En defensa de la Democracia Republicana y la Libertad Política

En momentos en que se cumplen 29 años del ciclo democrático más largo de la historia argentina se reedita en el país el conflicto interpretativo sobre el valor del estado de derecho democrático que caracterizó el enfrentamiento político de la década del 70 entre quienes justificaron la lucha armada como método de acción política y quienes, a partir de una defensa absoluta de la vida y de la libertad, defendimos la juridicidad democrática.

La embestida contra el Poder Judicial y la Constitución Nacional que realiza el gobierno reelegido en 2011 es conducida ideológicamente por periodistas e intelectuales que descreen del derecho democrático como expresión legítima de los acuerdos del pueblo argentino. En sus perspectivas, el derecho es la mera expresión de las clases dominantes, del poder de los más fuertes sobre los más débiles, y las instituciones son tecnocracias que encarnan en sus hombres y sus procedimientos los valores neoliberales y, por lo tanto, los intereses oligárquicos y corporativos que es necesario derrotar.

La juridicidad democrática que resulta del ejercicio irrestricto de la soberanía popular, que los ciudadanos en ejercicio de su libertad realizan cuando eligen a quienes gobiernan a partir de las reglas compartidas que se expresan en el derecho fundado en la Constitución Nacional, constituye nuestra creencia fundamental y sin condicionamientos. No se trata de un formalismo vacío. El derecho democrático es la garantía de la protección de la vida, las libertades y los derechos de los individuos que integran el pueblo frente a la capacidad coactiva del estado y el medio que sirve a la convivencia pacífica de una sociedad plural y conflictiva donde se despliega la lucha por la igualdad social.

El derecho, las instituciones y los procedimientos no tienen un valor instrumental. Si son buenos para llevar adelante las causas contra los delitos de lesa humanidad no pueden dejar de serlo cuando intervienen para dirimir cualquier otro tipo de controversias propias de una sociedad compleja y dan soluciones diferentes a las que el gobierno pretende.

En este marco y en momentos en que líderes políticos latinoamericanos descalifican a la libertad de prensa y de expresión y convocan a modificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Presidencia y la Mesa Directiva de la H. Convención Nacional se dirige a los cuerpos orgánicos de la Unión Cívica Radical y a los radicales a defender los principios y la doctrina que se expresa en la Carta de Ética (2006) haciendo de ella la base de una activa militancia política.

Destacamos expresamente, en esta hora los siguientes párrafos de la Carta de Ética:

“La UNIÓN CÍVICA RADICAL reafirma sus principios fundacionales e históricos de defensa de la libertad e igualdad de los ciudadanos; de la soberanía popular expresada a través de las formas de gobierno republicano, democrático, representativo y federal; de la justicia y de la solidaridad social; de su vocación latinoamericanista, del respeto a todos los pueblos, y del afianzamiento de la paz en el mundo.

La adhesión a estos principios significa un compromiso para todos sus miembros de respetar, difundir y promover estos valores a través de su conducta cívica y de sus responsabilidades políticas. Ello implica:

En lo Nacional:

Garantizar y reclamar el ejercicio republicano de gobierno con el pleno funcionamiento independiente de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, fortaleciendo la institucionalidad en todas sus formas. Profundizar la democracia, que más allá de los procesos electorales que sustentan la voluntad del pueblo soberano, construya las condiciones sociales de una democracia de iguales, de una ciudadanía integral y generalizada.

Promover y garantizar en todas sus formas la dignidad humana y la libertad individual; el cumplimiento de la Constitución Nacional, así como de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás convenios de las Naciones Unidas, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica) de la Organización de Estados Americanos, los cuales tienen rango constitucional.

Preservar y fomentar el derecho a la libre expresión de las ideas, la libertad de prensa y el derecho a una información amplia y veraz. Reclamar y posibilitar el acceso a la información pública.
Rechazar y condenar toda forma de asociación o manifestación política o social de carácter autoritario,

integrista, xenófobo, racista o ultranacionalista que atentan contra el respeto humanitario y la paz social; y del empleo de la violencia para violar o modificar el orden jurídico, o para llegar al poder.

Reforzar el papel de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y sus instituciones y agencias correspondientes.

Presidencia H.Convención Nacional: Lilia Puig de Stubrin
Mesa Directiva: Carlos Pérez Gresia, Santiago López, Carlos Martin, Mabel Bianco y Cristina Guevara.