Clarin.com –  La utopía de la uniformidad mediática y de la sumisión informativa al oficialismo pareció concretarse en agosto de 1974, cuando apenas muerto el general Perón, José López Rega asumía plenos poderes en la escena nacional. Desde su espacio protagónico y omnipresente, López Rega distribuyó a aliados suyos incondicionales al frente de los cuatro canales de aire, que controlaban la programación como cancerberos eficientes y censores. Los gremios lopezrreguistas saludaron con alborozo la nueva política. Participaron abiertamente de la intervención y colonizaron ellos también los espacios televisivos, al punto de que varios historiadores califican al fenómeno como una "ocupación gremial de los canales". Pero López Rega terminó manejando todo. Luego, ya en la noche más oscura, los militares se repartieron los canales: ATC quedó en manos de la Presidencia de la Nación, Canal 9 fue tomado por el Ejército, el 11 por la Fuerza Aérea y el 13 por la Marina. En 1980, se sancionó el decreto-ley de Radiodifusión, que prohibía en su artículo 45 la posibilidad de que medios gráficos obtuvieran a la vez licencias de canales de TV y radios. Fueron las 207 modificaciones a esa ley, posteriores a la dictadura misma, las que abrieron el campo hacia la integración de medios gráficos y electrónicos, como ocurre en casi todo el mundo.

Ahora, es Hugo Moyano, líder de la CGT e interlocutor dilecto de la Presidencia de la Nación y de Juan Gabriel Mariotto, el titular del COMFER, en la discusión sobre la debatida nueva Ley de Radiodifusión, quien solicitó formalmente que "se autorice a la central obrera la prestación de servicios de radio y televisión".

Tras aquel cónclave con Mariotto, del que también participó el secretario de Medios, Enrique Albistur (investigado ahora por otorgarse a sí mismo publicidad oficial), el jefe cegetista aseguró que "la reunión fue muy importante porque hemos encontrado predisposición para poder lograr frecuencias para la CGT".

Hasta 2003, la normativa era taxativa respecto a la prohibición de los gremios al acceso a frecuencias de radiodifusión, pero todo cambió entonces.

El ex diputado nacional Osvaldo Nemirovsci, peronista de Río Negro, fue el autor del proyecto de 2003 para la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que impedía antes el acceso de sindicatos y asociaciones sin fines de lucro a licencias en el espectro radial y televisivo. Recordó que efectivamente "los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro ahora pueden acceder a licencias".

Nemirovsci habla de la necesidad de una ley "justa, democrática y racional"; y celebra, en rigor, la predisposición general a analizar las cuestiones legales en debate. Y además señala que "la ley debe estar filosóficamente anclada en el derecho a la diversidad, en el respeto indeleble a los derechos humanos".

Cristina Kirchner recibirá a los miembros de las cámaras que aglutinan a las empresas periodísticas, y que hace cinco años solicitan audiencia con el jefe de Gabinete, o con el secretario de Medios. La cita con la Presidenta está agendada para hoy. Daniel Ripoll, el titular de CEMCI, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, expresó un espíritu dialoguista. "Vamos a la reunión con las mejores intenciones, con espíritu muy constructivo, y muy tranquilos", dijo.

La diputada Silvana Giudici, que es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, sintetizó el panorama: "Hace dos años tenemos presentado un proyecto para contar con una nueva ley. A pesar de haber pedido varias veces su tratamiento, nunca obtuvimos nada. Hace días en el marco de una confrontación iniciada por el Gobierno contra los medios se anunció la elaboración de un proyecto".

Giudici habla con nombres propios: "Todo esto lo anunció como vocero privilegiado Luis D\’Elía y luego siguió Moyano. Fuera de la convocatoria quedaron los partidos y los sectores con opinión en el tema".

La diputada finalizó su descripción con contundencia: "Este proyecto huele a revancha, se engendra desde la ira y la presión. Coincidimos en la necesidad de modificar la ley, pero exigimos que se respeten los mecanismos parlamentarios de audiencias públicas y construcción de consensos".

