Las batallas del campo

LaNación.com.ar – Cuando se viaja por el país, las monótonas praderas a los lados de la ruta dan una visión uniforme del campo y de su producción. Pero si se toman los caminos vecinales, empiezan a advertirse diferencias en la calidad de la tierra y de los cultivos, en la densidad y en la forma de vida de la población local. Esto se refleja en los resultados económicos: tranqueras adentro, no todo es igual.

Algo similar puede decirse de la historia política del campo, cuyas instituciones más representativas nacieron en momentos bien definidos, respondieron a grupos claramente diferenciados y lucharon por sus objetivos corporativos, sea unidas, sea enfrentadas. Tranqueras adentro, existe un amplio espectro de posturas políticas y de formas de participación en la vida pública, corporativas y personales. Sugerir, por ejemplo, que el campo es adversario nato de las democracias es pura ideología.

Sobre la situación actual, casi todo se ha dicho y analizado en estos días. Resulta oportuno, en cambio, mirar el pasado con el fin de caracterizar a las entidades más representativas.

La más antigua, la Sociedad Rural Argentina (SRA), de 1866, fue fundada en tiempos en que las vacas no eran gordas, sino flacas, y las tierras, faltas de brazos, de tecnología y de mercados, no se cultivaban. Los responsables de la iniciativa, hacendados porteños de segunda generación (Eduardo Olivera, José T. Martínez de Hoz), ingleses y propietarios recientes, pretendían modernizar el sector, demostrarle al país que sus intereses personales coincidían con los de la República e influir en los gobiernos para conseguir sus metas (entre las cuales, la rebaja impositiva fue un reclamo constante).

Los socios de la Rural, una minoría dentro de los grandes estancieros tradicionales, aquellos a los que Sarmiento desafiaba con su imperativo “¡Cerquen, no sean bárbaros!”, sobrevivieron a la crisis económica de 1890, en la que las cosechas salvaron, finalmente, la situación.

Hacia 1910, la Argentina era uno de los primeros exportadores mundiales de carne y de cereales. La renta agraria permitía a algunos gastar fortunas. Entonces, la SRA, expresión de la “moderna clase agropecuaria”, gozaba de alto prestigio y de influencia política, pues se reconocía su aporte al crecimiento del país. La Exposición Rural de Palermo y las muestras regionales permitían constatar cada año los progresos realizados. Esa relación, en apariencia armoniosa, duró poco.

Con el Grito de Alcorta (1912) surgieron nuevos actores en la “pampa gringa” del sur santafecino, donde los chacareros, arrendatarios y subarrendatarios cultivaban cereales. Sometidos a la presión de los propietarios, que fijaban el precio del alquiler, a las variaciones climáticas y a las oscilaciones de los precios, les sobraban razones para la protesta. Esta, que coincidió con la sanción de la ley Sáenz Peña, concitó simpatías y apoyo (radicales y socialistas): se lograron importantes rebajas en los arrendamientos y, como corolario, nació la Federación Agraria Argentina (FAA), que nueve años después obtuvo la primera ley contractual para el campo.

En la década de 1920, en la medida en que la producción pecuaria perdía mercados en Europa, los ganaderos se dividieron en invernadores (dueños de los mejores campos de engorde) y simples criadores. En el centro del debate estaba el pool de los frigoríficos extranjeros. En 1932, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y del Territorio de La Pampa (Carbap) asumió institucionalmente la voz de los dueños o arrendatarios de tierras sólo aptas para criar ganado. Estos productores rurales, como les gustaba definirse, se sumaron a la crítica generalizada contra los “terratenientes ausentistas”, a los que se hacía responsables del estancamiento del sector. La depresión mundial agravaba el panorama.

En esa época difícil, Carbap, liderada por luchadores enérgicos, como Nemesio de Olariaga, se enfrentó con la SRA por el problema de los frigoríficos y los precios sostén. En 1943, cuando el golpe militar creaba expectativas favorables, se constituyó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), como entidad de tercer grado.

