Ley Yolanda: la Ciudad empezó a capacitar a sus funcionarios en perspectiva ambiental
Fue una iniciativa de la Secretaría de Ambiente, encabezada por Inés Gorbea. El objetivo es formar y concientizar a quienes trabajen en espacios ejecutivos, legislativos y judiciales. “
La problemática ambiental solo se puede comprender a partir de la interacción entre la sociedad y la naturaleza: un sistema completo en donde no podemos pensar a los hombres y sus acciones ajenos al ambiente que los contiene”. Así presentó la secretaría de Ambiente de la Ciudad, Inés Gorbea, la Ley Yolanda, que desde esta semana comenzará a aplicarse para capacitar con mirada ambiental a todos los funcionarios y empleados de la Ciudad.
“Asegurar el conocimiento en relación con la temática ambiental responde a la obligación que tiene el Estado de garantizar que todos los funcionarios públicos estén preparados para dar respuesta a los desafíos del presente y del futuro. La gestión y el desarrollo de políticas públicas son los ejes que nos permiten avanzar en la acción climática que la sociedad exige”, explicó Gorbea. La capacitación será para los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
La formación es online. Son tres módulos en los que se analiza la realidad climática de la ciudad, el cambio climático y el desarrollo sostenible; las acciones relacionadas al manejo de residuos, energía y transporte y la protección de la biodiversidad y ecosistemas.
El origen de la ley
La Ley Nº 27592 -o Ley Yolanda- fue sancionada en noviembre de 2020 para garantizar la formación integral en ambiente, con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó su propia Ley Yolanda, N° 6380, en diciembre del 2020.
El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973. El objetivo principal es que los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de un país ambientalmente sostenible.
