Dilatan el debate del proyecto previsional

LaNación.com.ar – Al igual que lo que ocurre con la reestatización de Aerolíneas, el Gobierno deberá esperar si lo que quiere es recibir buenas noticias del debate parlamentario sobre la movilidad jubilatoria en la Cámara baja.

Luego de reunirse con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y atento a las disidencias que han surgido no sólo en la oposición, sino también en el propio oficialismo, el titular de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig (FPV-Formosa), decidió dedicar esta semana al análisis detallado del proyecto, que establece por ley dos ajustes semestrales de cinco millones de haberes jubilatorios a partir de enero de 2009.

Con esa decisión, el oficialismo postergó en los hechos la emisión del dictamen hasta el martes de la semana próxima, aunque hay quienes creen que el debate parlamentario del proyecto con el que el Gobierno pretende reconquistar a la clase media no estará terminado hasta principios de septiembre.

Luego de una semana en la que la CGT, la CTA, grupos de jubilados y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, expresaron sus reparos al proyecto, Díaz Roig inició ayer la discusión formal en comisión de la norma, enviada por el Poder Ejecutivo el 29 de julio último.

Tal como esperaba, escuchó de boca de opositores radicales, de la Coalición Cívica y de Solidaridad e Igualdad (SI) reparos al índice de cálculo de los aumentos, que combina la evolución de los salarios según el Indec y el 90% de la suba de la recaudación de la Seguridad Social. Alejandro Nieva (UCR-Jujuy) y María América González (SI-Buenos Aires) volvieron a cuestionar que el índice excluya la Prestación Básica Universal (PBU), una parte significativa de los haberes de los jubilados.

También cuestionaron el tope que el proyecto establecería en los aumentos a jubilados, y González se mostró en desacuerdo por la inclusión de los docentes y científicos en la nueva norma, cuando en realidad estos sectores aportan un mayor porcentaje de su sueldo durante su vida activa y perciben el 82% móvil al momento de jubilarse.

La radical Silvana Giúdici (UCR-Capital) pidió que Tomada vuelva a reunirse con los diputados "para explicarnos cuáles son los cambios que aceptará". A las críticas se sumaron ayer el adolfista cordobés César Albrisi (Frejuli) y el neuquino Hugo Acuña (MPN), pero la nota la dio el titular de la Comisión de Relaciones del Trabajo, Héctor Recalde (FPV-Buenos Aires), que envió a Díaz Roig sus "sugerencias" por escrito para mejorar el proyecto.

Cambios

El diputado, que suele reflejar el pensamiento del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, propuso establecer un mecanismo de "transitoriedad" para evaluar si los aumentos efectivamente se producen al cabo de un año de vigencia de la ley.

Y no quedó allí: en el texto enviado a Díaz Roig, Recalde propuso "tomar como índice para la movilidad la Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)".

En los hechos, Recalde coincidió con la oposición al cuestionar el índice elegido por el Poder Ejecutivo, que la semana última defendieron Tomada; el titular del Anses, Amado Boudou, y el secretario de Previsión, Walter Arrigui. "El índice debe acompañar los aumentos de salarios, porque si hoy se aplicara esta ley, los jubilados recibirían un 5 por ciento de aumento", afirmó Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital).

En diálogo con LA NACION, Díaz Roig cuestionó los reclamos y se mostró partidario de un "proyecto consensuado, aunque no estemos de acuerdo en todo".