POR UN REGIMEN TRIBUTARIO SIN PRIVILEGIOS

 De acuerdo al proyecto de presupuesto 2019, presentado esta misma semana por el Gobierno Nacional, el Estado dejará de recaudar $9.854 millones el próximo año por no cobrar el Impuesto a las Ganancias a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.



La batalla para que los jueces paguen impuesto a las ganancias fue debidamente dada por el Gobierno en 2016, cuando logró, a través de la ley 27.346, que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público paguen este tributo. Sin embargo, esta obligación solo alcanza a aquellos que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017, ya que existe una medida cautelar que limita el alcance del impuesto a las ganancias.



Haciendo un simple cálculo – y sin tener en cuenta la coparticipación – , con los $9.854 millones que el Estado dejará de recaudar en 2019, se podrían cubrir casi 6 millones de AUH, más de 1 millón de Jubilaciones Mínimas o más de 1 millón y medio de pensiones por discapacidad.



Argentina está en una situación económica delicada. Se le pide enormes esfuerzos a los ciudadanos para poder solventar los gastos del Estado, ese mismo esfuerzo también lo está haciendo la política, que mostró algunas señales de austeridad y compromiso para con las cuentas públicas. Es injusto, y hasta poco democrático, que el Poder Judicial no muestre interés, ni gesto alguno de cooperación con lo público y de compromiso con la igualdad y la equidad fiscal. 



Nuestra Constitución Nacional hace referencia a la igualdad en las cargas públicas. En su artículo 16 establece que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimientos: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". Eximir al Poder Judicial de este impuesto no constituye ningún tipo de avasallamiento político, ni mucho menos amenaza su independencia, como suelen argumentar aquellos que se oponen al alcance de este tributo. El principio de igualdad ciudadana trasciende el costo fiscal y los privilegios que tienen los jueces en relación con las cargas impositivas, alcanza también a principios de índole política y moral.



En 2016 el bloque de Evolución en el Congreso de la Nación presentó el proyecto para establecer la retención del impuesto a las ganancias a todos los magistrados y funcionarios del poder judicial sin distinciones sobre su antigüedad en el cargo. Seguimos peleando para que sea Ley.