Apoyo de la oposición a la recomendación de la Justicia

LaNación.com.ar – La acordada de la Corte Suprema de Justicia que le sugiere al Parlamento introducir modificaciones al Código de Procedimientos Penales para agilizar las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad fue bien recibida por la mayoría de los bloques políticos.

Así, referentes radicales de ambas cámaras y de Propuesta Republicana (Pro) se manifestaron en favor de impulsar normas legislativas que agilicen los procesos judiciales y garanticen un buen servicio de justicia.

La única excepción fue la diputada oficialista Diana Conti (FPV-Buenos Aires), quien si bien dijo que no estaba cerrada a adoptar nuevas medidas que ayuden a un mejor desempeño de la Justicia, aseguró que los jueces cuentan con las "herramientas necesarias" para avanzar con celeridad en las causas a su cargo.

En ese sentido, la integrante del Consejo de la Magistratura por el kirchnerismo afirmó que "la lentitud hay que adjudicársela a una parte del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que tiene cierta reticencia ideológica" a avanzar en procesos por violación de los derechos humanos.

"La lentitud o no de los procesos depende del abroquelamiento y de la mayor o menor predisposición ideológica de algunos magistrados; no en vano hay procesos que se llevan a cabo con las herramientas penales existentes", afirmó Conti en diálogo con LA NACION.

Por su parte, el senador Ernesto Sanz (Mendoza) y el diputado Pedro Azcoiti (Buenos Aires), ambos radicales, coincidieron en destacar que su partido impulsó en la Cámara alta hace más de un año una reforma procesal destinada, precisamente, a acelerar el camino al juicio oral de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad.

"Nosotros planteamos que todas las denominadas chicanas procesales, como nulidades y recusaciones, se resolvieran al final, en el proceso oral, para así limpiar el proceso de obstáculos", explicó el jefe del bloque de senadores radicales.

La iniciativa lleva la firma de Sanz y de su colega y jefe partidario, Gerardo Morales (UCR-Jujuy), pero fue elaborada por los constitucionalistas Ricardo Gil Lavedra y Andrés D´Alesio. Desde su presentación, el 16 de mayo de 2007, el proyecto nunca fue tratado. "Esto no avanzó pura y exclusivamente porque es un proyecto del radicalismo, me lo dijeron legisladores del propio oficialismo", denunció Sanz.

Azcoiti, por su parte, coincidió con la Corte Suprema en cuanto a que "es cierto que debe haber una respuesta del Poder Legislativo" a la lentitud procesal. "Hace falta un instrumento que agilice las causas", agregó.

En el mismo sentido, se manifestó el diputado Eugenio Burzaco (Pro-Buenos Aires), quien se declaró "a favor de todo aquello que simplifique los procesos y garantice justicia". Al respecto, el legislador precisó que "lo mejor sería una reforma integral" del código de procedimientos penales.

Según explicó Burzaco a LA NACION, de esa manera se evitarían "las reformas parciales que generan estructuras incompatibles y que dan lugar a que los jueces realicen interpretaciones contrarias basándose en el mismo código, como ocurre en la provincia de Buenos Aires".

No obstante, el legislador se quejó porque el oficialismo no avanza si no tiene orden directa de la Casa Rosada, y recordó que ya hubo otras sugerencias de la Corte -citó el pedido del dictado de un régimen penal juvenil-, no escuchadas por el kirchnerismo.

Por último, Sanz insistió en la necesidad de una reforma "a un código que es antiquísimo" y que "no es que no ya no sirva para las causas de derechos humanos, sino que tampoco sirve para casos como el de Cromagnon".