El primer castigo por burlar la ley electoral

CríticaDigital.com.ar – El sistema de probation aterrizó en la política. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires acordó con casi todos los partidos que se presentaron en las últimas elecciones porteñas suspender el juicio que tenían abierto por no rendir y superar los gastos de campaña que permite la ley electoral. A cambio, las fuerzas se comprometieron a donar pequeñas sumas de dinero a hogares de niños y a dar conferencias sobre las obligaciones y responsabilidades en tiempos electorales.

El Partido Justicialista, que participó como parte de la alianza del Frente para la Victoria, por ejemplo, estaba acusado por la Auditoría General porteña –que presentó todas las denuncias que luego fueron impulsadas por la Fiscalía General– de haberse excedido en los gastos de campaña, de incumplir con las normas vigentes para la propaganda gráfica en la vía pública y de no respetar en tiempo y forma las presentaciones exigidas por ley. Todo quedó guardado en un cajón a cambio de “comprar insumos y enseres” por 4.500 pesos para ser entregados al Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA) y a “realizar en el ámbito del partido una jornada referida al financiamiento de las campañas de los partidos políticos teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 268”.

Compromiso para el Cambio, que impulsó la candidatura del actual jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se comprometió a pagar 3.220 pesos al Centro de Atención Familiar Nº 8. La Corriente Porteña de Jorge Telerman pagó 1.500 pesos. En tanto que el Frente Grande, el Partido Intransigente, Nueva Dirigencia, entre otros, prometieron desprenderse de mil pesos cada uno.

La Escuela “José Enrique Rodó”, sobre calle Cobo y Curapaligüe, en el barrio Rivadavia, fue el destino seleccionado por muchos. Y, curiosamente, todos con donaciones de calzado. El Partido Frente Progresista y Popular suscribió la compra de 290 pares de zapatillas. El Partido Red por Buenos Aires, en cambio, aceptó comprar sólo once pares. En tanto que el Partido de la Ciudad fue un par de zapatillas menos generoso.

Si la Justicia hubiese determinado que los partidos eran culpables, sólo por el exceso de gastos hubieran recibido como sanción la imposibilidad de recibir fondos públicos –que el Estado siempre le da a las agrupaciones que participan de las elecciones– por un monto hasta tres veces superior a la suma en que se excedió. En el caso del PJ, el exceso fue de unos 320 mil pesos por lo que el castigo hubiera ascendido a más de un millón de pesos.

“No es ni una reparación ni una multa. No había una tabla de montos. El sistema establece que el imputado hace un ofrecimiento y si éste resulta razonable, si refleja algún compromiso para no volver a infringir la ley, se acepta”, explicó ayer a este diario.

Luis Arnaudo, secretario de la Fiscalía General porteña, acordó con cada uno de los investigados cuánto pagaría y a quién, algo que luego suscribieron los jueces del Tribunal.

En la Fiscalía también aclararon que, en muchos casos, los partidos tenían buenos argumentos para discutir las acusaciones de la Auditoría porteña encabezada por la ex diputada Sandra Bergenfeld, vinculada a Alberto Fernández. Pero que, por motivos diversos, la gran mayoría pidió el recurso de suspensión del proceso a prueba (probation). Tenían a favor la ausencia de antecedentes porque la ley es de 1999, sólo se aplica cuando las elecciones porteñas son independientes de las nacionales y, al fin, nadie había hecho denuncias de este tipo antes.