La oposición quiere darle más poder y peso a la AGN

La Nación – La polémica que se desató entre la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sigen por el retaceo de este organismo de control de brindar información alertó a diputados y senadores de la oposición sobre la necesidad de avanzar en lo inmediato en un proyecto de ley que promueve una profunda reforma en la AGN.

De hecho, en la reunión del jueves pasado la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso recomendó a la AGN a recurrir a la Justicia en el caso de que la Sigen mantenga el freno para dar información. No obstante, antes de esta polémica, varios diputados de la oposición venían evaluando la necesidad de reformular la AGN para darle mayor jerarquía y poder.

En rigor, un amplio grupo de diputados de la oposición ya acordó la redacción de un proyecto de ley tendiente a hacer fuertes cambios en la Auditoría, que depende del Congreso y sus informes se aprueban en el recinto de ambas cámaras. Entre las modificaciones, está previsto darle mayor jerarquía y peso político a un órgano de control, que por la Constitución siempre debe estar presidido por un referente de la oposición de turno.

La iniciativa de la oposición empezará a ser discutida tras el receso invernal en el Congreso y prevé, entre otros, los siguientes cambios:

Se autorizan auditorías especiales fuera del plan anual a solicitud del presidente de la AGN cuando razones de gravedad lo ameriten.

Las auditorías se harán en todo sector del Estado en el que haya una aplicación de fondos públicos.

En ciertos casos, la AGN podrá ejercer el control en las entidades públicas no estatales o privadas.

Podrá solicitar a la Justicia la realización de allanamientos y el secuestro de documentación.

Los auditores generales durarán cuatro años en sus funciones y no pueden ser reelegidos. Actualmente, duran seis años y este tema genera una fuerte polémica por la situación de los actuales auditores en el caso de que se apruebe esta reforma.

La AGN podrá exigir la colaboración de todas las entidades del sector público y privado, que estarán obligadas a suministrar los datos.

Se prevé que la Auditoría solicite judicialmente el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los organismos públicos. Este sería el caso de la Sigen, por ejemplo.

La iniciativa se elaboró con el visto bueno de la Asociación de Personal de Organismos de Control y fue presentada por el diputado Federico Pinedo (Pro) junto con Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), Margarita Stolbizer (GEN), Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Graciela Camaño (PJ), los radicales Silvana Giudici y Rubén Lanzetta; Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Francisco de Narváez (Peronismo Federal). A éstos se les sumaría la firma de Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur).