Diputados aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura

UCR.org.ar – Exposiciones de Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y Juan Pedro Tunessi durante la sesión.

Ricardo Alfonsín (UCR – Buenos Aires)

Durajnte la campaña habíamos dicho que había que modificar esta ley porque entendíamos que la actual ley contiene algunas disposiciones que no son loas más adecuadas para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial.

Este proyecto es sin dudas mejor que la ley actual. Este proyecto que resulta muy importante para la República.

Hubo que hacer muchas concesiones para arribar a este dictamen. Ninguno de los bloques que acompañan el dictamen de mayoría se sienten totalmente conformes con el proyecto. Yo estoy convencido que el proyecto que yo acompañaba era mejor que este, pero nadie es dueño de la verdad. Y procurando encontrar una solución al problema que representa para nosotros la actual ley del Consejo de la Magistratura hicimos algunas concesiones que nos permiten avanzar, y decir que al aprobar este proyecto se va a mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y a partir de esto puede también mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.

A través de los años y a partir de la experiencia seguramente se podrá ir mejorando el diseño institucional.

Este proyecto de ley mejora la actual ley, e incluso mejora la anterior ley.

Lamentablemente, en este recinto, muchas veces, en lugar de debatir los mecanismos, las disposiciones, los artículos, debatimos intenciones, y siempre se nos atribuyen las más perversas.

Estoy sorprendido a veces de cómo a veces en lugar de analizar las cuestiones de fondo en este lugar se apela o al pasado, y de manera selectiva. No parece este el ámbito para desacreditar un proyecto apelando al pasado o simplemente atribuyéndonos intenciones perversas.

Seguramente muchos diputados del Frente para la Victoria pueden creer que este proyecto no es el mejor. Pero nosotros sí creemos que es el mejor al que se puede arribar, y llegamos a el haciendo concesiones para alcanzar el consenso.

Por omisión, o por aquello de que el que calla otorga, muchos de los institutos que han sido incorporados con este proyecto al Consejo de la Magistratura deben ser valorados positivamente por el oficialismo, porque no han sido cuestionados. Sucede en lo que tiene que ver a los concursos, las estadísticas, la transparencia, las evaluaciones, los procedimientos disciplinarios. A partir del silencio, pareciera que en estos aspectos están de acuerdo.

La cuestión que más preocupa es la que tiene que ver con la composición del Consejo. Yo pienso que el tema de la composición nos remite a la independencia. Por supuesto que el Poder Judicial hace política. ¿O aplicar leyes, defender la Constitución, aplicar derecho no es hacer política? Lo que no debe hacer el Poder Judicial es hacer política partidaria, sino que debe ser independiente, lo que no significa ser oposición. Debe ser independiente de cualquier poder, también del poder económico y otros poderes que pueden existir en la sociedad.

Y el Consejo también está para controlar la independencia respecto del Poder Ejecutivo. Y si tiene mayoría el Ejecutivo no puede ejercer esa tarea de control que impida que el Ejecutivo ejerza influencia negativa sobre el Poder Judicial. No se puede ejercer si en el Consejo de la Magistratura tiene el oficialismo una relación de fuerzas que rompe el equilibrio.

Yo no quiero referirme a si efectivamente en los hechos se ha aprovechado de el “poder de veto” que tiene el oficialismo. Pero lo cierto es que lo tienen. ¿Por qué defender una institución que por lo menos genera condiciones para que si quiere el oficialismo pueda influir de manera negativa en el funcionamiento independiente de la Justicia?

Tenemos que tomar todas las garantías para que eso no ocurra, no con relación a este gobierno sino con relación a los futuros gobiernos.

Esto tiene que ver con tener el Ejecutivo algunas garantías o alguna posibilidad de influir en aquellos juzgados y causas en las que está en juego su responsabilidad política y penal.

Con este proyecto corregimos eso, aventamos esos riesgos. Si se aprueba el proyecto ya no existiría más la posibilidad de que este u otro gobierno pueda utilizar un poder de veto que deviene de una composición desequilibrada del Consejo de la Magistratura.

Es muy importante esto porque ilustra que se puede arribar a consenso. Estuvimos cientos de hora estuvimos discutiendo para llegar a este acuerdo. Es posible entre fuerzas que piensan diferente arribar a consensos. Hemos avanzado en este sentido, hemos progresado.

Por supuesto que estamos dispuestos a aceptar todas las sugerencias, todas las iniciativas que, respetando la idea de que el Poder Judicial debe funcionar de manera independiente, todas las iniciativas que estén orientadas a mejorar el Consejo de la Magistratura, y con ello mejorar la independencia, la calidad y la idoneidad de los miembros que integran el Poder Judicial.

Ricardo Gil Lavedra (UCR – Capital)

El Consejo de la Magistratura que votaron los constituyentes con tanto entusiasmo tiene hasta el presente un balance ciertamente mediocre. Se ha ganado sin lugar a dudas en idoneidad de los jueces. Muchos de los jueces actuales no serían jueces si hubieran tenido que dar examen en el Consejo de la Magistratura. Un mínimo de idoneidad quedó garantizado. También fue buena la labor del Consejo en lo que hace al proceso de acusación. En muy pocos años el Consejo de la Magistratura obtuvo la remoción de muchos más jueces de los que se habían destituido en décadas.

También el Consejo ha actuado razonablemente en lo que hace a las cuestiones de administración. Pero está en deuda es en que no ha actuado con la premura necesaria, seguimos padeciendo un 22 % de los cargos de la justicia federal y nacional vacantes. El necesario trámite que debe tener un concurso a los efectos que revista seriedad es demasiado largo, el Ejecutivo tarda en elevar las ternas. Ahí hay un problema serio. Y hay un problema seria en que la Constitución le ha encargado al Consejo una tarea a la que pocas veces se le pone el acento, que es procurar una eficaz administración de Justicia. En este aspecto, el Consejo de la Magistratura, en sus distintas integraciones, no ha hecho nada. Se debería haber establecido una verdadera política judicial, tendiente a que la Justicia pudiera llegar a todos, fundamentalmente a los de menores ingresos, que pudiera ser más eficiente, más rápida.

Y la última reforma no obtuvo los propósitos que la inspiraron, y que quienes la impulsaron pregonaron en este recinto:

Los ejes fundamentales del dictamen de la mayoría son los siguientes:

El punto más polémico. Creemos que nuestra integración asegura un mejor equilibrio de acuerdo a la luz del texto constitucional. Hemos privilegiado la representación profesional por sobre la política. Esto quiere decir que hemos dejado la representación política en un 40 % y en un 60 % a la profesional. Y esta ha sido una opción política.

Con respecto a otro punto que ha despertado polémica, sobre la integración o no de la Corte en el Consejo de la Magistratura. No es algo inexorable que la Corte deba o no integrarlo. Pero los bloques que impulsamos este dictamen creemos que esta es una opción legislativa razonable, porque es lo que permite armonizar los dos institutos de manera más armónica, y permite una instancia de cooperación entre la Corte y el Consejo. Y es el Consejo, no la Corte, el que tiene las facultades que la Constitución le asigna. Y la incorporación del presidente de la Corte es un aporte institucional, si bien su presencia es meramente institucional, ya que no integra las comisiones, no vota salvo en casos de empate o si se necesitan mayorías calificadas y podrá entender en algunas cuestiones diarias en materia de secretaría y administración.

Creemos también que se supera la controversia que se suscitó con la última reforma. Esta controversia relativa al poder de veto del oficialismo, que está claramente en la norma. Y si el oficialismo dice que no lo ha utilizado, enhorabuena, pero no queremos que quede una norma que pueda ser utilizado en esa manera.

El segundo eje es que se mejora el funcionamiento respecto de los concursos. Instaura un sistema novedoso, que es la posibilidad de realizar concursos antes de que se produzca la vacante, y fijar de esta manera una lista de idóneos de los cuales el Consejo de la Magistratura pueda ir seleccionando las ternas a medida que se vayan produciendo las vacantes. Esto puede ser un alivio extraordinario en materia de tiempo. Y va a permitir superar muchas de las demoras que ocasionan que tengamos el 20 % de la justicia Federal en mano de jueces precarios, jueces que puedan ser fácilmente manejables.

También hemos dotado al Consejo de mayor transparencia. Para esto las designaciones de los funcionarios importantes del Consejo, el Administrador General del Poder Judicial, el Secretario de Auditorías, el Secretario General, van a tener que serlo a través de un concurso público de antecedentes y oposición, incluso donde se pueden formular observaciones frente a esos antecedentes.

