Sobre la expropiación de Ciccone

RICARDO GIL LAVEDRA:

En su discurso de cierre del debate del proyecto de ley de expropiación de la ex Ciccone, el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, reafirmó el rechazo a la iniciativa oficialista y subrayó que “esta ley no va a ser conocida como la ley de la soberanía monetaria” sino que “esta ley va a ser conocida como la ley Boudou, la ley Ciccone, la ley de corrupción”.

“Así se va a conocer esta ley en el futuro”, insistió Gil Lavedra, quien indicó: “Me parece que tenemos que tener muy en claro de qué estamos hablando y no nos equivoquemos. No estamos hablando de la expropiación de una empresa que tiene máquinas necesarias para imprimir billetes; no estamos hablando del fortalecimiento de la Casa de la Moneda. Tampoco está en juego la coherencia como el Frente para la Victoria ha tratado de señalar repetidamente intentando vincular la iniciativa con otros proyectos presentados en otros contextos, con otros alcances y con otros objetivo y en el marco inescindible de la aclaración de determinados aspectos que nunca se esclarecieron.

Tampoco es cierto lo de la soberanía monetaria, título ampuloso y falso. No existe esto de la soberanía monetaria.

La soberanía monetaria, en todo caso, se vincula claramente con la defensa del valor de la moneda, objetivo constitucional que nuestra Carta Magna pone en manos del Congreso, en su artículo 75 inciso 19. En todo caso será la posibilidad de imprimir billetes lo que estamos discutiendo, impresión de billetes que también es falsa. Es para tratar de tapar inflación. El 70% de los billetes que se encuentran en circulación son de 100 pesos. Se imprimen tantos billetes por la negativa absurda de no imprimir billetes de mayor valor, de 200 ó de 500.

Lo que estamos discutiendo es otro capítulo más de una trama de graves irregularidades de parte de numerosas agencias estatales.

No se trata de un hecho aislado de corrupción eventualmente imputable al actual vicepresidente de la Nación y a un grupo de amigos de la juventud. Se trata de una concertación de organismos estatales para tratar de llevar adelante este episodio y esto excede en mucho al actual vicepresidente.

¿Como puede explicarse que la AFIP, que en julio del 2010 pidió la quiebra, tres meses después accedió en 65 horas al levantamiento sin ningún tipo de condiciones? ¿Por qué la propia AFIP que le había negado a la Ciccone vieja le accedió a la Ciccone nueva con Vanderbroele y sus amigos un plan excepcional y generosísimo?

¿Como es posible que la AFIP le de una intervención anómala e innecesaria, ilegal si se quiere, al entonces ministro de Economía para que lo apoyara en la concesión de los beneficios? ¿Por que razón la AFIP también en dos fojas diferentes le aplica y le saca los intereses, un pedido de quita de intereses que luego aparece escrito a mano de modo curioso y le vuelve a conceder un año después, durante tres planes distintos, una moratoria, desventajosa para el Estado a ojos vista, cobrando el 6 % de interés cuando la inflación del INDEC es del 9 %?

¿Como es posible que la UIF, nuestro órgano de controlar el lavado de dinero, no haya verificado quién puso el dinero en lugar de The Old Fund? ¿Cómo es creíble que esto no se haya verificado? No es creíble tampoco que la AFIP que tiene un órgano especializando para controlar la transferencia de fondos y los eventuales lavados, no haya advertido esta circunstancia.

No es creíble que la IGJ, encargada de inscribir a las sociedades anónimas y de verificar el cumplimiento de los recaudos haya consentido la presencia de todas estas sociedades constituidas sin facturación, de procedencia sospechosa, con patrimonios mínimos y, en algunos casos, extinguidas en sus países de origen

La Secretaría de Comercio en el mismo concierto, inmediatamente, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le anula el contrato a la competidora Boldt para entregársela a la Ciccone oscura. El Banco Central que se apura inmediatamente a contratar a la Ciccone oscura para poder hacerla de fondos; las contrataciones inmediatas que recibe esta empresa, la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria para las elecciones primarias y para las elecciones generales de la fórmula de Cristina Kirchner.

