El déficit tiene a los gobernadores al borde del estallido

Crítica de la Argentina – La derrota electoral obligó a la Casa Rosada a abrirles las puertas a los gobernadores que, por primera vez en la era K, se atrevieron a reclamar en público un cambio en la distribución de los fondos públicos. Pero esa señal de debilidad no es exclusiva del matrimonio presidencial: los propios mandatarios provinciales están acorralados en sus distritos por los intendentes que, carentes de recursos fiscales, amenazan con desatar una rebelión en cada parroquia.

El argumento que los jefes comunales les llevan a los gobernadores es el mismo que los mandatarios provinciales le acercan a la Presidenta: si no les mandan plata, cerrarán el año en rojo y no podrán hacer frente al pago de salarios. En Tierra del Fuego, Río Negro, Mendoza, Chaco, Santa Cruz y Buenos Aires el tiempo se agota.

El gobernador de Río Negro, el radical K Miguel Saiz, es un de los que enfrenta mayores problemas. Asfixiado por un déficit que para fin de año rondaría los 200 millones de pesos, desdobló el pago de aguinaldos, y algunos municipios todavía lo adeudan: San Carlos de Bariloche, El Bolsón y San Antonio Oeste no pudieron liquidarlo.

Saiz se encontró hace una semana con la Presidenta en Balcarce 50 en busca de ayuda. Al día siguiente de esa reunión, una avanzada de intendentes peronistas locales –acompañados por el senador oficialista Miguel Ángel Pichetto– llevó sus propios reclamos ante el ministro del Interior, Florencio Randazzo. “Le pedimos que intimen al gobernador a ponerse al día con los municipios. Nos adeuda entre 8 y 10 millones de pesos”, le dijo a este diario el intendente de General Roca, el justicialista Carlos Soria. Después, lanzó un pronóstico temerario: “Si no paga, le haremos piquetes en todos los municipios y le cortaremos la provincia en 17 pedazos”.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, no la pasa mejor. La provincia más austral del país está acorralada por un profundo déficit que en diciembre superaría los 600 millones de pesos. Los dos municipios más importantes –Ushuaia y Río Grande– denunciaron al gobierno provincial por retener fondos que debería entregarles. La capital provincial arde: en la comuna aseguran que le depositaron poco más de 1 millón de los 12 millones de pesos que le corresponden. Para pagar los sueldos de julio, el intendente de Ushuaia, el kirchnerista Federico Sciurano, recurrió a un “fondo anticíclico” para evitar el estallido de 1.400 empleados municipales que le demandan por mes 11 millones de pesos en remuneraciones.

Los márgenes de acción de Ríos son estrechos. La mayor parte del gasto provincial corresponde a salarios públicos por lo que cualquier intento de recorte pondría en jaque a su administración, tal como se lo viene advirtiendo la oposición desde que comenzó su mandato. Su salida pasa por la chequera de la Rosada: hace una semana, los ministros de Economía y Gobierno locales viajaron a Buenos Aires para pedir que se suspenda la devolución de un adelanto de coparticipación de 50 millones de pesos que la provincia debía cancelar por estos días. Aguardan una repuesta.

En Mendoza, la cuerda que enlaza al gobernador con los intendentes también está tirante. Para que no se rompa, el gobernador Celso Jaque comenzó esta semana una recorrida por el interior de la provincia para contener a los intendentes que son, en su mayoría, del mismo signo político que él: justicialistas. La gira del mendocino se produjo en respuesta a una dura visita que le habían hecho ocho intendentes del PJ en la Casa de Gobierno mendocina: hicieron catarsis por la derrota en las urnas a manos del cobismo y presionaron por más fondos. En diálogo con Crítica de la Argentina, uno de esos intendentes –que pidió mantenerse en reserva– indicó que hacia fin de año peligrará el pago de salarios públicos. Es por eso que el Ejecutivo provincial ya piensa en la emisión de bonos o en echar mano al Fondo Anticíclico –un ahorro de 146 millones de pesos– si no resulta posible endeudarse con la Nación. El ministro de Hacienda cuyano, Adrián Cerroni, confirmó ayer que Jaque restringió el gasto público en toda la provincia para ahorrar 120 millones de pesos.

La protesta municipal también se hace sentir en el Chaco. El Foro de Intendentes Aliancistas, unos 29 dirigentes opositores al gobernador Jorge Capitanich que dicen representar el 65 por ciento de la población, chillan desde hace meses por retrasos en los pagos de coparticipación. Hubo presentaciones ante el Tribunal de Cuentas y ahora la lucha pasó a Tribunales. El 28 de julio pasado, la intendenta de Resistencia, Aída Ayala, elevó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo por el retraso de la remisión del Fondo Federal Solidario, más conocido como “fondo de la soja”.

Según datos de la presentación judicial, Chaco recibió desde abril hasta el 2 de julio pasado 58.506.185 de pesos, de los cuales el 30 por ciento corresponde a los municipios. A Resistencia, la capital provincial, le debían llegar 5.382.452 de pesos. Hasta ayer le habían depositado 2 millones. Esta falta de recursos retrasa –entre otros– el plan de pavimentación de calles de esa ciudad, según indicaron en la intendencia.

La Santa Cruz de Daniel Peralta también sufre por el desequilibrio de las cuentas. Y ahí se suma un sismo político que se produjo en el PJ provincial tras la derrota electoral inédita en la tierra de los Kirchner. La semana pasada viajó a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Planificación, Julio De Vido, una comitiva de intendentes peronistas de la poderosa “zona norte”, encabezada por Fernando Cotillo, jefe comunal de Caleta Olivia, enfrentado con Peralta. Pidieron apoyo económico y un reaseguro a su propia gobernabilidad. Entre ellos estaba Teodoro Camino, intendente de Las Heras, una localidad históricamente conflictiva por las huelgas petroleras. El escenario actual es combustible: por la baja de la actividad de los hidrocarburos, cientos de trabajadores permanecen en sus casas y cobran la mitad del sueldo. Anteayer, un grupo de petroleros que protestaba en el Consejo Deliberante local fue desalojado por orden judicial y decretaron una huelga del sector.

La provincia de Buenos Aires reconoció un déficit provincial que superaría los 5.500 millones de pesos, y cerca de Daniel Scioli pronostican que se viene una “racionalización” de gastos. Los municipios ya reciben el impacto de la crisis: comenzaron a tomar medidas de ajuste y hasta se analiza desdoblar el pago de sueldos a los trabajadores estatales. Tandil fue el primero en avanzar: el secretario de Gobierno de ese municipio, Marcos Nicolini, afirmó que si no cambia el escenario, se verá obligado a pagar los salarios en dos cuotas, restringir las horas extras y hasta evalúan reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. En el mismo sentido, se pronunciaron los municipios de 9 de Julio y de San Pedro. A pesar de que las horas sobran, la plata no está y los gobernadores sienten que el tiempo se les agota.