Porqué el superávit fiscal tiende a reducirse

Eleconomista.com.ar – Por Carlos Bonvecchi. Aunque durante el corriente año el superávit fiscal primario correspondiente al sector público nacional en base caja mejorará respecto del 2007 (pasaría del 2,2% al 3% del PIB), las perspectivas para 2009, bajo supuestos razonables de variación de los recursos y los gastos, estarían indicando la posibilidad de una reducción en términos del producto que, en los cálculos de algunos analistas, llevaría ese porcentaje por debajo del valor registrado durante el año anterior (alrededor del 2%).

Este resultado sería la consecuencia de una menor tasa de crecimiento esperada del PIB, de un suave aumento de los precios internacionales de las commodities agrícolas que exporta el país, de una relativa estabilidad o a lo sumo de un moderado incremento en el precio del petróleo. A su vez, por el lado de los gastos, se estima que en un año electoral como lo será el próximo, y en un marco dentra del cual el Gobierno intentará recuperar alguna parte del apoyo perdido de amplios segmentos de la sociedad, será muy difícil que las autoridades decidan poner en marcha medidas de contención de gastos e incremento de los recursos (que no sean las retenciones), que podrían acentuar aún más el creciente aislamiento en que se encuentra.

En tal sentido, las medidas anunciadas de aumento del salario mínimo y de las asignaciones familiares; de incremento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de las personas físicas; la posibilidad de que se otorgue un ajuste salarial de suma fija destinado a compensar el deterioro que ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios públicos y privados; el envío al Congreso de un proyecto de ley que establece la movilidad de las jubilaciones y pensiones, constituyen decisiones que prenuncian aumentos en los gastos estatales o caída en los recursos en lo que resta de este año y en 2009. Si a ello se le suma que las correcciones hasta ahora introducidas en las tarifas de los servicios de electricidad y las anunciadas para el gas y el transporte público de pasajeros, por su cuantía y modalidad, es difícil que reduzcan de manera significativa el tamaño de los actuales niveles de subsidios estatales hacia esas actividades, entonces no debería sorprender que las perspectivas fiscales del sector público nacional se presenten, para el 2009, como poco alentadoras.

La deuda.

 En estas condiciones, como el pago de los intereses de la deuda pública se ubicaría en torno al equivalente del 1,8% del PIB, se podría estar frente a una situación en la cual el resultado financiero sería apenas del 0,2% del producto; esto es, la práctica desaparición de uno de los superávit gemelos. La cuestión no sería demasiado preocupante (ya en el año 2007 se registró un resultado financiero similar), si no fuera por la presencia de algunos factores agravantes: por un lado, que durante el año próximo se deberá hacer frente a fuertes pagos en concepto de amortización de la deuda pública refinanciada; por el otro lado, por la falta de acceso del país a los mercados de capitales externos que se estaría confirmando en los últimos tiempos; finalmente, por el progresivo deterioro de la situación fiscal de las provincias. Respecto de esto último, el superávit primario consolidado de las jurisdicciones provinciales fue disminuyendo, de manera paulatina, desde el equivalente al 1,4% del PIB en 2004, a un déficit primario estimado del orden del 0,5% del producto durante este año. Al respecto, cabe tener en cuenta que la masa de salarios de los agentes públicos provinciales representa alrededor del 50% del gasto total provincial, y que las transferencias a los municipios del 15% adicional que, básicamente, constituyen erogaciones salariales. En este marco, cuando los ajustes salariales en las provincias fueron inevitables frente a la aceleración inflacionaria, se sumó la decisión de las autoridades nacionales de “pisar” las transferencias no automáticas a las provincias (vinculadas principalmente con la ejecución de obras públicas) en un intento por mejorar su propia posición fiscal y, también, el impacto negativo sobre la recaudación tributaria provincial de la parálisis productiva y comercial que se produjo como consecuencia del conflicto con el sector rural. En este contexto, si la tasa de inflación no se reduce y se estabiliza en menores niveles que los actuales y, al mismo tiempo, por las razones que sean, se sostiene una política de permisividad salarial, no es difícil prever que en lo que resta del año, y con mayor énfasis durante 2009, se asista a una creciente conflictividad entre la Nación y las provincias en torno a las pretensiones de éstas últimas de incrementar su participación en la masa de recursos tributarios, a través de la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, o alguna suerte de pacto fiscal al estilo de los que se concretaron durante los años noventa.

La cuestión federal

Y razones no les faltarían a las provincias. En efecto, puede comprobarse que mientras en 1994, año de la sanción de la nueva Constitución Nacional, la participación de las provincias en los recursos tributarios totales llegaba al 29,6%, en 2007 ese valor había descendido al 27,4%. Más cerca en el tiempo, si se comparan los registros de los siete primeros meses acumulados de 2007 con los de igual período del corriente año, el porcentaje de participación pasó del 27,7% al 25,9%. Más aún, la disposición transitoria sexta de la Constitución reformada establecía, por un lado, que antes de la finalización del año 1996 debía establecerse un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos (cláusula que evidentemente no se ha cumplido), y por el otro, que mientras no se sancionara ese nueva norma, no podía modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de la reforma (agosto de 1994). Cabe señalar que, para esa fecha, la participación de las provincias en la masa de recursos tributarios totales había alcanzado al 30,9% y que en julio de este año se ubicó en el 24,3%. En suma, es muy posible que durante al próximo año se presente un escenario de creciente conflictividad en la relación financiera Nación- provincias; en particular, en un contexto en el cual el Gobierno nacional ha visto fuertemente disminuido su poder de “persuasión” de legisladores, gobernadores e intendentes luego de su derrota en el Congreso en la discusión sobre las retenciones móviles.