Todas estas circunstancias responden a un cúmulo de elementos que no son casuales, que están demostrando una trama absolutamente irregular y oscura en la cual todas estas agencias estatales han incumplido los deberes a su cargo.

Por cierto, nosotros no somos jueces, representamos la voluntad popular, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que mirar para otro lado, ser ciegos, sordos o mudos frente a estas circunstancias. Y tenemos a su vez la importantísima función de poder controlar de que modo las leyes del Congreso se cumplen y de que modo estas agencias estatales si han mirado para otro lado, en interés de quién. Sólo de Boudou.

Todos podemos compartir que la lucha contra la corrupción tiene que ser una cruzada compartida porque la corrupción pudre los cimientos de la democracia, corroe la credibilidad de los ciudadanos y oscurece la política. Y en estas circunstancias tan especiales, el tema de una trama gigantesca de corrupción es lo que tenemos en este momento a la vista, reafirmó Gil Lavedra, quien dirigiéndose a los legisladores de la bancada oficialista en particular remarco: “Ustedes saben que este proyecto traído con velocidad Express no plantea una expropiación regular de una empresa que fabrica billetes. En ese caso otro hubiese sido el tratamiento”.

“Lo que está en juego es otra cosa distinta. Y no es cierto que ahora de mejor manera el Estado va a poder descubrir qué pasó. Ya entraron en Ciccone. Al día siguiente le mande al interventor un pedido de informes. ¿Que contesto? Lo de siempre, nada”, subrayó.

MANUEL GARRIDO:

Con esta ley, el Estado nacional se va a hacer cargo de afrontar los costos que mantener esta empresa está generando para aquellos que mediante maniobras de lavado se han apoderado de la empresa.

Y se busca tapar el escándalo que todos los días vuelve y no deja de aparecer. Se buscó el fundamento de la expropiación en las normas constitucionales que habilitan al Estado a hacer sellar la moneda. Pero hay una distancia enorme entre la facultad constitucional y el hecho concreto de expropiar esta empresa en particular. Porque esta empresa no es un monopolio que esté en manos privada. La moneda está siendo impresa por la casa de moneda. Esta empresa nunca fue pública y además no está en condiciones técnicas adecuadas para llevar a cabo la impresión. Esta expropiación no va a modificar nada este panorama.

El Congreso está sancionando a ciegas este proyecto. La propia ley de expropiación exige informes técnicos para decidir la declaración de utilidad pública. Acá no hay nada de esto, hay un párrafo en los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Y se alega una supuesta soberanía monetaria. Pero este propósito no ha sido constante. Hasta 2004 la Casa de Moneda podía imprimir. En 2005 se advirtió la necesidad de llevar a cabo un plan de inversiones y esto dio lugar a una iniciativa que se dejó sin efecto en 2009.

Un informe de la propia Casa de Moneda puso de manifiesto el deplorable estado en el que está esta empresa que supuestamente va a garantizar nuestra soberanía monetaria. Un informe del ingeniero Pederetti, gerente de producción de la Casa de Moneda dice, entre otras cosas, que la distribución de las máquinas no es buena, que se parece más a una producción de productos gráficos generales que a una fábrica de billetes. Y dice que la línea de producción de billetes que se podrían configurar tiene puntos muy débiles, con máquinas viejas, en mal estado, con controles de numeración que no funcionan y sin repuestos, entre otras cuestiones.

Este informe habla del estado deplorable y las innumerables falencias técnicas existentes en está empresa que se está expropiando.

Y se ha dicho que esto no le va a costar nada al Estado. Pero esto es absurdo, porque además del monto que se va a destinar a la compensación, previstas en la ley, haciendo caso omiso a las normas del Código Civil, que no admiten compensación para este tipo de créditos. Y además el Estado va a tener que pagarle al propia Vanderbroele. Y el Estado va a tener que hacer frente a 457 acreedores que verificaron en el concurso.

Propongan, para garantizar la soberanía monetaria, armar una empresa de cero, comprar las máquinas, pero no propongan hacerse cargo de esta deuda, de estas herramientas inútiles y obsoletas que no garantizan ninguna soberanía.