Clarin.com – La utopía de la uniformidad mediática y de la sumisión informativa al oficialismo pareció concretarse en agosto de 1974, cuando apenas muerto el general Perón, José López Rega asumía plenos poderes en la escena nacional. Desde su espacio protagónico y omnipresente, López Rega distribuyó a aliados suyos incondicionales al frente de los cuatro canales de aire, que controlaban la programación como cancerberos eficientes y censores. Los gremios lopezrreguistas saludaron con alborozo la nueva política. Participaron abiertamente de la intervención y colonizaron ellos también los espacios televisivos, al punto de que varios historiadores califican al fenómeno como una "ocupación gremial de los canales". Pero López Rega terminó manejando todo. Luego, ya en la noche más oscura, los militares se repartieron los canales: ATC quedó en manos de la Presidencia de la Nación, Canal 9 fue tomado por el Ejército, el 11 por la Fuerza Aérea y el 13 por la Marina. En 1980, se sancionó el decreto-ley de Radiodifusión, que prohibía en su artículo 45 la posibilidad de que medios gráficos obtuvieran a la vez licencias de canales de TV y radios. Fueron las 207 modificaciones a esa ley, posteriores a la dictadura misma, las que abrieron el campo hacia la integración de medios gráficos y electrónicos, como ocurre en casi todo el mundo. 

Ahora, es Hugo Moyano, líder de la CGT e interlocutor dilecto de la Presidencia de la Nación y de Juan Gabriel Mariotto, el titular del COMFER, en la discusión sobre la debatida nueva Ley de Radiodifusión, quien solicitó formalmente que "se autorice a la central obrera la prestación de servicios de radio y televisión".

Tras aquel cónclave con Mariotto, del que también participó el secretario de Medios, Enrique Albistur (investigado ahora por otorgarse a sí mismo publicidad oficial), el jefe cegetista aseguró que "la reunión fue muy importante porque hemos encontrado predisposición para poder lograr frecuencias para la CGT". 

Hasta 2003, la normativa era taxativa respecto a la prohibición de los gremios al acceso a frecuencias de radiodifusión, pero todo cambió entonces. 

El ex diputado nacional Osvaldo Nemirovsci, peronista de Río Negro, fue el autor del proyecto de 2003 para la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que impedía antes el acceso de sindicatos y asociaciones sin fines de lucro a licencias en el espectro radial y televisivo. Recordó que efectivamente "los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro ahora pueden acceder a licencias". 

Nemirovsci habla de la necesidad de una ley "justa, democrática y racional"; y celebra, en rigor, la predisposición general a analizar las cuestiones legales en debate. Y además señala que "la ley debe estar filosóficamente anclada en el derecho a la diversidad, en el respeto indeleble a los derechos humanos". 

Cristina Kirchner recibirá a los miembros de las cámaras que aglutinan a las empresas periodísticas, y que hace cinco años solicitan audiencia con el jefe de Gabinete, o con el secretario de Medios. La cita con la Presidenta está agendada para hoy. Daniel Ripoll, el titular de CEMCI, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, expresó un espíritu dialoguista. "Vamos a la reunión con las mejores intenciones, con espíritu muy constructivo, y muy tranquilos", dijo. 

La diputada Silvana Giudici, que es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, sintetizó el panorama: "Hace dos años tenemos presentado un proyecto para contar con una nueva ley. A pesar de haber pedido varias veces su tratamiento, nunca obtuvimos nada. Hace días en el marco de una confrontación iniciada por el Gobierno contra los medios se anunció la elaboración de un proyecto".

Giudici habla con nombres propios: "Todo esto lo anunció como vocero privilegiado Luis D\’Elía y luego siguió Moyano. Fuera de la convocatoria quedaron los partidos y los sectores con opinión en el tema". 

La diputada finalizó su descripción con contundencia: "Este proyecto huele a revancha, se engendra desde la ira y la presión. Coincidimos en la necesidad de modificar la ley, pero exigimos que se respeten los mecanismos parlamentarios de audiencias públicas y construcción de consensos".