Una conducta que acrecienta las sospechas de corrupción

Clarín – Existe una sospecha generalizada de que los funcionarios públicos utilizan el poder que les proporciona su cargo para obtener beneficios personales. Una larga historia de corrupción escandalosa y de impunidad justifica esta creencia. El tema no debe ser tomado a la ligera, ni con resignación, pues posee una importancia estratégica para el sistema democrático.

La corrupción del funcionario público tiene consecuencias devastadoras para la legitimidad democrática, corroe las bases del estado de derecho al lesionar el imperio de la ley, constituye un serio obstáculo para el desarrollo y socava la confianza del pueblo en sus representantes.

Por estas razones, la enmienda constitucional de 1994 incorporó al texto del artículo 36 una enérgica condena al comportamiento doloso del funcionario que conlleve enriquecimiento, y calificó a estas conductas como atentados contra el sistema democrático.

El comportamiento que ha exhibido el matrimonio Kirchner respecto del manejo de su patrimonio personal no ha ayudado, precisamente, a despejar la sospecha a la que se hizo referencia al comenzar esta nota.

La compra de terrenos fiscales a valores irrisorios para venderlos poco tiempo después a precio de mercado obteniendo ganancias fabulosas, una evolución patrimonial de tal magnitud que resulta inexplicable para el común de los argentinos, la clausura veloz de la investigación judicial sobre este punto con base en el dictamen de técnicos sospechados, el increíble consentimiento de los fiscales a tal decisión cuando a ellos corresponde instar la acción pública estatal, son todas circunstancias que contribuyen a tener una mirada al menos suspicaz sobre lo ocurrido.

Ahora se ha sumado la difusión de la noticia de que el ex presidente Kirchner compró la suma de US$ 2.000.000 en una época de tensión cambiaria y poco antes de que subiera el valor de esta divisa, conforme las decisiones políticas del propio gobierno nacional. La utilización de información reservada en provecho propio o de un tercero, es algo prohibido por la ley de ética pública y por el Código Penal, respecto del funcionario público, aunque no debe dejar de señalarse que la Presidente es beneficiaria de las inversiones de su marido porque ambos poseen un patrimonio común. Para defender su honorabilidad el ex presidente ha enviado un correo electrónico a un periodista, sosteniendo que esa compra de dólares fue para adquirir un hotel.

El restablecimiento de la confianza pública en algo tan delicado como es la honestidad de sus gobernantes, requiere de una transparencia que no tiene, en absoluto, todo lo vinculado al patrimonio de la pareja presidencial. Quedan a la vista la debilidad o directa ausencia de los organismos encargados de controlar la conducta de los funcionarios. No hay mayores noticias de la subsistencia de la Oficina Anticorrupción, no existen tampoco explicaciones acerca de la falta de creación en el ámbito del Congreso de la Comisión Nacional de Etica Pública, exigida por la ley. Queda entonces mucho por hacer si queremos recuperar el ideal republicano de que nos gobiernen funcionarios decentes y probos.