Gil Lavedra exige explicaciones a Sileoni sobre educación obligatoria en cárceles

El titular del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra , solicitó al ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, información sobre la oferta y situación educativa de las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). “Debemos debatir las prioridades del sistema penitenciario –explicó-, y exigir políticas públicas consistentes. La prioridad en la cárcel debería ser la escuela pública y el secundario completo, en lugar del estímulo gubernamental al proselitismo interesado. Sin educación, los presos seguirán siendo ciudadanos de segunda”.

Según indicó el diputado, “De acuerdo con las propias estadísticas oficiales, hoy existiría una importante brecha entre el total de personas con ciclo escolar incompleto y las enroladas en algún curso formal. Más de dos mil personas, de hecho, no participan de ningún programa educativo formal. Y a ello se agrega que parte de quienes estudian lo hacen en niveles terciarios o universitarios, lo que sugiere que el número de personas con ciclos obligatorios incompletos que no estudian en el SPF es incluso mayor”. ”No se está llegando a los eslabones más vulnerables del sistema que, justamente, son sobre quienes más debería trabajarse”, concluyó.

“Muchos de estos problemas fueron señalados en los informes por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) que en el 2010, relevó que había 2.336 internos inscritos en el nivel secundario, a pesar de que había 4.912 internos en situación de cursar. Es decir, que 2.576 internos no cursaban a pesar de no haber completado el ciclo. El Procurador también detectó entonces, además, que algunas unidades como la U-5 o la U-13 directamente carecían de oferta de educación secundaria”. En definitiva, dijo, “existe una situación que contrasta fuertemente con lo que nos pide nuestra legislación y que deja en evidencia que el actual Director del SPF ha elegido dar prioridad a otros asuntos, más festivos y menos complejos, para identificar su gestión”.

El legislador, finalmente, señaló que “se han registrado algunos avances, como la sanción de la ley 26.695 de estímulo educativo”, pero expresó que “todavía resta un largo camino para conseguir su implementación total. Algunas unidades todavía no cuentan con instalaciones adecuadas, no sabemos si se creó el sistema de información pública destinado a controlar la oferta y demanda educativa, ni tampoco se consiguió disminuir el número de internos que no participan de ningún tipo de programa educativo”. Por todo ello, remarcó, “queremos conocer que líneas de intervención y acciones se encuentran previstas para revertir éste déficit.

“Sólo si tomamos en serio los derechos de los presos, nos acercaremos un poco al ideal de resocialización. Las actividades militantes a pura discreción de la autoridad penitenciaria tienen muy poco que ver con el respeto a la dignidad del otro”, concluyó.