Impulsan sanciones para legisladores que voten leyes que los beneficien

Clarin.com.ar – Un fiscal, un abogado, una especialista de una ONG y legisladores coincidieron en la necesidad de que se convoque a la Comisión Nacional de Etica Pública, creada por la ley 25.118 de Etica Pública hace 10 años, para reglamentar el conflicto de intereses de los diputados y senadores. Es para aclarar cuándo no pueden votar por este tipo de situaciones y para, eventualmente, aplicar sanciones.

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, el abogado Ricardo Monner Sans, el jefe del bloque de diputados de Solidaridad e Igualdad (SI), el titular de la UCR, senador Gerardo Morales y la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, señalaron ante Clarín que existe un "bache legal" sobre si un legisladores puede votar una ley que afecta sus intereses personales o debe abstenerse. Este dilema se observó en el rechazo del Senado de la ley de retenciones móviles por parte de legisladores productores de soja, como Carlos Reuteman, como en el pasado se había observado en la ley de patentes farmacéuticas y otras casos.

Para los legisladores existe ese "vacío legal" y ético mientras que para los jueces este tipo de casos es motivo de excusación, al igual que para los funcionarios del Gobierno que les impide decidir o fallar.

Garrido polemizó con Monner Sans sobre si la ley de Etica Pública comprende a los legisladores. "La ley es minuciosa cuando se refiere a funcionarios vinculados a concesionarios, proveedores o quienes realicen actividades reguladas por el Estado, siempre que ejerzan sobre ellos una competencia funcional directa, extremo que parece apuntar al Poder Ejecutivo". En cambio, para Monner "el artículo 77 del Código Penal dice que por funcionarios se entiende también a quienes llegan al cargo por elección popular".

El fiscal dijo que en el caso de las retenciones móviles "se discutía una norma de carácter general y no una limitada específica y exclusivamente a las empresas o propiedades de ciertos legisladores". Por su parte, Monner señaló que en el artículo 2 de la ley de Etica Pública se dice que "deben abstenerse de intervenir" en las causas de excusación que contempla del Código Procesal y Civil de la Nación.

Para Garrido, en principio, no hubo un delito porque deberían ser "decisiones que impliquen un beneficio directo que exceda los naturalmente inherentes a la representación que ejercen". Sin embargo, para Monner un juez debería decidir si no se cometió en este y otros casos parecidos el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Más allá del debate jurídico, el senador Morales se comprometió a promover la constitución de la Comisión Nacional de Etica Pública para subsanar "este vacío normativo" y tratar de convencer a la Corte que se resistió a integrarlo porque cree que es una forma de injerencia sobre su independencia. Morales, también cree que hay que sancionar una ley que regule el lobbie de las empresas sobre los legisladores para darle más transparencia al Congreso.

Para Macaluse, varios legisladores, por lo menos, "cometieron una falta ética como el senador Urquía, que debería haberse abstenido". También está de acuerdo en reglamentar el conflicto de intereses, pero "no queremos que sea un obstáculo para eventuales diputados como Alfredo de Angelis o Hugo Moyano, que llegarían al Congreso para votar a favor de sus representaciones sociales".

En sintonía con Macaluse, la directora de Poder Ciudadano, Laura Alonso propuso que los legisladores, además de su declaración jurada de bienes, presenten otra declaración pública puntualizando qué intereses tienen o representan y si sostienen causas judiciales contra algún organismo del Estado antes de presentar sus candidaturas. Todos también coincidieron en que desde ya, por lo menos, antes de votar deberían aclarar qué intereses tienen.