Violaciones a los Derechos Humanos de menores condenados a prisión perpetua

El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, expresó su preocupación “por la situación de los menores de edad condenados a prisión perpetua y por las graves violaciones a los derechos humanos constatadas por la Comisión Interamericana”, por lo que solicitó al Poder Ejecutivo Nacional el “urgente cumplimiento de las recomendaciones formuladas por dicha Comisión”.

Explicó que “desde 1996, al menos 12 personas fueron condenadas a prisión perpetua por delitos cometidos cuando eran menores de edad, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño que nos exige utilizar la pena privativa de la libertad como último recurso y por el plazo más breve que proceda”.

“Dos de los condenados fueron víctimas de actos de tortura durante su detención, y otro fue asesinado en una celda de aislamiento de la Penitenciaría de Mendoza. De los restantes, varios no han tenido la posibilidad de recurrir su sentencia condenatoria, han sido sometidos a condiciones de detención infrahumanas o no han recibido la atención médica necesaria, lo que ha ocasionado que Lucas Mendoza, uno de los condenados, pierda la visión. Otros llevan más de 10 años en prisión”, agregó Gil Lavedra.

También dijo que “muchas de estas violaciones han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH luego de investigar cinco casos y constatar gravísimas irregularidades, ha recomendado al estado argentino disponer las medidas para garantizar que César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza y Saúl Roldán Cajal tengan posibilidad de obtener una revisión amplia de sus sentencia, para asegurar que reciban atención médica adecuada, sean indemnizados por los perjuicios sufridos y para esclarecer la muerte de Videla Escalada y las torturas sufridas por Núñez y Mendoza”.

Gil Lavedra, afirmó que “la CIDH también ha recomendado a la Argentina adecuar su régimen penal juvenil a las obligaciones internacionales en materia de protección especial de niños, capacitar al personal penitenciario para asegurar que las personas privadas de su libertad reciban un trato digno y garantizar condiciones de detención compatibles con la Convención Interamericana en la Penitenciaría de Mendoza”.

“Desafortunadamente, Argentina no ha cumplido con estas recomendaciones. El tratamiento del proyecto para crear un nuevo régimen penal juvenil -que cuenta con la sanción del Senado y que impediría que estas situaciones se repitan- viene siendo postergado desde el año pasado. La grave realidad de la Penitenciaría de Mendoza no se ha modificado, incluso, hemos tenido noticias de nuevos hechos de tortura. Los condenados no han logrado que sus sentencias sean revisadas ni han obtenido una reparación por los perjuicios sufridos”, aseguró.

“Debemos llamar la atención sobre el estado inconstitucional de cosas que, en general, gobierna la situación del régimen penal juvenil desde la dictadura, y que coloca a los niños en una posición aún más vulnerable que los adultos, y solicitar al Poder Ejecutivo el urgente cumplimiento de aquellas recomendaciones que le corresponden”, concluyó Gil Lavedra.