La UCR denuncia a Boudou por irregularidades en el INDEC
Sanz y Morales se presentaron en Comodoro Py.
UCR.org.ar – El titular de de la UCR , Ernesto Sanz, junto a su par del bloque de senadores, Gerardo Morales, presentaron este mediodía, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, una demanda contra el ministro de Economía por irregularidades en el INDEC.
Del informe presentado por el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) del INDEC al ministro Boudou, los radicales afirman que “se desprende como prueba irrefutable la existencia de irregularidades en el manejo de las estadísticas publicas, lo cual ocasiona un serio perjuicio a la economía de la República”.
En ese sentido, Sanz y Morales solicitan a la Justicia “ordene la inmediata intervención judicial del INDEC, hasta tanto una norma emanada del Congreso de la Nación disponga -de acuerdo a derecho- su regularización”. Además, los legisladores peticionan que “se ordene la investigación de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos, tipificado en el artículo 249 del Código Penal de la Nación, al licenciado Amado Boudou junto a los directores del organismo, Ana María Edwin y Norberto Itzcovich”, en relación a “la manifiesta negativa de prestar la información requerida por el CAES”, según el artículo 5 del decreto 927/09 de creación del mismo.
Ya en 2007, la UCR demandó a la entonces ministra Felisa Miceli y a la funcionaria del INDEC Beatriz Paglieri por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos, falsificación de documento público, defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, y asociación ilícita, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº6, Secretaría Nº 11, con intervención de la Fiscalía Nº 4.
“Ante la presunta comisión de nuevas conductas penalmente reprochables –fundamentan los radicales en esta nueva presentación-, venimos a denunciar nuevos hechos y a solicitar que se ordene la investigación de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos” a los funcionarios que tienen a su cargo el principal instituto de estadísticas del país.
