No anular los comicios sería legalizar los delitos

Las elecciones en Tucumán se pusieron en el centro de la escena nacional subiendo la temperatura electoral. Las probadas irregularidades ante la quema de urnas, la compra-venta de voluntades y la adulteración de los telegramas hicieron del fraude una cuestión de profecía autocumplida que ahondaron las fisuras del sistema de representación democrático. “La única salida, tanto para el Gobierno como para la oposición provincial y nacional, es invalidar las elecciones y volver a realizar un proceso transparente porque no anular los comicios significaría legalizar los delitos”, puntualizó la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Carla Carrizo (ECO). En diálogo con Noticias de la Aldea, explicó que lo ocurrido en Tucumán excede la cuestión de la autonomía provincial al incurrirse en serios delitos federales que responden a una pérdida de hegemonía alperovichista “porque las elecciones eran competitivas y aumentó el costo de perder para el oficialismo de turno”.

Por otra parte, la legisladora consideró que lo de Tucumán tomó protagonismo en la vida política nacional gracias a la perseverante movilización del pueblo en la Plaza Independencia, para exigir que se respete el derecho político del voto en un proceso transparente. Sin embargo, se muestra crítica de la oposición que solicita cambiar el sistema electoral: “La oposición debería hacer menos marketing y ser más incisiva con propuestas concretas. El sistema electoral no se puede cambiar ya porque sería resolver un error con otro: cuando se está jugando el partido no se pueden cambiar las reglas”.

-Considerando que Juan Manzur rechazó de plano la posibilidad de volver a celebrar las elecciones y las manifestaciones continuas, ¿existe alguna solución para Tucumán?
-Lo que pasa en Tucumán ya no es un problema electoral, sino político. La única salida, tanto para el Gobierno como para la oposición provincial y nacional, es invalidar las elecciones y volver a realizar un proceso transparente porque no anular los comicios significaría legalizar los delitos. La primera cuestión a tener en claro es que lo de Tucumán no es una cuestión provincial sino federal y que la autonomía provincial no da potestades a violar derechos federales garantizados por la Constitución Nacional. Por eso la gravedad del caso se nacionaliza: porque va más allá de irregularidades electorales. Tucumán se transformó en el oráculo de la política nacional al armarse un escenario que muestra las fallas del sistema político, donde lo electoral es un elemento más que se suma al clientelismo, la compra de votos, la apropiación de lo público… Lo más grave, y esto es lo que nos ha llevado a movilizar a todo el mundo, es que ese combo ha generado una serie de delitos federales.

-¿A qué cuestiones federales se refiere?
-La Constitución Nacional habilita al Gobierno federal a intervenir las provincias para garantizar el sistema republicano. Es decir, independientemente de la autonomía que tengan las provincias hay un piso de derechos que tenemos garantizados por ser argentinos. Ninguna provincia puede violar derechos reconocidos constitucionalmente: primero sos argentino, después tucumano o porteño o formoseño. En Tucumán, el gobierno local se justificó que en nombre de la autonomía provincial se están violando derechos federales. Y acá también existen actores federales. En primer lugar, el Correo Nacional, entidad del Estado Nacional, lleva los telegramas y, al hilar fino, se descubren las irregularidades: hay adulteración de la documentación y de la identidad. Se tratan de los delitos federales que vulneran la forma republicana de gobierno: un hombre, un voto; que el sufragio sea secreto, universal y obligatorio. Acá se dio un clientelismo profundo, visible en la compra y venta de las voluntades.

-Además de la quema de urnas…
-Pero no es una cuestión de magnitud sobre cuántas urnas han sido quemadas sino que va más allá porque implica que el proceso electoral ha sido fraguado: la transmisión de datos y la violencia política generaron un gran conflicto. Ahora lo que importa es que hay una demanda de legitimidad todos los días en la Plaza.

-¿Hay una crisis de representación que se expande a todo el sistema en general?
-Sí, claramente. Tucumán es sólo un escenario en miniatura del resto de las provincias como Chaco, Formosa… Todo esto se sabía. Pero ocurrió en Tucumán porque las elecciones eran competitivas y aumentó el costo de perder para el oficialismo de turno. Podríamos llamarlos autoritarismos competitivos, en lugar de sistemas democráticos, que funcionan bien hasta que comienzan a ser disputados eficientemente. Lo que tenemos en escena es que la oposición tucumana había comenzado un proceso de crecimiento consolidándose elección tras elección. El sistema electoral tucumano hizo agua porque no está hecho para ser competitivo y ocurre el fraude. La política argentina se ha transformado en competir por negocios del Estado, más que representar políticamente. En definitiva, lo que está en disputa no es un cargo político sino ganar o perder la protección del Estado.

-Algo que llama la atención es, como lo plantea, que esto “ya se sabía”. Es decir, una profecía autocumplida ante los rumores de fraude y parece que la democracia está en un nudo gordeano, ¿cómo salir de esta cuestión: con el pueblo en la plaza o con los funcionarios pidiendo la anulación de la elección, considerando que ya casi llega octubre?
-Yo creo que se tienen que dar ambas cosas. En Argentina no tenemos una democracia consolidada con una ciudadanía exigente. Lamentablemente, lo que caracteriza a nuestro sistema es que la dirigencia tiene todos los derechos y los ciudadanos todas las obligaciones y por eso no hay debates ni acceso a la información. Entonces, para un político que vive a la política como usufructo de lo público y no como la representación de la ciudadanía, en una elección se juego todo: el manejo del poder y los negocios privados. No alcanza sólo con que la oposición denuncie porque lo importa es que la sociedad se movilice. Ambos factores son importantes.
-¿Por qué adquirió alto vuelo el caso de Tucumán, a diferencia de Santa Fe donde también hubo denuncias de fraude?
-El caso de Tucumán trascendió porque la gente fue a la plaza a exigir que se respete el derecho político del voto individual, que no haya compra-venta y el proceso sea transparente, aunque fueron reprimidos. La misma demanda del primer radicalismo. Si la gente no se hubiera movilizado a la plaza, seguramente la demanda de la oposición no se hubiese transformado en un conflicto político. Pero también necesitamos una dirigencia opositora que esté a la altura de las circunstancias. En Tucumán la oposición tiene que exigir nuevas elecciones como una cuestión básica de cumplir las reglas: anular y volver a elegir. A nivel nacional no se puede cambiar un sistema electoral porque es una solución que no resuelve y hace que la oposición pierda autoridad frente a un conflicto. Si esto ocurrió en Tucumán porque las elecciones fueron competitivas, considerando que ya viene octubre y si entramos en un balotaje, las chances serán más competitivas porque aumentan los costos de perder ante las sospechas de irregularidades. Lo que se puede hacer es lo posible, no lo irreal. En ningún país del mundo se cambia el sistema electoral cuando ya empezó el proceso electoral.

-¿Sería como una cuestión de marketing esta movida opositora de reclamar el voto electrónico?
-La oposición debería hacer menos marketing y ser más incisiva con propuestas concretas. Lo que se puede hacer es controlar y garantizar la transmisión de los datos provisorios. El famoso tema del telegrama no está regulado, por ejemplo. El sistema electoral no se puede cambiar ya porque sería resolver un error con otro: cuando se está jugando el partido no se pueden cambiar las reglas. Eso es más desprolijo que lo que hace el Gobierno. Si sabemos que hay zonas de riesgo, hay que reforzarlas con el control sobre el Correo Nacional que es el encargado de la transmisión de datos provisorios con la incorporación de tecnologías para garantizar que los resultados no pasen por personas politizadas que puedan alterar el contenido.