Se ha incrementado de la publicidad de la actuación del Consejo, sobre todo en materia de disciplina y acusación. Se crea una ofician de estadísticas para que se pueda tener on line estadísticas y números sobre la actuación judicial. Se le agrega la obligación del Consejo de efectuar un informe anual sobre la marcha del Poder Judicial, y se ha incorporado también un consejo de carácter consultivo, integrado por distintas entidades intermedias, de derechos humanos, de defensa de intereses colectivos, para que puedan dar otra mirada sobre la actividad del Consejo.

El cuarto eje es el que refuerza los mecanismos del control sobre el desempeño del Poder Judicial, para que tengamos una prestación de servicios más eficaz. Obliga a realizar indicadores objetivos de desempeño de los tribunales y que haya que realizar auditorías periódicas para controlar de qué manera los jueces cumplen su tarea a través de normas de calidad que tiene que elaborar el Consejo.

El quinto eje es que se elimina la discrecionalidad.- Elimina la discrecionalidad en los concursos, restando poder discrecional para evitar muchos manejos muy cuestionables que ha habido en el Consejo en los últimos años, para que la tarea sea lo más transparente posible en orden de seleccionar los más idóneos. Elimina también discrecionalidad en los procesos disciplinarios, achicando el plazos para los cuales la Comisión de Disciplina y Acusación tiene que expedirse y a la vez exigiendo que los consejeros que tengan expedientes tengan que dar cuenta mensualmente de la marcha de los expedientes, para que no se cajoneen los expedientes en esa comisión, afectando la independencia de los jueces.

Por último, el proyecto también robustece facultades del Consejo. Se incorpora más claramente la facultad del Consejo de poder elaborar el presupuesto del Poder Judicial que a su vez elabora la Corte al solo efecto de que esta lo eleve al Poder Ejecutivo.

Se introdujeron también reformas al Jurado de enjuiciamiento, tendientes a poder superar críticas que tuvieron los jurados accidentales, dando un plazo de dos años, para que en ese tiempo de permanencia puedan actuar con mayor profesionalidad.

Sin dudas que esta no es la reforma ideal. Es sin lugar a dudas la reforma posible y que trasunta el acuerdo político de una enorme cantidad de bloques parlamentarios. Pero esta es una norma superadora, es mucho mejor que la existente. Introduciendo estas modificaciones al Consejo de la Magistratura, que tanto tiene que ver con la posibilidad de contar con un Poder Ejecutivo independiente y eficaz, pensamos que el país necesita como nunca de una mejor Justicia. Necesitamos una justicia comprometida, lo que no quiere decir que queramos jueces ascéticos. Los jueces valoran, los jueces interpretan. Pero queremos jueces comprometidos con los valores de la Constitución, con los valores de las leyes. No queremos jueces del poder, queremos jueces que puedan cumplir con su función con absoluta independencia, para poder defender los derechos de todos, para poder terminar con la impunidad. Para poder de una vez por todas tener una Justicia al alcance de todos.

Esta ley puede coadyuvar a que podamos fortalecer la independencia de la Justicia y pensamos también que este es un buen mensaje que le podemos dar a los jueces y a toda la sociedad de que se avecinan tiempos mejores para la República.

Juan Pedro Tunessi (UCR – Buenos Aires)

Este proyecto no solo modifica los aspectos sustanciales que hemos comprometido modificar en la campaña electoral sino que avanza en la conformación de una institución mucho más transparente, mucho más eficaz, más equilibrada.

El camino que se recorrió, tal vez el más arduo y más difícil, alejado de la lógica resultadista de tener solamente la búsqueda de la instalación mediática, de ganar el partidito de la circunstancia y la coyuntura, ha ido mucho más allá. Hemos logrado consensuar con legítimas opiniones y apreciaciones y visiones diversas de un problema complejo, y hemos llegado a un entendimiento razonable para lograr una transformación importante en una institución fundamental de la República. Y eso habla a las claras de que este camino recorrido es difícil, pero es mejor.

El agregado del Consejo Consultivo fue un gran aporte, que permite terminar con esa cuestión de la idea de la mirada corporativa, que forma parte más de un discurso que de una vocación de voluntad cierta por transformar los aspecto corporativos de la justicia y esta idea de la cuestión del poder.

Estamos en presencia no de una discusión ideológico, y no vengan a intenta disfrazar de doctrina ideologicista este concepto, porque lo que se discute es una cuestión de poder. Eso es lo que ha estado funcionando en el Consejo de la Magistratura. No podemos hacer una abstracción de una discusión teórica sobre este tema.

