La Argentina del cincuentenario democrático

ElEconomista.com – Por Miguel Braun – En 2033, la Argentina cumplirá 50 años de democracia ininterrumpida. Seremos entonces cerca de 50 millones de argentinos. Si logramos crecer al 4% anual durante los próximos 25 años, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) será el equivalente a 27,000 dólares por persona. Alcanzaremos así el nivel de vida actual de Nueva Zelanda, Eslovenia e Israel, y estaremos cerca de Italia y España.
Dicho así suena fácil, pero es un desafío monumental, que implicará una combinación de excelentes políticas públicas, esfuerzo inversor e innovador y trabajo y solidaridad de todos los argentinos. Claro, también será necesaria una cuota de suerte. ¿Qué nos dice la historia reciente sobre la factibilidad de lograr el objetivo? Los resultados económicos y sociales de los primeros 25 años de este ciclo democrático han sido mixtos. La economía creció 80% entre 1983 y 2007, es decir un 2,5% anual. Este crecimiento permitió mejorar el nivel de vida promedio, pero el aumento del desempleo y la desigualdad dejaron a un tercio de la población sumergida en la pobreza y la exclusión.
Para mejorar este desempeño en los próximos 25 años tendremos que crecer más y desarrollarnos más equitativamente. Sin embargo, si miramos la historia desde 1990, el año posterior a la hiperinflación y el inicio de la década neoliberal, el panorama es más optimista. Entre 1990 y 2007 la economía creció a 4% anual en promedio y la pobreza y el desempleo cayeron levemente, manteniéndose en el orden de 30% y 9%, respectivamente. El discurso del Gobierno actual demoniza a la década del noventa, y los noventistas demonizan al gobierno actual, pero entre ambos han logrado un fuerte crecimiento económico.
¿Será que a pesar de la polarización discursiva nos estamos convirtiendo en un país “normal”? Es decir, ¿nos estaremos convirtiendo en una democracia con economía mixta integrada al mundo? Si fuera así, el mundo nos da razones para el optimismo, ya que salvo China, todos los países que han logrado crecer sostenidamente en los últimos 50 años han cumplido en mayor o menor medida con estas características.
En términos de crecimiento económico, basta mantener el desempeño promedio de los últimos 17 años para lograr el 4% anual planteado en el primer párrafo. Pero no será fácil. Además, entre 1990 y 2007 la volatilidad fue fenomenal, con picos de desempleo de 18% y de pobreza de 56%, y una crisis brutal entre 1998 y 2002 que redujo el PIB en 20%. Deberíamos aspirar a mantener el promedio con menos volatilidad.
A este desafío se suma la gran materia pendiente de nuestra democracia: el desarrollo equitativo y la inclusión. Necesitaremos articular las tres dimensiones centrales del desarrollo: el crecimiento económico, la consolidación de un Estado de bienestar que asegure la igualdad de oportunidades y la protección social, y la profundización de la calidad institucional que sostenga la democracia, la división de poderes, la estabilidad política, la justicia, la transparencia y la participación ciudadana. Para sostener el crecimiento deberemos impulsar políticas de Estado que nos permitan aprovechar el (todavía) favorable contexto internacional. El surgimiento de China y la India y el consecuente aumento en la demanda por productos agroindustriales en los cuales la Argentina se especializa continuará pese a la reciente crisis financiera global. También lo hará el desarrollo tecnológico en los países centrales, que es la fuente de la explosión de crecimiento global en los últimos 200 años. Deberemos sostener la estabilidad macroeconómica por medio de políticas fiscales prudentes y la implementación de una política monetaria y cambiara que priorice la reducción de la inflación. En segundo lugar, será necesario crear las condiciones para superar la clásica restricción externa que en varias oportunidades ha frenado episodios de crecimiento en la Argentina. Esto se logra con mayor volumen y diversificación de exportaciones, y con mayor solidez financiera para evitar los efectos indeseables de las turbulencias financieras internacionales. En tercer lugar, la Argentina necesita un sistema financiero más sólido, que pueda prestar a largo plazo para financiar las inversiones necesarias. Por último, será necesario promover la inversión privada y pública. El Estado deberá desarrollar un plan estratégico que llegue a una lista de obras prioritarias, a la vez que reduce la arbitrariedad y volatilidad de las políticas regulatorias y tributarias que en la actualidad desincentivan la inversión.
Para lograr un desarrollo equitativo, tenemos por delante el desafío de construir un Estado que redistribuya mejor el ingreso, provea más y mejores bienes públicos y actúe de forma contracíclica. Será necesario mejorar la eficiencia del gasto público y el diseño de las políticas sociales para revertir el bajo impacto actual del Estado argentino en la distribución del ingreso. En un trabajo reciente, economistas del Banco Mundial mostraron que la recaudación de impuestos y las transferencias apenas mueven la aguja de la inequidad en nuestro país: el coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad en la distribución del ingreso, pasa de 0,5 para los ingresos brutos a 0,48 para los ingresos netos, es decir, para los ingresos después de restar los impuestos pagados y sumar las transferencias monetarias recibidas del Estado. Esta magnitud es comparable con el resto de América latina, pero lamentable al lado de la reducción desde 0,46 hasta 0,31 que logran en promedio los países europeos. En definitiva, pese a la opinión generalizada que asocia la experiencia democrática con el fracaso económico, una mirada más cuidadosa permite entrever un fuerte crecimiento económico –aunque muy volátil y poco inclusivo – a partir de 1990. Esta experiencia, junto con la perspectiva de que el mundo seguirá creciendo de una manera que nos beneficia, permite fundar un optimismo cuidadoso.
Optimismo, porque podemos crecer al 4% si sostenemos políticas económicas razonables. Pero cuidadoso, porque para que ese crecimiento llegue a todos los argentinos serán necesarias profundas reformas al funcionamiento del Estado. Estas reformas deberán formar la base de un consenso sobre las políticas de Estado necesarias para llegar al cincuentenario democrático como un país desarrollado.