Reclaman más transparencia para el financiamiento electoral

Lanacion.com.ar  

Mientras crece el escándalo por el financiamiento de la última campaña presidencial, no hay indicios de que vayan a modificarse las leyes o reforzarse los controles para impedir irregularidades en las elecciones legislativas del año próximo.

Expertos en el tema, apoderados y responsables financieros de los partidos políticos indicaron a LA NACION cuáles son las mejoras que se necesitan para transparentar la recaudación y los gastos de campaña. Coincidieron en no hay nada en marcha hasta hoy y que sin voluntad política del Gobierno será muy difícil que cualquier cambio se pueda concretar.

"El problema no está en la ley, sino en los controles", opinó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano.

Desde 2002, le ley 25.600 regula el tema en el país. La norma prohibió las donaciones anónimas, reguló el financiamiento público y estableció que los partidos deben hacer públicos detallados informes financieros de campaña. Gracias a esas medidas se pudo saber, por ejemplo, que Sebastián Forza, el empresario asesinado que es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, había aportado $ 200.000 a la campaña de Cristina Kirchner.

En 2006 la ley 26.215 introdujo varias mejoras sobre la norma anterior, aunque también hizo una modificación polémica: eliminó cualquier responsabilidad de los candidatos ante la Justicia por irregularidades, y las centró en el partido y en sus administradores.

Sin embargo, para los especialistas la ley no tiene nada que envidiar a las más avanzadas del mundo. Su mayor problema es que no se cumple.

"Debería dotarse de personal, presupuesto e infraestructura al cuerpo de auditores de la justicia electoral", pidió Ferreira Rubio, que se quejó de que sólo siete peritos lleven adelante el control de las intrincadas rendiciones de cuentas de más de 500 partidos.

El apoderado del PJ, Jorge Landau, coincidió en que "hay que ampliar el número de peritos contables". Autor de la ley 26.215, Landau prepara varios proyectos legislativos en materia electoral, pero nadie sabe si alguno conseguirá la venia de la Casa Rosada.

Con más auditores sería posible cruzar información electoral e impositiva: si entre los mayores aportantes figuran, por ejemplo, monotributistas, querrá decir que evaden impuestos por sus ingresos, o bien que prestaron su nombre a otra persona.

Otro punto esencial es auditar minuciosamente los gastos. Según Poder Ciudadano, la campaña de Cristina Kirchner costó cuatro veces más de lo declarado. Si se comprueba que un partido gastó más de lo que informó, significará que tuvo ingresos no registrados.

"Una cosa es la ley, pero otra el sistema de financiamiento, donde se ven flujos de dinero que pasan por fuera del régimen", aclaró Christian Gruenberg, director del Programa de Transparencia de Cippec.

Para el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica-Capital), responsable financiero de las campañas de Elisa Carrió en 2005 y 2007, es necesario limitar la donación empresarial, ya que se sospecha que en algunos casos se otorga a cambio de favores del Estado. También pidió que los fondos públicos para la campaña dejen de ser administrados por el Ministerio del Interior y pasen a la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Su partido presentó un proyecto para crear una comisión parlamentaria que investigue el financiamiento de la última campaña kirchnerista.

Más terminante, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, reclamó que todo el financiamiento de las campañas se haga con fondos públicos, pero "que no se incremente el monto actual por repartir, sino que se reduzca el número de partidos".

La especialista en partidos políticos de la Universidad Torcuato Di Tella Ana María Mustapic coincidió con esa idea, pero para facilitar los controles. "Más sencillo que auditar 500 partidos sería controlar 50, un número más lógico", dijo a LA NACION.