Está claro que estamos frente a un Consejo de la Magistratura donde funciona, utilizándolo o no, una mayoría del oficialismo que condiciona el nombramiento y la remoción de los jueces de la república. ¿Estamos discutiendo una cuestión ideológica? ¿Ahora somos todos progresistas? ¿Venimos a decir que somos vanguardistas y luego no nos animamos a avanzar en una reforma judicial de largo aliento, importante, transformadora?

La reforma de 2006 fue la más mezquina, la que precisamente quiso poner un voto necesario en casa decisión importante de los 2/3 que tiene el Consejo de la Magistratura para condicionar la designación y/o remoción de los jueces.

Se nos quiere explicar acá que eso no existe, que ese poder de veto no se ha usado. ¿Alguien cree que eso es necesario ser materializado en el uso concreto? ¿Alguien cree seriamente que eso no condiciona las discusiones de consenso en el Consejo de la Magistratura la existencia de una bolilla negra del oficialismo? Nadie puede sostener con sinceridad esta situación de que sabemos que cada vez que se negocia entre los sectores corporativos que integran el Consejo la designación o la remoción de un juez, esta está fuertemente cuestionada la espada de Damocles que pende en cada decisión, donde si no llegamos a un acuerdo, el oficialismo impone su número.

Con la reforma de 2006 lo que se ha perseguido es una cuestión estrictamente de poder, de disciplinamiento político de la Justicia en la Argentina.

Es muy importante el aporte que se hizo desde Proyecto Sur, porque nos permite una mirada precisamente no corporativa. Por primera vez se va a dar en el proceso el aporte de un grupo de ciudadanos, de distintos actores de la sociedad civil, que aportan al organismo una mirada más genérica y objetiva.

Con respecto al tema del equilibrio, no le busquemos la vuelta haciendo una exegética interpretación de la Constitución, que dice claramente que la integración debe ser equilibrada. Por equilibrio se entiendo que debe ser proporcional la representación de los sectores. El constituyente de 1994 que ha introducido esta reforma en la Constitución con el claro propósito de terminar con el sistema patronal de designación de los jueces como una voluntad del príncipe, para imponer un sistema de reconocimiento donde el orientador sea el concurso, la preparación y la formación, ha querido darle mayor independencia, ha querido condicionar la facultad del Poder Ejecutivo en la intromisión del Poder Judicial.

El Ejecutivo tiene que tener limitación. Este y cualquier poder Ejecutivo. Esta no es una reforma para este gobierno. Esta es una reforma para este y cualquier gobierno que intente influir y manipular la designación y remoción de los jueces, porque queremos un Consejo que garantice la independencia del Poder Judicial.

El artículo 114 habla claramente de una composición equilibrada. Y no es darle más poder a unos o a otros.

La reforma constitucional vino a cortar el sistema patriarcal y a poner distancia en la designación de los jueces por parte del Poder Ejecutivo. Jueces que tienen que poder investigar, tienen que tener autoridad, autonomía, independencia, tranquilidad espiritual, capacidad para ser objetivos precisamente cuando tienen que investigar al poder. Tiene que jugar esta idea de contrapoder para volver a los equilibrios en democracia. Eso es lo que tiene que estar funcionando en la Argentina, jueces que no estén mirando con un ojo la sentencia en lo que van a decidir y con el otro ver lo que va a pensar el Gobierno de lo que tengan que resolver. Los países crecen donde hay justicia independiente y se respeta esa independencia del Poder Judicial y las instituciones.

Empezamos a cumplir con el compromiso que asimismo con la ciudadanía de modificar y transformar las instituciones de la República, que están intoxicadas, que no son transparentes, sobre los cuales la gente percibe que responder al poder y no a los intereses colectivos de la sociedad. Esa es la reforma que alentamos.

Nosotros estamos cumpliendo un compromiso que asumimos con la ciudadanía. Hemos logrado esforzadamente mejorar el jurado de enjuiciamiento, mejorar la integración, nos enorgullecemos de la representación del género en el Consejo de la Magistratura. Nos enorgullecemos de la forma transparente para designar sus funcionarios, del cuestionamiento que puede haber, del acotamiento que se ha hecho a la Suprema Corte pero no queremos que la Corte esté afuera, porque no queremos un poder bicéfalo, sino que queremos un poder único que tenga coherencia, que tenga cohesión.