer en el caso de que la ley fuera judicialmente convalidada, a continuación formulo algunas reflexiones que, desde luego, no comprometen a mi partido.

En tal supuesto, mi opinión es que las fuerzas de la oposición, más allá de sus diferentes identidades, pueden y deben definir una estrategia común con relación a la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Veamos: En las elecciones del corriente año los argentinos tenemos la posibilidad de equilibrar y controlar el poder. Hasta hace pocos días, esta posibilidad se vinculaba exclusivamente a la elección de senadores y diputados nacionales. En este sentido, se discutía acerca de cuál era la mejor estrategia para poner fin a la mayoría que el oficialismo posee en el parlamento.

He sostenido que, en las actuales circunstancias, reunir en un mismo frente a fuerzas que, más allá de compartir valores republicanos y democráticos, exhiben diferencias ideológicas o programáticas no menores, resultaría muy vulnerable desde el punto de vista electoral. En otras palabras, podría producir efectos electorales contrarios a los previstos.

Por esa razón insisto, en que debemos tratar de reproducir el escenario electoral del 2009: someter al oficialismo a la competencia, por un lado, de un espacio socialdemócrata o de centro izquierda (como prefiera llamarlo el lector) y por el otro, de uno más liberal o de centro derecha. Ambos republicanos y democráticos.

Pero ocurre que ahora, y en el caso de que no sea declarada la inconstitucionalidad de la ley a la que venimos aludiendo, habría que elegir también miembros del Consejo de la Magistratura. Es decir, tenemos que elegir hombres y mujeres que serán los responsables de la designación y la remoción de los jueces . En otras palabras, de la independencia del Poder Judicial.

Y es con relación a esta categoría – elección de consejeros– que, tal como lo dije en otra oportunidad, las fuerzas de la oposición tienen el deber diría, de definir una estrategia común: a mi juicio, se impone que todas las fuerzas políticas sostengan los mismos candidatos.

En otros términos, en el caso de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, dividir el voto republicano, claramente allanaría el camino a la posibilidad de que se le cause un daño severo a la república democrática. Por ello todas las fuerzas auténticamente comprometidas con la república y la democracia, en nombre precisamente de sus valores fundamentales, deben proponer una lista común de candidatos al Consejo de la Magistratura.

Por supuesto, los partidos deberían abstenerse de promover figuras partidarias. El criterio para la selección de los candidatos no debería ser otro que su honorabilidad, su compromiso republicano y democrático, y su autoridad moral frente a la sociedad.

En suma, y a mi juicio, estrategias como las descriptas, nos permitirían intentar el doble objetivo de poner fin a la mayoría oficialista en ambas cámaras y evitar el daño a instituciones fundamentales de la república.

Pero además, la estrategia relativa a la elección de Miembros del Consejo de la Magistratura, nos permitiría, infligirle una derrota electoral de inspiración republicana y a nivel nacional, a un oficialismo que cada día necesita más equilibrios y controles.