Verdad para construir futuro

Esta semana el INDEC publicó el índice de pobreza luego de tres años sin datos oficiales. El informe reveló que el 32% de la población es pobre, lo que equivale a 8,7 millones de personas. El 6,3% de la población es indigente, lo que significa que hoy tenemos 1,7 millones de personas que no disponen de los ingresos mínimos para acceder a los alimentos básicos de subsistencia que están comprendidos en la canasta básica alimentaria. En base al resultado de la encuesta de hogares, sabemos que el noroeste es la región con mayor índice de pobreza, con un total de 40%, seguida por el Noreste y Cuyo, con 35%. Detrás se ubican Buenos Aires y la región pampeana con 30,9% y 32% respectivamente, y por último, la región patagónica con 24,7%. La pobreza, según los últimos datos oficiales, alcanza a un 47,4% de niños menores de 14 años que viven en situación de vulnerabilidad.

Fue en el año 2007 cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió intervenir el INDEC y comenzó un período de manipulación de datos y desmanejo en los cálculos de la inflación. En el año 2013 el gobierno nacional interrumpió la difusión de datos sobre índice de pobreza, y el último dato que se conoció fue el del primer semestre de 2013 cuando el organismo afirmó que el 4,7% de los argentinos eran pobres y el 1,4 % era indigente. En el año 2015, el propio ministro de economía de la nación, Axel Kicillof, frente a los cuestionamientos acerca de la falta de mediciones oficiales, dijo que no contaba con el número de pobres porque le parecía una medida estigmatizante.

El INDEC hoy revela que 1 de cada 3 argentinos es pobre y que casi la mitad de los niños vive en hogares pobres, cifra alarmante y que al mismo tiempo refleja la precariedad social de la Argentina pese a haber contado en la última década con una oportunidad única para colocarse en el camino de crecimiento inclusivo y de largo plazo. Mediciones alternativas a las del kirchnerismo habían revelado en su oportunidad sobre los niveles de pobreza e indigencia del país, cifras que coinciden con las recientemente publicadas por el INDEC y que discrepan significativamente con las publicadas por el último gobierno.

La manipulación de los datos, que comprendía a las mediciones del PBI y la inflación, también influyó a la hora de medir la pobreza y ocultar a millones de pobres. El nivel de destrucción de las estadísticas oficiales durante la administración de Cristina Kirchner coincide con el empeoramiento y la precariedad social, relación que no llama la atención si tenemos en cuenta que el desfalco institucional del organismo encargado de medir y publicar datos se llevó a cabo con la intención de ocultar los malos resultados de las políticas económicas implementadas. Un país sin datos es un país que no puede detectar sus problemas, tampoco puede medirlos, menos aún solucionarlos.

La experiencia de Chile, por nombrar un solo caso, puede dejarnos un aprendizaje claro: una dirigencia política que viene trabajando conjuntamente en la reducción de sus niveles de pobreza, que pasó de rondar el 30% en el año a situarse cerca del 10%.

Otro aprendizaje que no se debe omitir es la relación entre corrupción y pobreza. La corrupción no solo provocó descrédito institucional, también afectó fuertemente a la economía, al desarrollo y los niveles de pobreza e indigencia. La corrupción institucionalizada reforzó la fragilidad de lo público y multiplicó la precariedad social. Las prácticas ilegales -que van desde el abuso de funciones hasta malversación de fondos- afectan la credibilidad (tanto interna como externa), producen desinversión en lo público y desaceleran el desarrollo impidiendo que los recursos públicos sean destinados a los sectores más vulnerables. La corrupción endémica que se vivió durante la administración kirchnerista fue un gran impuesto para los pobres.

Argentina se encuentra hoy con 8,7 millones de personas que son pobres, cifra que la pone en una situación de emergencia que necesariamente tendrá que ir de la mano con un plan a futuro. El reto inexorable de Cambiemos tiene que ser el de plantear políticas de estado a largo plazo mediante el compromiso de la totalidad de los actores políticos con el objetivo de lograr un crecimiento económico que atienda el desarrollo social. Plantear una drástica disminución de la pobreza es un camino que significa trazar un plan de mediano y largo plazo para el mejoramiento de más de un sector y que implica, simultáneamente, lograr el fortalecimiento de la educación, una mayor inversión en infraestructura, más desarrollo de la ciencia y la tecnología, recuperación del trabajo digno y la mejoría de la protección social.

El sinceramiento de la situación económica y social de nuestro país es, quizá, el paso más importante que está dando el gobierno de Cambiemos. Necesitamos de la verdad para poder construir nuestro futuro.