El campo conmocionó al poder K

ElEconomista.com.ar – Por Diego Valenzuela. La Presidenta disparó casi todas las balas que tenía en el cargador. Habló al país cuatro veces en menos de una semana, algo audaz y hasta riesgoso, dado que el discurso presidencial –la utilización del acto partidario y especialmente de la mítica Plaza de Mayo– es uno de los últimos recursos a los que debería recurrir un Gobierno. Es que la protesta (paro o lock out patronal, como gusten) descolocó al kirchnerismo. No se esperaba una reacción de esa magnitud, y tampoco el sólido frente interno que armaron las organizaciones rurales, desde la solemne y conservadora Sociedad Rural a la progresista Federación Agraria.

El Gobierno fue desafiado por vez primera de modo nacional (un antecedente había sido el revés político en Misiones), y debió hacer aquello que más lo irrita: volver sobre sus pasos. Aún aquellos que creen en las retenciones como instrumento de política vieron con desconfianza los argumentos del Gobierno. La sojización, que es un hecho, no es un capricho de los poolss de siembra o de los grandes terratenientes: es la opción de productores grandes y chicos ante el escaso atractivo de otras actividades agropecuarias como el tambo o la carne, algo en lo que las políticas públicas de los últimos años tienen mucha relación.

La medida de fuerza fue, en este sentido, un alerta de los diferentes actores del campo, grandes y chicos, y de diferentes actividades. Si hubiera sido sólo una reacción de los sojeros, no se explicaría la presencia de chacareros, ganaderos, tamberos, etcétera, en las rutas. De hecho, las retenciones a la soja deberían haber dejado contentos a los productores de otras actividades, al bajar los precios de los arrendamientos para soja y permitirles competir mejor por la tierra. La objeción, por detrás del iceberg que representó el aumento de retenciones, es para la política agropecuaria del Gobierno, y específicamente para la política de precios y en contra de las restricciones a las exportaciones.

El Gobierno argumenta que salió en defensa de un campo diversificado, calificando a la soja –como hizo Cristina Fernández– de “yuyo”, que crece casi sin esfuerzo. Muchos economistas creen que la soja es la estrella del negocio por los precios internacionales y también porque el Gobierno ha impedido las exportaciones de carne y ha planchado los precios internos de los alimentos que pueden exportarse. El caso de la carne es paradigmático.

Con la exportación casi cerrada, la opción es vender carne barata en el mercado interno a toda la población, incluidos a los sectores acomodados. Muchos economistas heterodoxos piensan que es hora de subsidiar los alimentos de los pobres y dejar que los más ricos paguen por la carne lo que esta realmente vale. Lo mismo valdría para los servicios públicos, la energía o los combustibles. Esta Argentina ya no es la de 2002 o 2003.

Las retenciones han sido un instrumento válido para contener los precios internos en la salida de la crisis, y explican en buena medida el superávit fiscal nacional. Son, asimismo, la forma en la que el Estado –en nombre de la sociedad– capta parte de la renta agropecuaria excepcional que se genera por los altos precios y por la fertilidad del suelo argentino. Más allá de la propiedad de los campos, la tierra es un bien social. Al Gobierno –que no menciona el efecto recaudatorio de la medida– no debería avergonzarlo el cobrar retenciones para financiar al Estado, dado que esto es lo que hacen los gobiernos que pretenden un Estado presente. En el caso argentino hay un condimento a tener en cuenta: el federalismo está saliendo herido: la participación de los provincias en los recursos nacionales –que se mantuvo en torno al 40 %– ha bajado a un piso de 30 %.

El sector de los granos puede convivir con retenciones relativamente altas, pero la señal que se envía al productor con el nuevo esquema es, por otra parte, de desaliento: según un trabajo de la consultora Econométrica (las retenciones móviles conllevan precios máximos, de Ramiro Castiñeira ), este sistema significa precios máximos implícitos por haber instalado una retención marginal del 95% cuando el grano supera los 600 dólares (muy cerca de su valor actual). Esto implica decirle al productor que, pase lo que pasare, y aunque la tonelada de soja llegue a los 1.000 dólares, ganará casi lo mismo que en el presente.

Con la soja a 500 dólares el productor se lleva cerca de 290, descontada la retención; si la soja subiera a 1.000 dólares, el productor se llevaría 324 dólares. La política de precios máximos del Gobierno, a la vista de los productores, llegó a la soja y supone tener el Estado recientemente como socio en sus negocios. En los piquetes estilo Cardón se llegó a sugerir que se sentían empleados del Gobierno más que socios. Esta situación, se sostiene, no contempla la evolución de los costos y desincentiva la inversión en el sector. “La industria sojera es el principal canal que trae dólares a la economía, permitiendo no sólo mostrar un abultado superávit comercial, sino también fiscal”, se lee en el trabajo de Castiñeira.

Esta en debate, por último, si las compensaciones llegarán a los productores pequeños. Es que se habló de un 80 % que recibirá compensación, unos 62.000 productores, pero la realidad es que no existen registros, porque esos números son estadísticos. Y para colmo muchos productores lidian con la informalidad, lo que dificultará que sean sujetos receptores de los reintegros.