La Policía metropolitana debe tener espíritu democrático

Contar con policía propia es un derecho de los porteños. Buenos Aires aún no goza plenamente del status jurídico brindado por la reforma constitucional de 1994, por lo que contar con autonomía en materia de seguridad es un elemento importante para continuar el camino hacia una autonomía plena.

El 22 de agosto de 2007 se modificó el artículo 7 de la ley Cafiero, los porteños podemos tener una policía propia a partir de esa reforma. La Constitución es taxativa además cuando señala en el artículo 75 que a transferencia de competencia debe asignársele la correspondiente transferencia de recursos.

Desde el Radicalismo hemos sostenido con énfasis que el gobierno de la ciudad debía exigir al gobierno nacional los recursos para afrontar la nueva competencia, pero además señalamos que era imprescindible trabajar en un convenio entre la nación y la ciudad para definir la competencia de cada fuerza y evitar conflictos de calle que puedan perjudicar la prestación de seguridad en la Ciudad.

La nueva fuerza de la ciudad autónoma debe basarse en el espíritu plural cosmopolita y diverso de nuestra ciudad, debe ser una fuerza civil despojada de militarismo o espíritus autocráticos. De allí la necesidad que los primeros miembros de esta nueva fuerza cumplan con todos los requisitos de idoneidad técnica y fundamentalmente moral.

La definición de ese perfil se hace a través de las leyes locales, las decisiones políticas que desde el ejecutivo local se tomen, pero también desde la necesidad de complementación con la Policía Federal. Ante la crítica situación de recursos y falta de coordinación de política en materia criminal, se le suma ahora el riesgo de superposición o contraposición de recursos policiales.

Por esto es muy preocupante el espíritu, que se está transmitiendo desde las autoridades porteñas sobre las competencias que tendrá la Policía Metropolitana. Según el ministro Montenegro esta nueva estructura será también una fuerza de choque antidisturbios. Ya desde la concepción están anunciando que la principal preocupación del gobierno de la ciudad, no es la prevención de delitos, el ordenamiento del tránsito o el espacio público invadido por actividades lucrativas o desvalorizado en casi todos los centros comerciales de la ciudad, sino que es evitar la protesta social.

Si el Ministerio de Seguridad porteño imagina una policía local exclusiva para desalojar piquetes estamos ante un modelo represivo que no va a colaborar para una mejora en la seguridad para los vecinos.

El tema en discusión no es sobre la existencia o no de dicha policía, sino, sobre qué doctrina debe formar a esa policía para que sea, efectivamente, respetada y controlada por los ciudadanos.

Insistimos en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe contar con su propias fuerzas de seguridad, una policía local especialmente formada para combatir la criminalidad, con una doctrina acorde con el sistema democrático.

Los hechos demuestran que en este tema el jefe de Gobierno no quiere diálogo. Se conformó con una negativa de entregar los recursos por parte del Gobierno Nacional, eliminó a través de un veto el Comité de Seguimiento y Control de la Seguridad Pública, flexibilizó el articulo en el que se exigía que los nuevos policías debían tener titulo secundario, habilitó el ingreso a miembros de las fuerzas armadas, y nombró al ex comisario de la Federal, Jorge “Fino” Palacios al frente de la fuerza. Las críticas a Palacios se hicieron oír desde todos los espacios políticos, por su vinculación a la causa de la AMIA y a su participación en los hechos de diciembre de 2001.

Desde el Congreso fuimos parte fundamental para la coordinación entre las fuerzas políticas que lograron la modificación del artículo 7 de la ley Cafiero. A dos años de aquella sanción, todas las fuerzas con representación parlamentaria en el Congreso Nacional debemos retomar ese rol para que el futuro perfil de la fuerza policial local sea acorde con las expectativas de los porteños.

Por tal motivo presentamos proyectos para que las fuerzas las Fuerzas Armadas sigan manteniendo incompatibilidad para ser miembros del nuevo cuerpo de seguridad.

En nuestro proyecto se señala que el Decreto 210/09, publicado en el Boletín Oficial el día 31.03.2009, firmado por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, establece que "…Para quienes sean designados, no les será computada incompatibilidad alguna derivada de la posesión de estado policial o militar vigente en su Fuerza de origen y en ese contexto no les resultarán de aplicación las previsiones del Decreto N°. 1.123/01…". Esto “resulta incompatible y contradictorio con la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley 24.059) y la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 2894).

La eliminación del Comité de Seguimiento y Control de la Seguridad Pública es también un hecho de gravedad porque este organismo estaba ideado para “recomendar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre las distintas agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad con el fin de armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad Pública" y "proponer mecanismos de monitoreo permanente con el fin de poder establecer indicadores que permitan a las agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad tener una evaluación constante de la evolución del sistema de seguridad pública".

Por eso, desde el radicalismo señalamos que la nueva policía debe estar al servicio del ciudadano, a la prevención del delito, a controlar el caos de tránsito y el avance en el espacio público de aquellas formas mafiosas de la venta clandestina.

El ordenamiento de la circulación y del espacio para la protesta debe conjugarse dentro de las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos para protestar y peticionar ante sus autoridades, sin lesionar el derecho de circulación que también debe preservarse. Ello se logra con decisión política y dialogo, trabajando prioritariamente desde todos los niveles gubernamentales para dar respuesta a las necesidades planteadas. Una Argentina solidaria e inclusiva debe reflejarse también en las calles de Buenos Aires. El gobierno local tiene la obligación de articular con el gobierno Nacional como se conjugan los esfuerzos para que todos puedan ejercer sus libertades, los que reclaman, su derecho a expresarse libremente, los que transitan la ciudad, a circular libremente, en un marco donde el estado sea garante de sus derechos y mediador entre sus intereses. La aplicación de la fuerza es un recurso en tensión con la democracia, relacionado con lo peor de nuestra historia, no es auspicioso que el nacimiento de la Policía Metropolitana se estructure sobre este enunciado.