Sin reforma no habrá independencia judicial

La Nación – El desafío no sólo es modificar una ley, sino también decidir si realmente se quiere contar con una Justicia independiente. En efecto, los problemas que aquejan a la Justicia -la falta de independencia, su exposición a presiones políticas, la sobrecarga de trabajo y la ineficiencia- ya fueron diagnosticados. Si el Poder Ejecutivo no acepta hacer una reforma tan clara, poco puede esperarse acerca de la posibilidad de avanzar con otros asuntos más controversiales, como por ejemplo la coparticipación federal o la reforma política.

La reforma del Consejo no deja de ser prioritaria. Lo que está en juego es la independencia, el diseño y el funcionamiento de la Justicia. Desde hace varias décadas, en América latina algunos mandatarios entendieron que el Poder Judicial debía ser un instrumento del régimen de turno para intentar asegurar su perpetuidad o para garantizar la impunidad de sus integrantes.

La reforma del Consejo es reclamada por la oposición y por la Corte Suprema, que no está preocupada tanto por la composición del organismo o por el amañamiento de los concursos, sino por la total falta de eficiencia del organismo a la hora de gestionar la administración del Poder Judicial.

Cualquier ciudadano sensato se pregunta: ¿puede el Gobierno hacer oídos sordos a un reclamo de la Corte de corregir los vicios del Consejo, que fueron expuestos en muchas ocasiones por su presidente, Ricardo Lorenzetti, o por otros ministros, como Carlos Fayt, y, en forma reservada, por la mayoría del alto tribunal? Entonces, si la Corte no tiene peso alguno, ¿qué esperanza le queda al simple ciudadano de ser escuchado?

Ninguno de estos interrogantes tiene respuesta en la galaxia kirchnerista. La reforma de la Justicia no tendrá mejor suerte que la del Indec, aun cuando la primera sea más importante que la segunda.

El primer paso para reformar el Consejo consiste en asumir la necesidad de crear una Justicia verdaderamente independiente.