Un acuerdo para sesionar

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Los senadores radicales quieren discutir los aumentos en las tarifas de gas y luz. La semana próxima se retoman los debates en el recinto.

Crítica de la Argentina – Después de la derrota electoral, la primera reacción de los kirchneristas con responsabilidad parlamentaria fue darle tiempo al Gobierno. Al tradicional receso de invierno le sumaron dos semanas más de parate por la gripe A. Ante la falta de reacción del Gobierno la segunda movida fue convocar a la oposición y “consensuar” con ellos una agenda amplia. Eso concretó ayer en el Senado el titular del bloque K, Miguel Ángel Pichetto, con los senadores radicales, Ernesto Sanz, jefe de la bancada, y Gerardo Morales, presidente nacional del partido. El único compromiso concreto que surgió de ese encuentro fue sesionar el miércoles que viene para aprobar en particular la creación de un régimen Penal Juvenil y debatir el proyecto que le autoriza al Ejecutivo a comprar las acciones de la empresa de aviones Lockheed. El radicalismo fue con un sumario de iniciativas que considera de vital importancia. En la mayoría de los casos, el único compromiso del rionegrino fue el de consultar los temas con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Los radicales pretenden que el kirchnerismo cumpla con la palabra que empeñó en la última sesión y darle tratamiento preferencial al aumento de las tarifas de gas y de luz. Aunque insistieron con esto, los K no tienen ninguna instrucción sobre este punto y parece realmente improbable que el Gobierno dé marcha atrás con un aumento tarifario cuya recaudación ya tiene comprometida para otros usos.

El otro punto en el que los bloques se pusieron de acuerdo fue en sesionar el 19 de agosto con el objetivo de aprobar la prórroga a las leyes que contienen delegaciones en el Ejecutivo y que vencen el 24 de agosto. Entre ellas figura el Código Aduanero que le permite al Gobierno cobrar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Los senadores coincidieron en aprobar el dictamen que emitan los diputados. Esto implica pensar que en la Cámara baja la oposición y el oficialismo se pusieran de acuerdo en el tema. Algo que por el momento está lejos de suceder.

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