La ley de medios se encamina a la Corte

Crítica de la Argentina – El Gobierno apeló ayer la resolución de la justicia mendocina que suspendió la puesta en marcha de la nueva ley de medios, una de las banderas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Con un entusiasmo desmedido, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comuniciación Audiovisual, Gabriel Mariotto, dijo que “la ley está en plena vigencia, pero estamos apelando una (medida) cautelar de una jueza de Mendoza que suspendió la aplicación de la norma”. Sin embargo, los obstáculos se esconden para el Gobierno a la vuelta de la esquina. Desde la Corte Suprema ya reconocen en privado que la contienda judicial se extenderá al menos hasta 2011, al tiempo que advierten sobre los puntos débiles que esconden los artículos que obligan a las empresas que están fuera de la ley a deshacerse de las licencias en el plazo de un año.

La declaraciones radiales de Mariotto fueron en referencia a la medida cautelar que dictó la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, quien suspendió la aplicación de la ley a raíz de una presentación realizada por el diputado nacional por el Peronismo Federal, Enrique Thomas, quien denunció que hubo irregularidades en el tratamiento legislativo de la norma.

A fines del año pasado, Thomas había solicitado que se declare inconstitucional la nueva ley por “los graves e insanables vicios en que incurrió el trámite parlamentario de la norma”. La Justicia hizo lugar a su pedido, frenó la aplicación de la ley y desató la ira de la Casa Rosada.

Además de Mariotto, otras fuentes del Gobierno consultadas por Crítica de la Argentina se manifestaron confiadas en que la Justicia le dará la razón al Gobierno respecto del caso mendocino. En esta instancia, es la sala II de la Cámara de Mendoza la que debe expedirse.

Si bien el fallo de Pura de Arrabal es el único que frenó la aplicación de la norma, existen otras tres medidas judiciales en los tribunales de Buenos Aires, San Juan y Salta que trabarían algunos de los artículos, entre ellos el que obliga a los grupos mediáticos que superan la cantidad de licencias permitidas a adecuarse a la nueva regla (desinvertir) en el plazo de un año.

El entusiasmo con el que el Gobierno afronta la batalla judicial por la denuncia que se tramita en los juzgados mendocinos tiene su contratara en esas tres denuncias disparadas desde distintos puntos del país. Uno de los impulsores de la ley de medios reconoció ante este diario que la misión de destrabar los artículos más polémicos entrará en la agenda “del próximo gobierno”.

Similar fue la lectura que hizo un ministro de la Corte que dialogó con este diario. Según explicó, los artículos más complicados serían los que pueden ser considerados como “confiscatorios”. Por caso, señaló el artículo 161, que se refiere al plazo de adecuación de los titulares de licencias.

En cuanto al tiempo que llevará resolver todos los contrapuntos judiciales que envuelven la nueva ley, el magistrado estimó que el “ping-pong” judicial podría tardar dos años. Según ese cálculo, la ley estaría en “plena vigencia” después de la próxima elección presidencial.