Coincidencias contra el proyecto oficial de Ley de Radiodifusión

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Empresarios de medios y la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados de la Nación, analizaron ayer en la Universidad de Congreso aspectos de la controvertida norma.

Diario Uno (Mendoza) – "El Gobierno Nacional impulsa una nueva Ley de Radiodifusión principalmente para enfrentar al Grupo Clarín y subsanar lo que considera fue un error del pasado, como la autorización, durante el gobierno de Néstor Kirchner, de la fusión de dos de las empresas de cables más grandes del país (sobre las que Clarín pasa a tener la mayor parte del paquete accionario)". Lo dijo el presidente de UNO Medios, Daniel Vila, en un debate que tuvo lugar en la Universidad de Congreso y que se centró en la nueva Ley de Radiodifusión impulsada por el oficialismo.

La mesa de discusión estuvo compuesta además por Walter Burzaco, presidente de Asociación Argentina de Televisión por Cable; y Silvana Giudici, diputada nacional por la UCR y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.

La charla, que pretendía ahondar en la problemática actual de los medios de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, suscitó diversas opiniones sobre el tema. Sin embargo, los exponentes coincidieron en lo inapropiada de la iniciativa oficial que, en definitiva, se traducirá en una "desmesurada intromisión del Estado en la actividad de los medios coartando la libertad de expresión y el pluralismo". Esto además de desalentar las inversiones de empresarios locales en el país y, como expresó Burzaco, "atomizar las industrias perjudicando a los pequeños operadores de cable, concentrando los servicios en manos de grupos extranjeros".

"Hay cuatro proyectos similares en el Congreso y nunca fueron tratados. Luego de la temible confrontación que el Ejecutivo tuvo con los medios después del conflicto agropecuario, surge la necesidad imperante de hacer una nueva Ley de Radiodifusión. Esto revela que la iniciativa oficial es un traje a medida para algunos pero que pretende destruir a otros", sintetizó la legisladora Giudici.

Opinión de Walter Burzaco
Presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual terminará afectando seriamente a la televisión por cable, una industria que en nuestro país ha sido el motor de la inclusión de los pueblos en la sociedad de la información y que va perfeccionando el acceso a la sociedad del conocimiento, mediante la provisión de nuevos servicios como internet.

Sólo por mostrar algunas cifras: hay más de 600 señales locales, un millar de productoras independientes y, además, la televisión por cable tiene 14.000 empleados directos y una cantidad similar de indirectos.

Además, la industria está integrada por 700 pymes con inversiones para el territorio.

Considerando esto es imposible analizar una nueva ley si el texto presentado altera las regulaciones en materia de telecomunicaciones, en beneficio de los monopolios telefónicos y en perjuicio de la televisión por cable. Una nueva ley no debe significar la destrucción de la industria.

La radiodifusión y las telecomunicaciones tienen marcos regulatorios muy diferentes entre sí, y los condicionamientos puestos en la nueva propuesta para que ingresen las telefonías al mercado del cable nunca se han implementado, si bien son exigibles hace varios años.

Por eso, la nueva ley incrementará la concentración de los medios con la consiguiente disminución de la competencia perjudicando a las pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios de cable en el interior del país.

Todo ello frenará la inversión cuando todo sea un monopolio de capitales extranjeros afectando la identidad nacional y las culturas regionales.

Opinión de Daniel Vila
Presidente de UNO Medios
El Gobierno Nacional impulsa esta ley por dos motivos: el principal, su pelea con el Grupo Clarín, intentando subsanar lo que considera un error: autorizar la fusión de las dos empresas más grandes de cable como son Multicanal y Cablevisión, parte de ese grupo de medios.

El segundo motivo es la cantidad de compromisos que tiene con algunas organizaciones intermedias. La ley tiende no sólo a producir un proceso de desconcentración, sino que va a atomizar los medios generando actores más débiles y por tanto más fáciles de influenciar.

A las inseguridades jurídicas que históricamente arrastra la Argentina, le agrega una mayor al ir contra los medios que tienen que ver con la libertad y el pluralismo. Además, contiene una desproporcionada ingerencia del Estado sobre la actividad que ni siquiera tenía la ley dictada en la época de la dictadura militar e incorpora el "estado de censura tácita permanente" porque el Gobierno se reserva el derecho de rever las licencias cada dos años.

Presenta irregularidades discrecionales como el artículo 40, que establece que puede otorgar una licencia para funcionar o no, según otras actividades que tiene el solicitante o puede obligar a desinvertir a alguien si lo considera necesario.

En síntesis, el proyecto del oficialismo no tiende a regular la radiodifusión sino a destruir un sistema de medios que si bien no es perfecto y necesita una legislación, es plural, democrático y republicano. Entre otras cosas, le ha permitido a Cristina y Néstor Kirchner llegar al Gobierno nacional hoy y expresarse".

Opinión de Silvana Giúdici
Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación
Como en el resto de Latinoamérica, en Argentina también comienza a estar amenazada la libertad de expresión y esto lo consigna no sólo la oposición, sino también organismos internacionales que ven en el ataque del Gobierno Nacional a los medios un incipiente intento de modificar las reglas de juego y fragmentar los medios de comunicación.
Hace falta una nueva política de medios pero esa política de Estado no se puede basar en una norma surgida para destruir a algunos.

Esta política de medios necesita antes de tres leyes fundamentales: regular la publicidad oficial que el Ejecutivo distribuye de manera arbitraria; una ley de acceso a la información pública; y dictar leyes de protección periodística como despenalizar el delito de calumnias e injurias.

Nosotros presentamos en el 2005 un proyecto que nunca se trató y en el Parlamento hay cuatro iniciativas similares que pasaron por la misma situación. Pero cuando aparece el conflicto con el campo comienza una etapa de confrontación absoluta con los medios de comunicación entonces aparece el anuncio para modificar la ley. El borrador que circula hoy por los foros, pero que no está en el Congreso, es un traje a medida para algunos y va destinado a destruir a otros. Fundamentalmente establece un férreo control del Estado sobre las empresas periodísticas.

Esto queda demostrado en el primer artículo donde se establece que el COMFER dependerá del Secretario de Medios, un funcionario político que distribuye la publicidad oficial, y está muy mal que la autoridad de aplicación dependa directamente del Gobierno.

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