Multisectorial para decir no a la reforma

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Por Ricardo Alfonsín, Diputado Nacional (UCR).

Clarín – La intención del oficialismo de reformar la Constitución Nacional no obedece, como dicen algunos, al deseo de incorporar nuevos derechos. Cuando se los consulta acerca de los que querrían incluir, sólo responden vaguedades o mencionan algunos que ya fueron incorporados con la reforma constitucional del año 1994 . No es exagerado afirmar que la nuestra es una de las constituciones socialmente más avanzadas. Este tipo de argumentos sólo pueden atribuirse a deshonestidad intelectual o a una gran ignorancia acerca de los contenidos concretos de nuestro derecho constitucional.

Es obvio que los problemas que podría generar en el oficialismo una discusión acerca de la sucesión presidencial hacen que la posibilidad de la reelección de la actual Presidenta sea una de las principales preocupaciones del partido de gobierno. Pero sería un error creer que la reelección indefinida agota su pretensión reformista. La voluntad de reformar la constitución puede incluir también la intención de constitucionalizar las prácticas gubernamentales que, de hecho, han venido alterando el funcionamiento institucional ordenado por la Constitución Nacional. Podrían por ejemplo, intentar constitucionalizar la concentración del poder en el Ejecutivo y la subordinación a éste del Judicial y del Congreso ; el socavamiento del sistema federal o el unitarismo fiscal; el debilitamiento de las instancias de control; la extensión indebida de la discrecionalidad en las decisiones de gobierno; el desconocimiento del derecho ciudadano a la información veraz; la discriminación en la asignación de la publicidad oficial; el uso partidario de los medios públicos de comunicación; la intimidación a los críticos o los que piensan diferente; la subordinación de la organización de los trabajadores al Gobierno.

En suma, además de la reelección indefinida, intentarían introducir cambios en el diseño institucional consagrado en el texto constitucional.

Todos ellos, claramente reñidos con los valores republicanos y democráticos recogidos por nuestro nuestra Constitución.

La arquitectura institucional que devendría en el caso de prosperar la reforma resultaría funcional no sólo a “la eternización de Cristina” sino a la del partido de gobierno.

La Presidenta dijo en Harvard: “No es el deseo de esta Presidenta que haya una reforma constitucional. No depende de mí”. Es cierto, no depende de ella, depende de todos nosotros . Como dijo el presidente de mi partido, Mario Barletta, ha llegado la hora de que todas las fuerzas políticas comprometidas con los valores republicanos y democráticos consagrados en la Constitución (esenciales también para luchar por la igualdad), demuestren que son capaces de trabajar en conjunto en su defensa .

No se trata de construir frentes electorales entre quienes, más allá de compartir convicciones republicanas y democráticas, representan visiones diferentes. Una estrategia de esta naturaleza podría debilitar la fuerza electoral que posee la convocatoria a trabajar en defensa de la institucionalidad consagrada por Constitución. En cambio, se impone la creación de una multisectorial, amplia y sin mezquindades, con el único y exclusivo propósito de decir No a la reforma constitucional y acordar las iniciativas y acciones que resulten más conducentes al objetivo de lograr el mayor acompaña miento ciudadano detrás de la convocatoria en defensa de la Constitución.

Existe un clamor en la sociedad para que las diferentes representaciones políticas y sociales demuestren al Gobierno que, más allá de las diferencias, todos están decididos a preservar y resguardar los valores republicanos y democráticos que consagra la Constitución Nacional. 

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