La pista de Franco Macri en la causa del Lear Jet

Crítica de la Argentina – El 24 de diciembre del año pasado, cuando la sociedad costarricense Pegasus Equity Investments concretó la compra del Lear Jet 31A matrícula N786YA que dos meses después usaría el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ya tenía preacordado un contrato de explotación con MacAir, la empresa de aviación de Franco Macri. Así consta en un paper al que accedió Crítica de la Argentina junto al contrato de fideicomiso a través del cual se estructuró la operación financiera que permitió que Pegasus fuera la propietaria a pesar de haber aportado una parte mínima de los cuatro millones de dólares que costó el avión. El contacto se había hecho a través de Manuel Vázquez, asesor de Jaime y cliente frecuente de MacAir, quien representó a Pegasus durante toda la operación y al que los gerentes de la compañía de aviación consultaron para algunas gestiones relacionadas con permisos de aviación que estaban siendo relegados por el ex secretario de Transporte. Sin embargo, el acuerdo se desvaneció en el aire cuando el avión volvía al país y terminó aterrizando en el hangar de San Fernando donde Jaime lo usó para viajes personales.

La trama sobre el misterioso avión empieza así a despejarse. Esta semana, tres miembros de la compañía de aviación de Macri declararon en la Justicia Federal, donde dieron detalles del operativo para traer el Lear Jet al país. Se trata del piloto Enrique García Moreno, el gerente general Carlos Colunga y el ingeniero Jorge Arbaiza, quien revisó la nave en la sede de Bombardier, Estados Unidos, y se presentó ayer como testigo en la causa. Con todo, hasta ahora no habían sido revelados los detalles de la operación entre Vázquez y MacAir ni los papeles donde se plasmó el contrato de compra y explotación del avión firmados en Estados Unidos ante escribano público.

En el escrito del fideicomiso, Pegasus aparece con sede en el Centro Corporativo Plaza Roble del tercer piso del edificio El Patio, en San José, Costa Rica. Figura un número de teléfono donde sólo atiende una señal de fax y un e-mail sugerente: “losilusos@yahoo.com.ar”. No sólo es llamativo que la compañía se presente como “los ilusos” en su correo electrónico sino que, además, tenga denominación argentina. El presidente de la empresa es un abogado que se llama Roberto Quintana Chávez y es quien firma como “fedatario” frente al banco de Utah que garantiza el sistema de financiamiento a través del cual Pegasus tiene que pagar cuotas trimestrales de 287.993,33 dólares durante tres años para devolver el aporte de Elkrest Investments Limited, con domicilio en el tercer piso del edificio Geneva en Tortola, una de las islas vírgenes británicas. Como teléfono sólo hay una línea donde atiende una señal de fax. Tres fuentes del mercado aeronáutico dijeron que detrás de esta off shore están el ex automovilista y empresario Jorge Cupeiro junto al titular del Banco Roberts.

El piloto García Moreno juró frente al juez que Vázquez le dio todos los papeles de autorización para retirar ese avión del hangar de Bombardier en Hartford, Connecticut. ¿Cuál es el camino que une a Vázquez con Pegasus? Tres personas vinculadas con la operación dijeron a este diario que Pegasus es una sociedad creada al amparo de Celular Star, una consultora española especializada en asesoramiento tecnológico. Según la página web, “está integrada en el grupo CYAES, Controles y Auditorías Especiales. Esta última fue creada en 1998 y actualmente es la primera compañía de negocios de gobiernos de Latinoamérica y en los Balcanes”.

Cuando el martes el juez Norberto Oyarbide ordenó el allanamiento en la oficina de Juncal 790, donde abrió la puerta Manuel Vázquez, se encontró con la sede argentina de Controles y Auditorías Especiales. En internet se reconoce como “una compañía de origen español que se especializa en gerenciamiento directo en oportunidades de inversión y negociación con autoridades locales, compañías y grupos empresariales”. Entre sus principales clientes, dice la página web, están nada menos que Alstom –la adjudicataria del fallido tren bala–, Emepa –de Gabriel Romero, otro beneficiario de la obra pública K–, y Continental Comercial Corporation, una sociedad argentino-china. Así, el hombre que se presentaba como el principal asesor de Jaime es también lobbista de compañías que licitan en el área de transporte. Por ese rol, MacAir no sólo se ofreció para explotar el Lear Jet que usaría Jaime sino que también intentó gestiones para lograr que interceda ante el ex secretario de Transporte para destrabar permisos pendientes. Ambos planes fracasaron y con el tiempo ese avión se convirtió en un problema, todavía irresuelto, para todos los que tuvieron algún protagonismo en su explotación.