Demanda contra el Estado por el IPC

LaNación.com.ar – Afiliados al sistema previsional de capitalización reclamaron ante la Justicia ser admitidos como querellantes en una causa en la que se investiga la manipulación del índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La razón es que la inflación influye en el valor de sus ahorros, dado que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) tienen gran parte del dinero invertido en bonos públicos ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La presentación fue realizada, en rigor, hace casi un año, pero su tratamiento por parte del juzgado 6, secretaría 11, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, sufre dilaciones. Por eso, el viernes pasado se elevó un nuevo escrito para intentar activar la querella, con aportes de nuevas pruebas y solicitud de llamados a testigos, cuyas declaraciones tenderían a probar que los cálculos del índice de precios se están realizando para ocultar el nivel real de inflación.

Según explicó a LA NACION el abogado Fabián Bergenfeld, patrocinante de los afiliados, en la nueva presentación se solicita que se llame a declaración a José Sbatella, ex jefe de la Comisión de Defensa de la Competencia, que elaboró informes para los organismos de contralor del Estado "sobre el accionar de Moreno [Guillermo, secretario de Comercio Interior]", según se cita en el expediente.

Antes, según recordó Bergenfeld, se había pedido que se citara a declarar -entre otras personas como funcionarios desplazados del Indec- a la presidenta Cristina Kirchner, y al vicepresidente Julio Cobos. A Cristina Kirchner, según dijo el abogado, porque el año pasado, mientras era senadora y estaba de gira por España, había expresado que quienes pretendían cuestionar al Indec eran los bonistas que tenían títulos ajustables por CER y que cada punto de inflación representaba un aumento anual de la deuda pública de 421 millones de dólares. "Llegamos a la conclusión de que lo que se quería era evitar ese pago", consideró Bergenfeld, que estimó que, si la distancia entre la inflación real y la difundida por el Gobierno es de unos 20 puntos, la defraudación sería por unos 8400 millones de dólares al año para todos los tenedores de bonos.

El llamado a testificar a Cobos, en tanto, tiene que ver con declaraciones hechas en septiembre del año pasado, cuando era gobernador de la provincia de Mendoza y habló de las diferencias entre los datos de inflación relevados en esa jurisdicción y los que fueron difundidos luego por el Indec.

La mayor parte de los títulos que están en poder de las AFJP llegaron a sus carteras por la operación de canje de deuda realizada para la salida del default soberano. "Se está dejando de pagar el ajuste por inflación que les corresponde [a los bonos], por lo que hay defraudación y un engaño, que radica en que se está dibujando el índice de precios al consumidor, justamente para pagar menos", fundamentó Bergenfeld.

Las demoras que está sufriendo la causa surgieron, en un primer momento, por la determinación de qué juzgado era el competente. Respecto de ese punto, quedó establecido que está a cargo del juzgado de Canicoba Corral, que fue ante quien se hizo inicialmente la presentación y donde se tramita la causa principal vinculada al manejo político del Indec. En ese juzgado se declaró, además, la inconstitucionalidad de un decreto que pretendió imponer el secreto estadístico para evitar que la Justicia accediera a información del organismo. El Gobierno apeló esa disposición y esa causa está, desde hace tres meses y medio, en la Cámara de Casación, a la espera de una resolución.

Mientras tanto, según Bergenfeld, el juez demora la decisión de instruir la causa de los afiliados a las AFJP con el argumento de que es conexa a la principal, en la que se investiga al instituto. Sin embargo, para el abogado patrocinante, la suerte de una de las presentaciones no depende de cómo le vaya a la otra, por lo que entiende que el reclamo de los afiliados debería avanzar con la solicitada sustanciación de las pruebas.

Moreno, una pantalla

En la presentación no se determinan responsabilidades personales de funcionarios. Respecto de Moreno, Bergenfeld opinó que "no es más que una pantalla, porque es el gobierno nacional, con sus principales funcionarios, el responsable de todo". Según dijo, la defraudación por la manipulación de datos es algo que se da en forma continua, por lo cual es muy difícil que se archive la causa.

Las AFJP tienen en sus carteras un total de 52.321 millones de pesos en títulos de deuda pública. Es el 53,16% de los ahorros que pertenecen a los 9,5 millones de afiliados. En los últimos dos meses, fruto de la mala performance de los mercados -que no sólo afectó a los bonos sino también a los papeles privados-, el sistema tuvo resultados anuales negativos en la inversión de los fondos.

Esos resultados no sólo afectan la futura jubilación de los aportantes, sino también el haber mensual de quienes ya están retirados: de hecho, una de las personas que se presentan como querellantes está ya jubilada.

421 millones de US$

• Es el monto en que subiría la deuda pública por cada punto de inflación, según el Gobierno