El Gobierno enviará un proyecto de ley para eliminar las AFJP

CríticaDigital.com.ar – El Gobierno enviará en las próximas horas un proyecto de ley al Congreso para eliminar el sistema de AFJP. La iniciativa contempla el traspaso de todos los afiliados a una AFJP (9,5 millones, de los cuales 3,6 millones aportan regularmente) al sistema público de reparto. El Estado también se hará cargo del pago de los 445 mil jubilados que actualmente cobran a través del régimen de capitalización. “En medio de la crisis financiera internacional, vamos a rescatar a la gente, que si siguen en una AFJP no van a poder cobrar la jubilación”, sostienen en el Gobierno. Y muestran los números de la caída de la rentabilidad de los fondos en las cuentas de capitalización en el último año, que en un 55% están invertidos en préstamos al Estado. Algunas de las diez AFJP del mercado sólo sobrevivirían como administradoras de aportes que los trabajadores de mayores ingresos decidan hacer voluntariamente como suplemento o seguros de retiro. La medida significará un ingreso de fondos extras para el fisco, que recibirá en 2009 unos 15 mil millones de pesos que de otro modo irían al sistema privado. Hasta anoche, todavía restaba definir qué sucederá con los ahorros acumulados en las cuentas de capitalización, que suman casi 98 mil millones de pesos, invertidos en títulos públicos (55%), acciones (10,9%), plazos fijos (7,47%), acciones en el extranjero (6,5%), fideicomisos financieros (4,74%), fondos comunes de inversión (4,71%) y otros instrumentos financieros. Lo más probable es que directamente vayan al Estado, que así despejaría vencimientos de deuda importante en 2009 y 2010, además de conseguir una inyección extraordinaria de recursos adicionales. Otra posibilidad es que continúen manejados por el sector privado para complementar las jubilaciones que pagará el Estado. Pero en ese caso los afiliados transferidos saldrían perdiendo, porque su jubilación sería muy inferior (apenas 35%) en relación a los aportantes actuales al sistema de reparto.

Durante todo el día de ayer, tanto en la Unión de AFJP como en los bancos propietarios de algunas de las administradoras más importantes prefirieron guardar silencio, a la espera de los anuncios oficiales, que realizaría hoy la presidenta Cristina Fernández, junto al titular de la ANSES, Amado Boudou, tras evaluar algunos puntos todavía abiertos en el borrador oficial. Los ejecutivos de las empresas no fueron consultados a la hora de formular el proyecto y la cautela con que se manejaron ayer responde a que todavía no tienen decidido si iniciarán demandasjudiciales contra el Estado. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que el articulado de la ley frenará reclamos ante la Justicia.

Si todos los ahorros en las AFJP son apropiados por el fisco, a los afiliados –3,6 millones con sus cuentas al día– se les reconocería como años aportados la llamada “prestación por permanencia”, 1,5% del salario anual. A los actuales jubilados a través de una AFJP –445 mil personas– se les reconocería el mayor haber del último año, a partir del cual se le aplicaría la movilidad que desde marzo de 2009 regirá para el sistema de reparto.

Si el Estado recibiera todos los aportes que actualmente se realizan al sistema privado, en 2009 embolsaría $15 mil millones adicionales. A esos recursos, habría que restarles los gastos que implicará el pago a los actuales jubilados en una AFJP. Fuentes oficiales calculan que la erogación extra rondaría los $1.500 millones. El sector público ya solventa con $4.000 millones anuales la mayor parte de esos haberes, en buena medida por la llamada prestación compensatoria –es decir, los aportes realizados por los actuales jubilados antes de 1994, cuando se creó el sistema privado. Además, porque en el caso de 179 mil jubilados de capitalización reciben complementos estatales para que el haber no sea inferior a la mínima, mientras que en 33 mil casos con su cuenta agotada el Estado hace rato debió hacerse cargo de la totalidad del haber.

Por ley, el aporte personal (11% del salario) de todos los trabajadores deberá ir al Estado. Pero las AFJP podrían quedarse con el negocio de aquellos empleados de sueldos más altos –ejecutivos o profesionales de clase media– que están en condiciones de ahorrar voluntariamente en una cuenta de capitalización para el momento de su retiro. En la actualidad representan apenas el 0,3% de los afiliados. Ésta es otra cuestión que recién se resolverá hoy.

Un tema delicado es qué pasará con los empleados de las AFJP que rondan los 7.500, pero desde el sistema financiero se dice que son 14 mil. En el Gobierno aseguran que 2.000 empleados serán reubicados en la ANSES, que necesitará nuevo personal para procesar los expedientes de los aportantes que regresarán al sistema público. También se evaluaba la reasignación de personal en la Superintendencia de Seguros. Más difícil será la incorporación al Estado de promotores y asesores de marketing, que tienen un lugar destacadodentro de los planteles.

Se calcula, además, que unos 1.500 empleados se quedarían en las administradoras que manejan los seguros de retiro y otro tanto sería relocalizado en los bancos. El naufragio del sistema de AFJP reconoce varias causas. Una de las más importantes es que el 55% de su cartera la tienen invertidas en bonos públicos, cuya cotización se derrumbó en el último año. A ese golpe se sumó la baja en las cotizaciones de acciones de empresas locales e internacionales. De hecho, la intervención estatal en el pago de los haberes para garantizar un piso en los sueldos que ofrecen es cada vez mayor.

Pero, además, el sistema privado no cumplió con ninguno de sus objetivos: no estimuló el blanqueo de trabajadores; las comisiones de los bancos y las empresas se comieron durante años una buena tajada de los aportes; y no logró consolidarse un mercado de capitales privados.