Proyecto sobre integración del Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial

El diputado nacional Manuel Garrido (UCR – Capital) presentó un Proyecto sobre la integración del Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial. El mismo reclama el cumplimiento de la ley 24.631 y sus modificatorias, respecto al cumplimiento de la retención del Impuesto a las Ganancias para todos los cargos públicos, incluidos magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como los miembros del Consejo de la Magistratura, vocales de Tribunales de Cuentas, miembros de Tribunales Fiscales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, el proyecto presentado por Garrido propone que el Poder Ejecutivo disponga incrementos salariales que compensen equitativamente las deducciones ocasionadas por el tributo del que hasta el momento han sido eximidos, de acuerdo a las categorías laborales vigentes al momento.

Al respecto, el ex fiscal, expresó que la ley existe y está vigente, es obligación del Poder Ejecutivo hacerla cumplir, lo que no se ha hecho en todos estos años, pese a la verborragia amenazadora utilizada especialmente en tiempos de algún fallo adverso a sus intereses o deseos.

En este sentido, señaló que la Presidenta de la Nación ha evadido su responsabilidad política como encargada de la recaudación, especialmente ante la magnitud y complejidad del tema, que solo podrá resolverse mediante la corrección de escalas salariales que evite lo que seguramente será la paralización y el daño del servicio de justicia por huelgas y la posibilidad de la pérdida de los funcionarios más capacitados ante el significativo recorte de los montos percibidos que en la práctica tendría lugar, al disminuir la competitividad del salario judicial en comparación con otros ámbitos laborales. El sistema judicial no debe verse perjudicado más allá de los alcances de la ley, una vez implementada, advirtió el diputado.

Nuestro proyecto prevé que el Poder Ejecutivo haga cumplir la ley, sin modificarla ya que ello no es necesario: lo que ha fallado es su cumplimiento y aplicación plena Es necesario encontrar una solución política a la cuestión que preserve la recaudación pero no perjudique el servicio de justicia. Una genuina “democratización de la justicia” jamás pondría en riesgo sus recursos humanos más valiosos, concluyó Garrido.