Políticas públicas indigenistas consensuadas

El Estado quita y el Estado da. Esta parece ser la relación que resume con mayor claridad lo que ha significado el Estado para los pueblos indígenas. Esta idea tiene un profundo significado no sólo en la actualidad sino también por el pasado histórico, de los pueblos indígenas. Cuando nacía el Estado-nacional, la incorporación de lo indígena, estaba basada en la matriz homogeneizante del Estado.

Lo indígena en el proyecto nacional, fue considerado desde un principio como atrasado o como una expresión inferior.

El Estado durante décadas participó de la idea de civilizar e integrar al indio por medio de políticas de aculturación lo que se realiza por medio de una “educación extractiva”, monolingüe y monocultural que tenía como objetivo asimilar a los indígenas sometiéndolos al pleno imperio de la ley y las “buenas costumbres”.

Muchos de los actuales problemas encuentran su origen en los diferentes momentos del pasado histórico y sobre todo en su relación con el Estado y la sociedad nacional. Los actuales conflictos, no difieren de ese panorama.

El desarrollo de la política pública indigenista, debe tener como guía, la Ley 23.302 de 1985 de “Políticas Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes” y la letra de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que en su artículo 75 inc. 17, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como también la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Dos temas que deben ser metas de gestión, están vinculados con, la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que ocupan, (teniendo en cuenta que sean aptas y suficientes) y el desarrollo de la educación cultural bilingüe.

Existen en Argentina varios niveles de organización indígena. Quienes viven en comunidades rurales reconocen como autoridades a un jefe o cabeza del grupo. A veces estos jefes son asistidos por un consejo o comisión que se encarga de analizar y emitir una opinión calificada sobre asuntos de importancia para el grupo. Existen también autoridades con responsabilidad o competencia específica, tomadas las más de las veces de los sistemas de organización de la sociedad no indígena, como lo son: asociación vecinal, comisión de fomento, comisión de iglesia, de escuela, de salud, etc.

Para construir Políticas Públicas Indigenistas Consensuadas, proponemos, constituir asambleas a nivel Regional y Nacional sobre los derechos de los Pueblos Originarios orientadas en el carácter pluricultural de la Argentina. Reconociendo en el armado de esas asambleas que:

1.- Las comunidades son diferentes entre sí.

2.- Que el Estado deberá consolidar un mecanismo de consulta y participación, en relación a las políticas públicas dirigidas a pueblos originarios, con las propias comunidades.

3.- Que las decisiones deberían conformarse en reuniones de líderes representativos y legitimados.

4.- Que las organizaciones indígenas deben comprometerse y monitorear la marcha de las distintas políticas públicas indigenistas acordadas.

5.- Que el Estado debe cooperar en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, respetando la autonomía de cada entidad y facilitando medios para captación e intercambio de experiencias entre sus miembros.

En el corto plazo, deberá prorrogarse la ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, como un paso necesario para el dialogo y el respeto a los pueblos.