Ya se lo habíamos dicho a Néstor Kirchner

Clarín – Día a día padecemos recurrentes problemas energéticos: no hay gasoil y nafta; disminuyen la producción de gas, petróleo y las reservas; aparecen cargos en las facturas que superan el valor del servicio, se anuncian cortes en subsidios que nadie solicitó. Aparecen, imprevistamente, los petroleros como los grandes culpables de la fijación de precios diferenciales entre distintas categorías de usuarios; se descubre que la subsidiada y eskenazimente argentinizada YPF no ha invertido nada en exploración, ha girado millones de dólares a España, que las inversiones en hidrocarburos no convencionales huelen a cuento .

Esta situación, sin dudas, se inicia en 1989 con Carlos Menem y sus tres decretos desregulatorios que, fundados en la Ley de Reforma del Estado, establecían la privatización y desregulación del sector hidrocarburífero y libertad de precios, de instalación de estaciones de servicios y de acumulación de áreas petroleras. En ese momento existían 5.000 estaciones Pymes; todo el crudo y gas pertenecía a YPF, quien perforaba 200 pozos exploratorios por año, estando prohibida la exportación. Hoy, 7 multinacionales concentran 92% de la producción, cerraron 3.000 estaciones, las 4 refinadores poseen el 40% de las estaciones, se construyeron 9 gasoductos de exportación, pero el del NEA no.

Apenas asumió Néstor Kirchner la Presidencia, el grupo MORENO se entrevistó con el secretario de Energía. Le pedimos la estricta aplicación de la actual Ley de Emergencia Pública, que implicaba, además de la pesificación de las tarifas y la no indexación, la reestructuración integral del sector . Nos contestaron que solo revisarían los servicios regulados, es decir, que los concesionarios de la Ley de Hidrocarburos y los generadores eléctricos seguirían gozando de todos sus privilegios, entre ellos, la libertad de precios y de inversión. Y esa errónea decisión fue la madre de todos los subsidios , porque las utilidades de estos sectores fueron preservadas. La fijación posterior de retenciones fue un parche.

Posteriormente, el MORENO entrevistó a Kirchner solicitándole la no sanción de la llamada Ley Corta y el mantenimiento en manos de la Nación del dominio jurisdiccional de los yacimientos; tampoco fuimos escuchados y las riquezas de todos los argentinos pasaron a manos de sólo ocho millones, que tienen la suerte de sentarse sobre las reservas. Tal como lo anticipamos, fue una privatización encubierta concretada en las peores condiciones para la sociedad y en las mejores para las petroleras. Recordemos a la de Pan American Energy, con vigencia hasta 2047.

Mientras las provincias rifaban las reservas, el Estado autorizaba exportaciones y subsidiaba a las petroleras a las que debería haber cancelado sus concesiones.

En buena hora las inquietudes actuales. Pero no servirá de nada si seguimos argentinizando con procedimientos “tipo” Eskenazi; sólo cabe la estatización a favor de los todos lo argentinos –el Estado– de las áreas productivas, con una investigación de sus formas de adquisición y de explotación posterior. La Ley de Hidrocarburos es clara: considera de nulidad absoluta a aquellas obtenidas sin cumplir son sus disposiciones, es decir, prácticame nte, a todas.