El kirchnerismo no pudo salvar a Oyarbide

Crítica de la Argentina – Aunque el oficialismo intentó evitarlo, sus votos no alcanzaron. El Consejo de la Magistratura decidió citar al juez federal Norberto Oyarbide para que se defienda de una denuncia que presentó el sindicalista Juan José Zanola por prejuzgamiento y falta de imparcialidad.

El dictamen, que votaron siete de los trece consejeros, sostiene que las declaraciones del magistrado ante los medios de comunicación en la causa por la mafia de los medicamentos “configuran, en principio, una falta disciplinaria”.

La escena que se vivió ayer por la mañana en el segundo piso del Consejo fue casi calcada a la que se produjo en diciembre pasado. En aquella ocasión, el acusado era Federico Faggionatto Márquez. Uno y otro juez habían logrado inclinar la balanza en la Comisión de Disciplina, donde el doble voto de su presidenta, la diputada kirchnerista Diana Conti, logró emitir un dictamen de mayoría en el que se desestimaban las denuncias. Pero al igual que ocurrió con el juez de Campana, ayer el plenario dio vuelta el resultado y decidió avanzar con el proceso.

Sin embargo, Oyarbide está muy lejos de un jury como el que deberá enfrentar Faggionatto desde el martes próximo. Por ahora, sólo será citado a presentar un descargo ante la denuncia que hicieron los abogados de Zanola y su esposa, Paula Aballay, a raíz de las declaraciones matinales que durante varios días realizó el juez en la puerta de su casa.

“El cerco se cierra cada vez más para Zanola y en pocas horas va a ser convocado a dar explicaciones, así como también su pareja, en cuanto a su relación con la mafia de los medicamentos”, dijo Oyarbide el 11 de septiembre.

“Podría haber una relación directa entre el mencionado triple crimen y la adulteración de medicamentos”, fue otra de las declaraciones incluidas en la denuncia del sindicalista, junto a un DVD con más de veinte imágenes reproducidas en los noticieros durante el escándalo por la venta de remedios truchos.

Los consejeros que votaron por el dictamen de minoría –todos menos los cinco oficialistas y el ex presidente del Consejo Luis María Bunge Campos– consideraron que, con tales expresiones, Oyarbide puso “en riesgo su deber de imparcialidad, la privacidad de las personas acusadas y el respeto del principio de inocencia”. Por ese motivo citarán al juez, quien podrá evitar las cámaras y realizar su descargo por escrito.

La defensa de Zanola –procesado y detenido en este expediente– también había intentado apartar a Oyarbide de la causa a través de un planteo de recusación. La Cámara Federal rechazó la presentación pero le recomendó al magistrado que tenga “mesura” y baje su perfil público.

Además de la denuncia de Zanola y Aballay, Oyarbide tiene pendiente en el Consejo de la Magistratura otra acusación, relacionada con su actuación en la causa por enriquecimiento ilícito en la que sobreseyó al matrimonio entre Néstor y Cristina Kirchner.

El expediente está a cargo de la diputada Conti, quien en la primera reunión de la Comisión de Disciplina elevó un dictamen para desestimar el pedido contra el juez. “La denuncia sólo expresa disconformidad con el fallo”, señaló la consejera. El senador radical Ernesto Sanz pidió más tiempo para analizar la acusación y, por ahora, el tema no se ha vuelto a tocar.

Un juez salteño con sanción leve

En el plenario de ayer, la voluntad del oficialismo tampoco pudo cumplirse con respecto al destino del juez federal de Salta, Miguel Medina. Acusado de haber obstaculizado una investigación por delitos de lesa humanidad, el magistrado sólo recibirá una sanción disciplinaria de parte del Consejo de la Magistratura.

El dictamen de mayoría que llegó a la reunión del pleno aconsejaba la apertura del procedimiento de remoción del juez por mal desempeño. Según la denuncia, Medina “no fue imparcial”, ya que evitó que la investigación sobre el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone se dirigiera contra uno de los imputados, a quien el mismo juez había defendido como abogado tiempo atrás.

El magistrado salteño también estaba acusado, entre otras irregularidades, de no haberse excusado en la causa que investiga la Masacre de Palomitas, pese a que fue defensor de una persona involucrada.

Para los consejeros Luis María Cabral, Oscar Aguad, Luis María Bunge Campos, Miguel Ángel Gálvez, Santiago Montaña, Pablo Mosca y Ernesto Sanz, las pruebas no fueron suficientes para enviar al juez a un jury. Y sólo lo retaron.