Laberinto Macri

Críticadigital.com.ar – Los dirigentes macristas contactaron ayer a los principales referentes de la oposición porteña con la intención de frenar la espiral más temida por Mauricio Macri, aquella que podría terminar en un pedido de juicio político de parte de los sectores más duros del abanico político de la ciudad. La decisión del juez Norberto Oyarbide de llamar al líder de PRO a declarar como sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales sacudió al gobierno porteño y lo obligó a poner en marcha un febril plan de contingencia. Una línea de contrataque apuntó a atenuar las reacciones de la oposición en la Legislatura. La otra buscó presentar al jefe de Gobierno como víctima de una operación política. Ambas estrategias pretenden amortiguar daños frente al impacto de la citación judicial, pero la marcha de la investigación aparece como una amenaza para el futuro político del jefe de Gobierno.

Por la tarde, en una conferencia de prensa, Macri siguió el guión definido frente a la crisis: el líder de PRO ratificó su inocencia y volvió a denunciar “intencionalidad política” detrás de la convocatoria del juez, fijada para el 22 de abril.

“Hemos recibido la citación ayer a la tarde para declarar y por supuesto concurriremos, como corresponde”, prometió el jefe comunal, al tiempo que negó tener “vínculo con las escuchas telefónicas”.

La estrategia macrista busca llevar a su jefe al lugar de perseguido por el kirchnerismo. Macri lo insinuó. Y los miembros del bloque del PRO de la Legislatura porteña fueron los encargados de ponerle letra: “Estamos acostumbrados a que el Gobierno judicialice la política”, apuntó el legislador Enzo Pagani. Su colega Gerardo Ingaramo cargó contra el magistrado al acusarlo de “ser un juez tendencioso” y pedirle que “reabra la causa contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito”. Tal fue la línea seguida sin fisuras.

El rival elegido fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien a la vez pidió a Macri que “se haga cargo” de haber nombrado a Jorge “Fino” Palacios, el fugaz jefe de la Policía Metropolitana, que aparece como el organizador de la asociación dedicada a las escuchas ilegales.

No hay inocencia en la estrategia discursiva. Macri apuntó a Oyarbide y al Gobierno, pero prefirió soslayar que la decisión del juez federal había sido ratificada por la Cámara Federal de la Capital.

Los principales referentes de la oposición se mantuvieron en silencio. Temen quedar entrampados en una polémica frente a la cual buscan trabajosamente una tercera posición. Tienen un problema de posicionamiento: si defienden a Macri, quedan opacados como opositores en la ciudad, y si lo acusan, corren el riesgo de ser confundidos con el kirchnerismo.

Por tal motivo, los proyectos para crear una comisión investigadora del escándalo de las escuchas en la Legislatura porteña todavía duermen en los cajones de los despachos. Nadie quiere encender la mecha. Si se desata la competencia por destacarse dentro de la fragmentación opositora, la propia dinámica política podría conducir hacia el pedido de juicio político. Todavía no se llegará a tanto. Pero el impacto de la crisis comenzará a sentirse en la Legislatura: el diputado Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, pedirá en lo inmediato que sean removidos de la Policía Metropolitana los catorce jefes que había incorporado Fino Palacios. Otros proyectos apuntan a reestructurarla por completo. La oposición cree que la impronta de la Federal la atraviesa de arriba abajo y argumentan, por ejemplo, que los llegados de la fuerza nacional gozan de privilegios en el interior de la Metropolitana frente al resto de los aspirantes. Por caso, pueden presentar menos certificados de estudio que el resto. Las declaraciones contenidas en el expediente en manos de Oyarbide prometen, a la vez, futuros dolores de cabeza para Macri. El principal problema es que su cuñado, Néstor Daniel Leonardo, apuntó a Mauricio y su padre, Franco, por las escuchas que violaron su intimidad. Por otra parte, la secretaria privada de líder del PRO ratificó ante la Justicia que Mauricio le ordenó enviarle un e-mail a Leonardo para que desvinculara a su jefe de la investigación. Mauricio sabe que es un flanco débil. “Mi cuñado es un problema de ellos”, exclamó anoche durante una entrevista televisiva. “Ellos” pareció una forma de aludir a su padre.

EL GOBIERNO APROVECHÓ PARA PEGARLE A MAURICIO. Desde el gobierno nacional aprovecharon el mal momento judicial de Mauricio Macri para salir a cruzarlo a través de sus voceros habituales. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, por caso, advirtió ayer que el jefe de Gobierno porteño, “tiene que hacerse cargo de los errores” y “no desviar la atención”.

También subrayó que “Macri tiene que hacerse cargo de que designó a Jorge ‘Fino’ Palacios y, después, a Ciro James y que se dedicaban a hacer escuchas telefónicas, tareas de inteligencia vinculadas a la familia de Macri”.

Infaltable, se sumó a la polémica el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, quien rechazó de plano las acusaciones de Macri acerca de una supuesta persecución política en su contra por haber sido citado. “El gobierno nacional nunca, jamás, ha ejercido presión sobre un sólo juez”. Y se preguntó “qué tenemos que ver nosotros (por el Ejecutivo) con lo que está haciendo la Justicia”, en relación a la investigación de las escuchas telefónicas ilegales.

El histriónico ministro sostuvo que la acusación de Macri es “una injusticia”. El jefe de ministros planteó que “esto es un tema que surgió de la pésima forma en que se manejó la fuerza (por la Policía Metropolitana), y de la pésima forma en que se pergeño el esquema de inteligencia y de escucha”.

En tanto, el legislador porteño del kirchnerismo, Juan Cabandié, no descartó la posibilidad de un juicio político al jefe de Gobierno: “En la medida en que avance la justicia”.