Defensa más derechos humanos

Clarín.com.ar – Después de 25 años de políticas erráticas, con un escenario internacional de creciente conflictividad y con países hermanos que modernizaron su armamento, la Argentina debe tener proyectos simultáneos en materia militar, civilista y estratégica.

Las políticas públicas en Argentina tienen en común dos importantes características: la mutabilidad y la disonancia. Lo errático y volátil, así como lo desproporcionado y lo desigual se repiten en diversos frentes internos y externos.

La lógica binaria, de opuestos categóricos, es un rasgo profundo de la argentinidad. Casi todo se define, diseña y ejecuta como conjunción disyuntiva; la conjunción copulativa no guía nuestras estrategias y prácticas. Ejemplos elocuentes son la defensa nacional y los derechos humanos.

Todos los gobiernos militares vividos durante el siglo XX se consagraron sin éxito (si se evalúa nuestra formidable declinación) a robustecer la defensa: presupuestos abultados, carreras armamentistas con vecinos, despliegue geopolítico ambicioso (desde el Plan Cóndor hasta la participación en los conflictos de baja intensidad en Centroamérica), cuasi-guerras con los más próximos y una derrota estruendosa (la de Malvinas) frente a una gran potencia, entre varios.

Los derechos humanos fueron sepultados en unos casos y masivamente violados en otros, llegando a instrumentar uno de los más atroces terrorismos de Estado que haya conocido el mundo.

En los últimos 25 años, con el advenimiento de la democracia, administraciones de diferente signo político defendieron e impulsaron los derechos humanos. Sin habérselo planteado como una política de Estado, radicales, justicialistas conservadores y progresistas, aliancistas y partidos menores con representación en el Ejecutivo han coincidido, a grandes trazos, con una estrategia activa y afirmativa a favor de la protección y promoción de los derechos fundamentales para garantizar la legalidad mundial y la institucionalización de diversos regímenes internacionales en materia humanitaria. Sin embargo, poco se hizo en el campo de la defensa nacional: la participación militar en misiones de paz a nivel global y la transformación de los planes de estudio de las Fuerzas Armadas constituyen hitos importantes y valiosos, pero no representan una política de defensa integral.

Después del 11 de septiembre de 2001 y la invasión de Estados Unidos a Irak, y en el marco de un reacomodo estratégico global y de modernización de armamentos en el contexto sudamericano (en particular, por parte de Brasil, Colombia, Chile y Venezuela), posponer el tratamiento de las cuestiones de defensa y la adopción de decisiones en este frente es un error mayúsculo.

Argentina puede, y debe, tener una política de defensa y una política de derechos humanos de manera simultánea. En el escenario mundial, continental y regional que se avecina -un escenario cada vez más incierto y potencialmente con mayor pugnacidad- es imperativo detentar estrategias sólidas y sustentables en ambos ámbitos de la política pública.

Es una obligación jurídica, ética y política continuar con todos los juicios a los miembros de los cuerpos de seguridad vinculados a la sistemática violación de los derechos humanos en los años setenta y ochenta: sus crímenes no han prescripto. Pero también es un deber institucional, político y diplomático incrementar y mejorar todo aquello que mejore la defensa nacional. Lo primero y lo segundo se pueden realizar, paralela y sincrónicamente, en un marco de profundización democrática, con un fuerte control civil y un renovado consenso político.

La posibilidad de que la defensa nacional y los derechos humanos se aproximen con una perspectiva incluyente, evitando la discontinuidad y la incoherencia, constituye un desafío enorme para nuestra política pública.

El primer paso para no repetir lo que usualmente ha caracterizado a dicha política debe provenir del Ejecutivo.

Estados Unidos necesitó de un republicano conservador, Richard Nixon, para tender un puente con la República Popular China. Quizá se requiera de la generación de los setenta que representa la presidenta Cristina Fernández para reconciliar, de modo armonioso y efectivo, la política de defensa nacional y la de derechos humanos.