La UCR respondió a Boudou y Domínguez

El titular de la UCR, Mario Barletta, hizo llegar por escrito la respuesta al pedido de los presidentes de las cámaras legislativas de la Nación, Amado Boudou y Julián Domínguez, respecto de la designación del Auditor General de la Nación.

Asimismo, Barletta remitió una copia de la nota al titular de la AGN, Leandro Despouy, para que la distribuya a todos los auditores, con el objetivo de que estén informados de la posición de la UCR.

Copiamos el texto completo de la respuesta del radicalismo:

Señor:
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Lic. Amado Boudou
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, en respuesta a la nota de fecha 4 del corriente del sr. Secretario Parlamentario, en la que me solicita la designación del Presidente de la Auditoría General de la Nación, “a fin de regularizar la situación del organismo” y dar cumplimiento al art. 123 de la ley 24.156

Dicha solicitud reconoce como antecedente lo ocurrido el mismo día durante la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. En esa oportunidad, la actitud del presidente de dicha Comisión, diputado Fabián Ríos, de desconocer el carácter de presidente de la Auditoría General al Dr. Leandro Despouy, constituye un claro abuso de poder, un atropello institucional y un desconocimiento de las atribuciones que la Constitución les ha otorgado a los partidos políticos de oposición, en este caso a la Unión Cívica Radical.

Es inconcebible que se pase por alto el texto del artículo 85 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, y que se invoquen con ligereza normas de la ley 24.156, anteriores a la reforma constitucional de 1994 e inaplicables frente a lo dispuesto en una norma suprema.

En efecto, el citado artículo 85 establece claramente que el presidente de la Auditoria General “será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”. No cabe la menor duda, porque el texto es diáfano, que es el partido político –en este caso, la Unión Cívica Radical- y no un bloque parlamentario, quien debe proponer esa designación. Por lo tanto, la designación oportunamente realizada subsiste mientras el partido facultado para postularla no la modifique.

La reforma de 1994 no sólo le dio carácter constitucional a la Auditoría General sino que también distinguió la figura del presidente respecto de los restantes auditores. Al conferirle al partido de oposición con mayor cantidad de legisladores el derecho a designarlo se separó del régimen de la ley 24.156. La designación no está sujeta a plazo alguno, dependiendo de cuatro circunstancias: a) que el partido político siga siendo de oposición, lo que puede cambiar en cada elección presidencial; b) que mantenga el mayor número de legisladores, lo que puede modificarse cada dos años en cada elección legislativa; c) que el cargo no quede vacante por renuncia, muerte o incapacidad del titular; d) que el partido político de que se trate decida nombrar a otra persona en ese lugar.

Ninguna de las circunstancias señaladas se ha producido, por lo que la situación del presidente de la Auditoría General permanece inalterable. No hace falta ratificación alguna. La Unión Cívica Radical mantiene la confianza en el Dr. Leandro Despouy quien ha honrado el cargo, desempeñándose con decisión y probidad a lo largo de todos estos años. Estas manifestaciones despejan toda duda acerca de la voluntad de la UCR de que no haya modificación alguna en la titularidad de la Presidencia de la Auditoría General de la Nación.

Pareciera que la aviesa estrategia desplegada por el diputado Ríos apunta a transformar al presidente Despouy en un funcionario de facto desde los últimos dos años, con el consiguiente riesgo jurídico respecto de las decisiones adoptadas en ese lapso. Pero, si no se consigue ese objetivo, el conflicto que se ha suscitado paralizará la tarea de la Auditoría, con lo que el gobierno escapará a todo mecanismo de control.

En una República el número circunstancial de una mayoría parlamentaria no da derecho a derogar la Constitución, y menos aún para avasallar límites y controles destinados a impedir el despotismo y la corrupción. La Unión Cívica Radical nació hace 120 años para defender la plena vigencia del gran pacto de convivencia entre los argentinos, la democracia y la honestidad en el manejo de los asuntos públicos.

Acompaño a la presente copia de la declaración de todos los partidos políticos no oficialistas, que comparten el punto de vista antes expuesto.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Octubre 10 de 2012

Ing. Mario Barletta
Presidente
Union Civica Radical Nacional