Hacia 1950, mientras la producción del campo argentino se había desvalorizado en el mercado mundial, los sectores urbanos y la nueva industria de sustitución de importaciones reclamaban alimentos baratos. El gobierno peronista atendió estos intereses y, mediante la prórroga de los arrendamientos, favoreció a muchos chacareros. Estos pudieron, más tarde, convertirse en propietarios. Dicha situación vigorizó a las cooperativas de chacareros, tamberos, algodoneros y pequeños ganaderos, cuyos antecedentes se remontan a medio siglo atrás, con las experiencias pioneras de Pigüé, Basavilbaso y Colonia Clara. En 1956, las cooperativas rurales de segundo grado se organizaron en Coninagro.

Así quedó dibujado el mapa de la representación de los productores rurales, que en estos días hacen sus reclamos. Pero vale la pena aclarar que a pesar de sus diferencias en cuanto a fortuna, posición social, intereses e ideologías, hubo coincidencias a la hora de defender objetivos comunes.

La SRA, FAA y Carbap respaldaron al presidente Justo cuando se aprobó el tratado Roca-Runciman, que defendió las exportaciones de carne vacuna a Gran Bretaña y fue estigmatizado por la historiografía nacionalista de la época (encabezada por los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, destacados intelectuales que eran criadores en el siempre rebelde pago de Gualeguaychú).

Después, cuando el gobierno de Perón fijó los precios de exportación de la cosecha por intermedio del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), la FAA se sumó a la SRA para protestar contra el trato desigual en beneficio de los industriales.

Es verdad que las entidades que agrupan a los grandes propietarios se han equivocado, en particular al apoyar a dictaduras militares “salvadoras” que terminaron afectando también sus intereses. Valga el ejemplo del ingreso en carroza del general Onganía en el predio de Palermo, vestido de civil, para inaugurar la muestra de 1966. Esto pareció una clara señal del espíritu del nuevo orden militar que tendría en los agropecuarios su sostén, como en los viejos tiempos del Centenario. Pero, contra lo previsto, el presidente de facto anunció que “el país de las vacas y el trigo” había quedado atrás. En otras palabras, el campo debía pagar los costos de la modernización mediante un sistema riguroso de retenciones a las exportaciones de la zona pampeana. Dichas retenciones –el 50% de los ahorros del gobierno nacional en 1967– permitieron hacer importantes inversiones en obras públicas y mantener bajo el precio de los alimentos (Guillermo O’Donnell, El Estado burocrático autoritario). A esto se sumó el proyecto de aplicar un impuesto a la renta potencial de la tierra, que la SRA y Carbap descalificaron por “colectivista y confiscatorio”. Su relación con el gobierno militar se deterioró.

En los años 70, la posición internacional de la Argentina como exportadora de alimentos representaba en el comercio mundial el 4% del trigo, el 12% del maíz y el 13% de la carne vacuna (R. Sidicaro, Poder y crisis de la gran burguesía agraria). En la tercera presidencia de Perón, y con María Estela Martínez, los productores rurales vivieron de sobresalto en sobresalto, no sólo por los precios máximos a los alimentos, sino por el anteproyecto de ley agraria, que los puso en pie de guerra. Este malestar se expresó en los paros de fines de 1975 y de 1976, en los que coincidieron todas las entidades agropecuarias. Pero tampoco la dictadura militar inaugurada en 1976 satisfizo sus expectativas y, hacia 1980, pese a algunas cosechas récord, prevalecía el descontento.

A comienzos del siglo XXI se registran cambios en la relación entre los productores y la sociedad. La recuperación de las exportaciones agropecuarias, un factor determinante para superar la crisis y volver a crecer, constituye la mejor carta de presentación del ruralismo renovado. Mucho se hablaba últimamente de la necesidad de dar a conocer al gran público cuáles son las características del trabajo que se lleva a cabo tranqueras adentro. Ahora, en forma inesperada, la voz del campo ocupa el centro de la información y es escuchada. Su protesta contiene un aspecto novedoso y positivo: la tenacidad del productor agrario para defender su autonomía económica y política contribuye hoy al reclamo de mejor calidad institucional. Por esto, el ferviente deseo de tener un país mejor, compartido por todos, se asocia ahora a la reafirmación de que el campo es parte de una Argentina que progresa con el respaldo de la producción rural.