Ley de Medios Audiovisuales y la necesaria democratización

En la actualidad resulta prioritario discutir en profundidad, con seriedad y serenidad las cuestiones más importantes de la agenda política. Sin embargo, las estrategias del gobierno de sortear el camino democrático y republicano, hacen percibir que la búsqueda de soluciones para los temas decisivos queda cada vez más lejos. Campo; pobreza o corrupción, entre otros, han sido desplazados por acción del kirchnerismo en su intento desesperado por enfrentar la desconfianza y el descrédito de la sociedad.

El tratamiento en el Congreso de una legislación central como la Ley de Medios Audiovisuales, cae en profundas irregularidades por el apuro y la falta de debate apropiado en un marco de inusitada violencia, impropio de cualquier poder del Estado.

La Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión, de prensa y de acceso a la información; y, además, asegure pluralidad de opiniones, igualdad de acceso y democratización de la comunicación, evitando cualquier concentración.

Los rasgos claramente objetables del proyecto oficial nos obligan a oponernos. La tendencia al autoritarismo junto a las evidentes violaciones constitucionales y el manejo arbitrario, se manifiestan en la pretensión de una autoridad de aplicación dependiente del poder de turno, junto a una alta injerencia estatal en la aplicación de las normas y en el control del uso de las licencias. Por otro lado, el régimen sancionatorio exhibe una falta de determinación del procedimiento aplicable, como así también una imprecisión en las conductas prohibidas y sus sanciones, lo que lesiona el principio de legalidad.

Temas ignorados por la iniciativa oficialista como el manejo y control de la pauta publicitaria oficial o el derecho a la información pública, desnudan otro aspecto bien allegado al autoritarismo. La propuesta vuelve a lo que mas le gusta al kirchnerismo: la extorsión, el apriete y los condicionamientos.

Esta ley es el instrumento que le faltaba a Kirchner para replicar el modelo Santa Cruz. Por más cambios que ha intentado la Presidente o sus diputados, está claro que el núcleo duro quedó intacto: más restricción, menos democracia.

En función de sus principios liminares, doctrina e historia, UCR en su dictamen defiende las libertades y el cumplimiento de las normas internacionales que protegen los derechos democráticos básicos; al tiempo que expone la necesidad de ponerle un límite a este gobierno aún a riesgo de afectar muchos intereses.

Desde el Radicalismo advertimos que el Estado -en el uso de sus atribuciones- es el administrador del bien público "espectro radioeléctrico", y en ese sentido, promovemos su regulación pero sin lesionar garantías constitucionales. Asimismo, establecemos normas restrictivas a la conformación de posiciones dominantes; sostenemos la distribución equitativa y federal de la pauta publicitaria oficial; promovemos el desarrollo de la emisión en todo territorio nacional; creamos una autoridad de aplicación independiente y autárquica del poder central; sustentamos un régimen federal de asignación de licencias, a través de autoridades locales; democratizamos las autorizaciones y licencias por concurso (oponiéndonos de la discrecionalidad que promueve el gobierno); y contemplamos la innovación tecnológica para, por ejemplo, la TV digital, entre otras cuestiones fundamentales.

Estas son las bases de una legislación de fondo, junto a las iniciativas relacionadas con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias para el ejercicio del periodismo y el derecho a réplica, vienen a forjar una verdadera política pública en materia de radiodifusión. Es decir, el cuerpo normativo que la Argentina democrática del siglo XXI reclama.

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.