Evolucionemos

Durante esta semana hemos asistido a la polémica en torno a la posibilidad de utilización del servicio brindado por la empresa Uber y la disconformidad manifestada por sectores representativos del servicio público de alquiler de automóviles por taxímetro.

Al respecto resulta interesante analizar el desempeño de los diversos actores. En primer lugar, la empresa y su comportamiento. Uber es una multinacional con un valor aproximado de sesenta mil millones de dólares. Al igual que en cada ciudad en que ha desembarcado, en Buenos Aires ha desarrollado una política agresiva de instalación, que generó controversias rápidamente y entró en conflicto incluso con la autoridades del Gobierno de la ciudad. Esa actitud de prestar el servicio primero, para ver una reglamentación después la juzgamos como totalmente inaceptable, y es una función esencial e indelegable del Estado la de intervenir ante estos excesos.

Como segundo factor, la actitud del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En líneas generales, evaluamos su participación en el conflicto de forma negativa. No previó adecuadamente los extremos del conflicto cuando, reiteramos, Uber ha actuado exactamente igual en cada ciudad en la que presta servicio. Tampoco pudo establecer la adecuación a la normativa vigente o impulsar una regulación novedosa en la materia. Decidió acudir a la Justicia para lograr el cese de actividades hasta que se adecuara a algún tipo de normativa, en lugar de dejar ese aspecto librado a los particulares en conflicto. Considerando que debe intervenir priorizando el interés general, tomó partido deliberadamente por el sector del taxi, e incluso miembros del Gobierno llegaron a justificar los cortes realizados el día viernes en 25 puntos de la ciudad.

Sorprende y mucho que el Gobierno se cierre tan rápidamente a debatir nuevas alternativas para trasladarnos. Mucho más considerando que cuenta con un Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, conducido por un destacado innovador como Andy Freire. El desarrollo del conflicto seguramente resulte bastante desalentador para todos aquellos jóvenes que pretendan desarrollar ideas que mejoren servicios en áreas de fuerte regulación o de elevado peso de las organizaciones sindicales.

Tercero, el sector del taxi, sin entrar en consideraciones sobre modalidades y oportunidad de la protesta. En nuestra ciudad hay un taxi cada aproximadamente 75 habitantes, contra una media de uno cada 650 de Nueva York, uno cada 325 de San Pablo, o uno cada 250 de Santiago de Chile, por citar algunos ejemplos. Aun con esos números, el valor de la licencia es muy elevado: representa el 50% del costo de poner un vehículo a trabajar en las calles. Así y todo, el sector presenta niveles razonables de rentabilidad para todos los actores, principalmente para los propietarios de vehículos y licencia.

Por último, los usuarios, el gran ausente en la discusión y el principal factor por quien es importante darla. Toda posibilidad de mejora en la forma de movernos debe ser abordada y discutida, teniendo como fin el interés general. Eso es lo que hemos intentado abordar con nuestro proyecto de regulación para el servicio privado de transporte de pasajeros con chofer.

Que los usuarios puedan viajar igual o mejor, a precios más bajos, en un transporte de calidad, minimizando la circulación de vehículos particulares, con el consiguiente beneficio para el tránsito y el ambiente.

Que no se vean afectadas fuentes laborales del servicio del taxi, porque creemos que seguramente se afectará el valor de la licencia, pero no se perderán empleos.

Que la empresa respete las normativas y al Estado, contribuyendo también a la movilidad sustentable.
Creemos que de esta forma aportamos a la evolución en nuestra ciudad.