Indagarán a Zanola por los remedios
El fiscal quiere que declare Capaccioli
Lanación.com.ar – José Zanola, líder de los bancarios, quedó ayer complicado en la causa en que se investiga la venta de medicamentos adulterados y que salpica a empresarios y ex funcionarios del Gobierno por su vinculación con el financiamiento de la campaña electoral de 2007, que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia. La Justicia asegura que se "cierra el cerco" sobre el gremialista, que, en breve, será interrogado como sospechoso.
El juez federal Norberto Oyarbide allanó ayer el Policlínico Bancario, manejado por la obra social, y se sorprendió cuando descubrió que en el centro de salud funcionaba una oficina de la droguería San Javier, acusada de vender medicamentos falsos y otros remedios entregados gratuitamente por el Estado, que nunca debieron comercializarse. El titular de la droguería, Néstor Lorenzo, fue detenido y excarcelado en esta causa. San Javier tenía esas oficinas en el subsuelo de la clínica, en una suerte de depósito, dijeron las fuentes consultadas por LA NACION. El sanatorio se encuentra en la avenida Gaona 2197, en el barrio porteño de Flores. Además, las brigadas de la Unidad de Investigación Técnica del Delito, a cargo del comisario Néstor Roncaglia, encontró gran cantidad de remedios adulterados y otros que no debían estar allí, según dijeron fuentes judiciales, y secuestró, además, 20 cajas con documentación, historias clínicas de pacientes vivos y muertos con enfermedades oncológicas o con el virus de VIH tratados con los remedios sospechosos.
Estos hallazgos y las declaraciones de Mariela Izquierda, viuda de Damián Ferrón, unas de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez -que confirmó reuniones con Zanola- hicieron afirmar públicamente al juez Oyarbide: "El cerco se cierra cada vez más sobre Zanola".
Preocupado, el líder del gremio de los bancarios pidió la exención de prisión, para poder declarar en la causa sin quedar detenido. Lo mismo hizo su mujer, Paula Aballay. A ambos les fue concedido el beneficio. El fiscal del caso, Luis Comparatore ya había solicitado que Oyarbide los interrogue, aunque no definió si como testigos o como sospechosos, pero ayer expresó que "difícilmente" el bancario y su esposa sean escuchados como testigos.
Ayer se presentó en los tribunales el primer funcionario echado luego de que explotara la investigación de los medicamentos adulterados: Alberto Costa, subsecretario de Control Sanitario del Ministerio de Salud bonaerense. Fue notificado de que quedó eximido de prisión, es decir que se comprometió con su palabra a estar disponible para el juez cuando lo cite sin riesgo de quedar preso.
Costa había aparecido en escuchas telefónicas junto a Néstor Lorenzo en una negociación para proveer de antivirales en plena ola de gripe A, a cambio de un "retorno".
Casi un homicidio
El fiscal, luego de los procedimientos, aseguró que en este caso "hubo corrupción" y enfatizó que lo que ocurría era lo más cercano a un homicidio. "Desde el punto de vista social, es lo más cercano a un crimen, a un homicidio, porque pone en peligro la vida y la seguridad jurídica; esto es más que un delito económico porque pasa por lo social y también por lo político", enfatizó.
Y ratificó lo anticipado por LA NACION en su edición de ayer en cuanto a que se pronunció por que fuera citado a declarar Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud y principal recaudador de fondos de la campaña presidencial. Esto es así porque se investiga si existió lavado de dinero de empresarios a través de los aportes electorales. Oyarbide, de hecho, preguntará a Comparatore si decide ampliar el requerimiento fiscal al delito de lavado y si corresponde imputar a más personas.
La hipótesis de la fiscalía es que la venta de estos remedios irregulares permitió a funcionarios enriquecerse ilícitamente. Por eso pidió la lista de aportantes de campaña, para cruzar esos nombres con los de quienes aparecen mencionados en la nueva investigación. El fiscal también dijo que pidió citar a declarar como testigos al ministro de Salud nacional, Juan Manzur, y al bonaerense, Claudio Zin, para que expliquen el manejo de medicamentos posiblemente adulterados.
Oyarbide dijo que "fue enorme" la cantidad de testimonios de personas que recibieron tratamientos oncológicos en el Policlínico Bancario y que explicaron, de modo coincidente, "el desparpajo que existía en esa institución". El magistrado explicó que los testigos aseguraron que pasaban por la farmacia a buscar los remedios y que desde allí los mandaban directamente a la droguería San Javier, de Lorenzo. El juez se mostró sorprendido por el relato de los pacientes, y sobre el avance de la causa anticipó: "Continúa, y cada vez peor. Creo que cada vez vamos más para arriba".
Zanola rechazó las sospechas en contra de él y de su mujer, y dijo ser víctima de una "campaña sucia" relacionada con las próximas elecciones en el gremio, previstas para el 21 de este mes. Su contrincante en los comicios, Hugo Dessal, que también denunció maniobras con medicamentos adulterados, estuvo presente ayer en el Policlínico mientras se realizaban los allanamientos.
Otra obra social allanada por la Justicia
- En otra causa por adulteración de medicamentos, los fiscales Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez encabezaron ayer cinco allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. En uno de los procedimientos, realizados por personal de la Gendarmería Nacional, se allanaron las oficinas de la Obra Social Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. La investigación, agregaron las fuentes, se inició hace varios meses y apuntó a una banda de falsificadores de medicamentos para tratamiento hemofílicos. Según informó la agencia de noticias DyN, uno los inmuebles allanados viviría un integrante de la barra brava de Boca Juniors.
