Engorda la billetera Kirchner
La caja que sólo maneja la Nación y sirve para domesticar a las provincias superará este año los $60.000 millones gracias, en parte, al alza en las retenciones al campo. Los gobernadores afines apoyan la medida pero piden auxilio financiero.
Resignados a que no se cambiará el actual mecanismo de coparticipación, los gobernadores piden al menos que ese dinero financie obras públicas en los distritos que más aportan. Eso hicieron días atrás sus ministros de la Producción ante el jefe del Palacio de Hacienda, Martín Lousteau. Y según adelantaron fuentes provinciales a Crítica de la Argentina, sus pares de Hacienda insistirán con el mismo planteo después de Semana Santa.
Los ruralistas y el Gobierno no se ponen de acuerdo sobre cuánto dinero se llevará el fisco por la suba de las retenciones a las ventas de soja y girasol, que casi duplicaron sus cotizaciones en el último semestre y dispararon rentabilidades extraordinarias en el sector. Cuando anunció las medidas, Lousteau habló de 1.000 millones de dólares. Las entidades del campo calcularon casi el triple.
En base a las proyecciones de exportación de granos argentinos para este año del Departamento de Agricultura de EE.UU. y suponiendo que los precios se mantengan en sus niveles actuales, la consultora Econométrica estimó que los ingresos adicionales serán por 2.374 millones de dólares, más de 7.500 millones de pesos. Si se mantiene el auge de las commodities, será todavía más.
Antes de la suba que disparó el lock out agrario, el Gobierno esperaba captar 35.000 millones de pesos este año por retenciones a las exportaciones de granos y cereales. A eso hay que sumar 5.000 millones más por retenciones a los hidrocarburos. Y 15.000 millones por el impuesto al cheque, el otro que no se coparticipa en forma automática. El total arroja más de 60.000 millones.
Las provincias no atraviesan una situación tan holgada. Según el centro de estudios Economía y Regiones (EyR), tendrán un déficit de casi 2.000 millones de pesos después de pagar los intereses de sus deudas. Por eso ya son 15 los distritos que firmaron Programas de Asistencia Financiera (PAF) con la Nación, que actúa con ellas como una suerte de Fondo Monetario local.
Para el titular de EyR, Rogelio Frigerio, la situación responde a un problema estructural y a otro coyuntural. “El coyuntural es que las provincias no están siendo coparticipadas de los impuestos que más crecen y a la vez tienen que afrontar los aumentos de salarios de su personal. El estructural es que son responsables del 50% del gasto total y reciben sólo el 30% de los ingresos, por las transferencias de responsabilidades sin recursos que se hicieron durante el gobierno de Menem”, explicó.
De cada diez pesos que gastan las provincias, siete son para pagar salarios. De diez que gasta la Nación, en cambio, sólo uno va a sueldos. Y de los ingresos de las provincias, más de la mitad proviene de la coparticipación nacional. El resto viene de impuestos locales.
La administración K aprovecha esa herencia y distribuye dinero sólo entre quienes le juran lealtad. Los más beneficiados son los del PJ, pero los radicales también se habituaron a la práctica de tirar de la manga. Quienes están haciendo sus primeras armas en el asunto son el socialista santafesino Hermes Binner y la fueguina Fabiana Ríos. Buenos Aires, la que más aporta y la más apremiada por el déficit, es la que más necesita una reforma de la coparticipación. Esa reforma debía estar aprobada para 1996, según la Constitución de 1994, pero nunca avanzó. De todos modos, con los números actuales no se cumple siquiera la ley anterior, que obliga a que las provincias administren al menos un 34% de la torta impositiva del país. Lo que manejan es menos del 30 por ciento.
Siempre se calcula menos
De los casi 310.000 pesos que embolsará la AFIP en el año si se mantiene la tendencia del primer bimestre y se agrega la suba de las retenciones, más de 70.000 millones exceden lo previsto en el Presupuesto. El monto es similar al que se recauda por los impuestos que no se comparten con las provincias, pero surge de otra fuente: la subestimación ex profeso del crecimiento esperado de la economía.
Ese dinero puede gastarse sin rendir cuentas, a sola firma del jefe de Gabinete gracias a las “facultades especiales” que le concedió el Congreso. La mayor parte de ese dinero se utiliza para cancelar vencimientos de la deuda sin recurrir a los mercados externos. Pero también surgen de ahí las transferencias discrecionales a provincias y municipios. Las provincias que debieron pedirle auxilio a la Nación para afrontar sus deudas son Buenos Aires, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Río Negro, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Salta, Tierra del Fuego y Córdoba. Como el acreedor es el mismo Estado nacional, les cobra los servicios de esa deuda descontándolo automáticamente de la coparticipación.