Otra piedra para la autonomía

Clarin.com.ar – El Gobierno nacional no quiere que los vecinos de la Ciudad puedan ejercer su soberanía respecto de las cuestiones que los afectan. Prueba de ello es la decidida negativa a transferir los recursos necesarios para que la Ciudad cuente con su propia Policía o a intentar cualquier otra alternativa gradual, o la increíble obstinación en retener facultades absolutamente locales, como la del juego o el transporte.

En esa línea de ideas, el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad ha dictado una insólita Resolución, la n° 1633/08, fundada en un dictamen del procurador del Tesoro, por la cual instruye a las fuerzas de seguridad a cumplir sólo las órdenes de la Justicia ordinaria en lo penal, en punto al nuevo delito establecido por la ley 26.632, referente a la punibilidad de pruebas de velocidad con automotores ("picadas"), porque según piensa aquella Justicia nacional es la que tiene jurisdicción y competencia en el tema.

Esta Resolución ministerial no sólo es abiertamente ilegal al desconocer el deber de colaboración a cualquier requerimiento judicial que establecen todas las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad federales, sino que se arroga el ejercicio de funciones judiciales, obstaculizando la actuación de la Justicia de la ciudad. Además, sostiene una visión inaceptable de la autonomía de la ciudad.

En efecto, nada tiene que decir un funcionario administrativo sobre los alcances de la jurisdicción y competencia de los jueces, sólo a ellos corresponde establecerlos, dirimiendo la Corte Suprema de Justicia aquellos conflictos entre jueces que no tengan un superior común. Será entonces atribución de los jueces locales u ordinarios de la Capital, plantear o no una controversia acerca de quien debe conocer de los delitos previstos por la ley 26.632.

Por otra parte, la interpretación que se hace de los límites de la autonomía no puede ser admitida. De acuerdo al texto de la Constitución, honestamente leída, el Gobierno del pueblo de la Ciudad goza de plena autonomía para decidir todos aquellos asuntos que conciernan a la Ciudad, excepción hecha, claro está, de las cuestiones de interés federal, entre ellas, las que se deriven de la circunstancia de que Buenos Aires sigue siendo el lugar de residencia de las autoridades federales.

La autonomía es entonces la regla, las excepciones son las consagradas por la ley 24.588, que consagró un régimen de transición mientras la Ciudad se organizaba institucionalmente para asumir sus competencias constitucionales.

La Ciudad ya cuenta con tribunales y fiscales propios, como así también con las normas procesales necesarias. No hay entonces razón alguna para que aquellos no puedan asumir el conocimiento de nuevos delitos de derecho común.

Por otra parte, la propia ley 24.588 dice que la Justicia nacional mantendrá su "actual" jurisdicción respecto del derecho común, no el que se legisle en el futuro. La Corte Suprema parece avalar este punto de vista al conferir competencia a la Justicia local con relación al delito previsto en la ley 25.886.

Las razones expuestas han sido correctamente sostenidas por la Fiscalía General de la ciudad, en la Resolución n° 75/08, e incluso por el Tribunal Superior de Justicia local que en la Acordada n° 18/08 decidió, por mayoría, manifestar su preocupación por la resolución ministerial y resaltar la obstrucción que importa para la actuación de la Justicia de la Ciudad.

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no sólo es un principio jurídico que consagra la Constitución Nacional, sino que es también un principio político, pues deriva del derecho de un pueblo a autogobernarse, por medio de sus representantes, sin interferencia ni dependencia de ninguna otra autoridad.

La conclusión que se desprende de esto es que no hay ningún interés federal en castigar las "picadas" en nuestras calles, como tampoco lo hay en regular y beneficiarse con las ganancias extraordinarias del juego o en proteger a los vecinos y sus bienes. Es hora que el Gobierno nacional comprenda que este territorio no le pertenece, que debe cesar la intromisión en los asuntos de la Ciudad (calamitosa además a juzgar la total ausencia de políticas públicas en materia de seguridad) y cumplir de una vez con la plena autonomía que dispone la Constitución.